El Gobierno asegura que ha estudiado todos escenarios y que tiene previstas todas las respuestas. Dependiendo de los pasos que vaya dando Carles Puigdemont se irá actuando en consecuencia, según el equipo del presidente. "En la Constitución están todos los instrumentos que necesitamos para evitar la fractura de España", zanjan desde su entorno. "Estamos preparados", afirmó el propio Mariano Rajoy, en una conversación informal con este diario el pasado sábado. Se le veía tranquilo, pese a que el Ejecutivo reconoce que la semana que empieza es clave y la situación se puede volver muy delicada.
Durante todos estos meses, para frustración de un sector de su propio partido, el jefe del Ejecutivo se ha negado a explicar con claridad cuál será su respuesta para impedir la celebración del referéndum del 1 de octubre. Ha evitado una y otra vez citar el artículo 155 de la Constitución pese a la insistencia de los periodistas. Se usarán "todas las armas de la democracia", en palabras de Soraya Sáenz de Santamaría. "Vamos a preservar la unidad de España, que a nadie le quepa la más mínima duda", afirmó Rajoy este sábado, sin ir más allá. La posibilidad de aplicar la ley de Seguridad Nacional, como reza en uno de los informes encargados por Santamaría, únicamente se ha sugerido a micrófono cerrado.
En Moncloa admiten que, a partir de ahora, hay que "estar preparados" para prácticamente cualquier cosa. Un "aquelarre" ante el que Rajoy intentará mantener la cabeza fría, según sus cargos próximos. "Debemos de evitar caldear más el ambiente", repiten tanto en Moncloa como en Génova. Por eso, el presidente evitó entrar en el tema de las contradicciones de Carles Puigdemont sobre el aviso de la Inteligencia norteamericana en materia antiterrorista y ministros clave, como María Dolores de Cospedal, esquivan a los periodistas para no elevar la tensión. Por ejemplo, entrando en las provocaciones sobre un hipotético Ejército catalán.
Según el entorno de Rajoy, salirse del guión -esto es, proclamar que se hará cumplir la ley sin especificar con qué fórmula- fomentaría irreversiblemente el victimismo de los independentistas, que cada vez que pueden denuncian un "ataque a Cataluña". "Lo están haciendo con el tema de la CIA, y el presidente ni tan siquiera ha entrado en el tema", corroboraron fuentes del Ejecutivo. Uno de los pocos que se permite ir un paso más allá es Xavier García Albiol, con el aval de Génova. Él sí cita expresamente el artículo 155 de la Carta Magna y defiende su utilización y ya ha apuntado a dimisiones por las mentiras del Gobierno catalán tras los atentados de Barcelona y Cambrils.
En todo caso, Rajoy ha conseguido que, públicamente, nadie de su partido rechiste ante su estrategia, tanto en la forma como en el fondo, a pesar de los interrogantes que despierta. Además de Albiol, solo Cristina Cifuentes -en esRadio- o Isabel Bonig han mentado el 155, pero sin sonar a reproche a Rajoy. Y, este mismo sábado, barones y altos cargos se plegaron a la "firmeza serena" de su líder, tal y como se encargó de remachar Javier Arenas.
Para no perder esa unidad, el presidente ha convocado este lunes a la Junta Directiva Nacional del PP, el máximo órgano entre congresos. Quiere unidad total, sin fisuras, ante el pulso separatista. En su intervención, será muy contundente, pero su equipo no cree que avance detalle alguno de su plan. "Haremos cumplir la ley sin levantar la voz y sin entrar en ningún enfrentamiento estéril", dijo el sábado, y lo repetirá ante los suyos. No quiere barrabasadas durante esta semana. Firmeza y prudencia, repiten desde hace semanas en Moncloa. "En manos de Puigdemont está lo que pueda pasar en las próximas fechas", en voz del propio Rajoy.
El momento clave llegará el miércoles. A partir de entonces, en el Gobierno se preparan para cualquier "disparate". Todos los ministros están convocados de facto a un Consejo extraordinario, para tramitar de urgencia un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional, una vez el Parlamento catalán apruebe la ley del referéndum. En cuanto se convoque, empezarán "las inhabilitaciones", en palabras de un interlocutor directo de Rajoy.
El presidente irá informando a Pedro Sánchez y Albert Rivera de cada paso que vaya a dar y es consistente de que no quieren que se aplique el artículo 155, como ya le avisaron en su día. En esta batalla, buscará por todos los medios que no se rompa el consenso, por lo que no descarta convocarles a una reunión en Moncloa llegado el caso. Por su puesto, el Rey será puntualmente informado esta semana de cada decisión que se vaya a tomar, precisan en el Gobierno.
En varias ocasiones, tanto en público como en privado, Rajoy se ha comprometido a no pasar a la historia como el presidente que permitió la ruptura de España. El referéndum del 1 de octubre, argumentó el sábado, sería un "golpe a la democracia" y un intento de "volar la Constitución". Para un importante sector del PP, la posibilidad de que finalmente ocurra algo parecido al 9N dejaría muy mermada su credibilidad ante la opinión pública y de cara al exterior. El presidente, de momento, se muestra tranquilo.
 
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El Gobierno amenaza con cortar el FLA y el independentismo habla de "deslealtad" e "irresponsabilidad"
El Gobierno catalán tendrá que certificar todas las semanas
El Gobierno ha llegado este viernes a un acuerdo por el que condiciona el pago a Cataluña de las partidas del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a que la Generalidad le remita semanalmente una garantía de que no destina fondos a la organización del referéndum independentista del 1 de octubre, según ha anunciado el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros,Méndez de Vigo ha enumerado una serie de cargos que deberán remitir semanalmente una información certificando que no han iniciado el pago de partidas orientadas a la celebración del referéndum. "El referéndum ilegal no puede ser pagado por dinero público. Ni un euro", ha dicho De Vigo.
El Ministerio de Hacienda se asegurará del cumplimiento de una medida que entra en vigor con carácter inmediato. Para ello, una serie de altos cargos y funcionarios deberán remitir de manera individualizada y semanal certificados que garanticen que no se han iniciado o tramitado expedientes de gastos y pagos que puedan estar destinados directa o indirectamente a actividades vinculadas con el referéndum. Los responsables obligados a enviar esta información al Gobierno son los interventores de las consejerías, con el soporte certificado de los máximos responsables de los órganos gestores, los responsables económico-financieros de las entidades en las que no existan intervenciones delegadas, el director general de presupuestos y el director general de política financiera, seguros y tesoro.El Gobierno suspenderá el FLA a Cataluña si no certifica semanalmente que no destina fondos al referéndumCon esa información, si el Ministerio de Hacienda concluyera que sí se están destinando fondos a la financiación del referéndum, "dará traslado a las autoridades competentes para la exigencia de responsabilidad", según ha detallado el portavoz del Ejecutivo. El portavoz del Ejecutivo no tiene conocimiento de si ha habido una comunicación oficial al Gobierno de la Generalidad sobre este anuncio. Tampoco ha concretado si habrá sanciones.
67.000 millones desde 2012
En caso de que no cumplan con la obligación de remitir esa información semanal, el Gobierno pondrá en marcha lo previsto en los acuerdos del FLA, condicionado al cumplimiento de su objetivo de sufragar servicios públicos. "Podría llegar a retirarse el FLA, es una línea destinada al progreso y bienestar de los catalanes", ha reconocido Méndez de Vigo tras recordar que, desde 2012, Cataluña ha recibido 67.000 millones de euros por esa vía y en 2017 tiene previsto un montante de 3.600 millones.
Méndez de Vigo ha apuntado que "sería muy grave" que no se produjera esta comunicación semanal y ni siquiera lo contempla. Pero ha explicado que, si se tuviera que llegar a retirar el pago del FLA, el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, sería quien tendría que dar explicaciones a los catalanes de por qué se ha llegado a esa situación.
En rueda de prensa, y tras recordar que el Tribunal Constitucional ha declarado nula la disposición de la Ley de Presupuestos de Cataluña referida a la financiación del referéndum, Méndez de Vigo ha lamentado que, pese a ello, los promotores de la consulta continúan con la voluntad de celebrarlo, lo que ha generado "incertidumbre" en ciudadanos y empresas.
Reacción de la Generalidad
La primera reacción oficial desde las filas independentistas ha sido la del secretario de Economía de la Generalidad, Pere Aragonès, que ha acusado al Gobierno de querer frenar el referéndum "colapsando administrativamente" al ejecutivo catalán y ha advertido de que el propio Estado se puede "embozar" -aquí quería decir "obstruir", pero ha utilizado la traducción literal de una palabra común en catalán pero en desuso en español- si "corta el grifo" de la financiación a Cataluña.
Pere Aragonès ha calificado de "irresponsable" al Gobierno y ha asegurado que esta decisión se enmarca en una estrategia de "propaganda y amenaza" sobre los trabajadores públicos, los proveedores y los servicios públicos.
"Hay una clara discriminación ideológica por parte del Gobierno del Estado", ha denunciado Aragonès, que cree que éste "trata diferente" a los catalanes porque "votan de manera diferente a lo que ellos quieren", lo que en su opinión "demuestra que el Estado español no es un Estado de derecho ni respeta la libertad ideológica de los ciudadanos", ha dicho en declaraciones recogidas por Europa Press.
El responsable económico de la Generalidad ha recordado que la Generalitat, "de facto, está intervenida" desde que se acogió al FLA el año 2012 y que mensualmente tiene que hacer llegar al Gobierno un informe sobre el gasto.
Comparecencias en Congreso y Senado
Por su parte, los grupos PDeCAT y ERC han pedido la comparecencia en el Congreso y en el Senado del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Ambas formaciones catalanas han registrado una petición de comparecencia urgente del ministro en la Diputación Permanente del Congreso, al considerar una "amenaza" para Cataluña el anuncio de Méndez de Vigo.
El portavoz económico del PDeCAT en el Congreso, Ferran Bel, ha dicho que la decisión del Ejecutivo "constituye una agresión contra los servicios públicoscatalanes y contra las personas que viven en Cataluña" y que "no es de recibo vincular la financiación de los servicios públicos esenciales a la no utilización de las urnas".
Asímismo, la diputada portavoz de Esquerra Republicana en la comisión de Hacienda del Congreso, Ester Capella, ha dicho que el Gobierno "vuelve a demostrar que ya sólo sabe atizar el miedo para disuadir a los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña de decidir libremente su futuro en el referéndum del 1 de octubre".
También en el Senado, el portavoz del PDeCAT, Josep Lluís Cleries, ha pedido por este motivo la comparecencia urgente del ministro de Montoro en el Pleno para que dé explicaciones. Cleries ha definido como "una amenaza injusta y desleal con Cataluña" el anuncio del Gobierno.
"Miedo" en Moncloa: "Soldados dispuestos a todo" en Cataluña con un "talibán" al frente
Los separatistas cogen velocidad de crucero y amenazan con jorobarle el descanso estival a Rajoy
El Mundo abre con un titular no apto para cardíacos. "La Generalitat depura los Mossos y llama a la rebelión ciudadana". "Junqueras reclama a la sociedad civil que le defienda y el PDeCAT dice que sus soldados están dispuestos a todo". Sólo les falta repartir armas a esta pandilla de locos. Arcadi Espada compara Cataluña y Venezuela. "Cataluña es una democracia y Venezuela una dictadura", aunque "el camino que ha emprendido el gobierno de Cataluña es de la misma naturaleza que la del régimen chavista". La diferencia es que "en Venezuela miles de personas se juegan la vida en las calles", mientras que en Cataluña "los partidos democráticos" están en Babia. "Es hora de que hagan un mínimo gesto para que los ciudadanos españoles, catalanes y no, manifiesten en las todavía confortables calles de Barcelona un acto masivo de repulsa y desautorización del golpe de Estado que planea el gobierno desleal de la Generalidad". ¿Que los catalanes se jueguen la vida en las calles? Definitivamente el calor es malísimo para las cabezas.
El País dice que "los separatistas se hacen con el pleno control de la policía". Xavier Vidal-Folch dice que "el Gobierno de la Generalitat planea provocar dramas de orden público en torno al 1 de octubre. Artur Mas postula, en privado, realizar ocupaciones masivas de edificios estratégicos. Para ello requiere el apoyo de los mossos". ¿Tomarán TV3? Ah, no, que ya está tomada. Y para ello han puesto al frente de la consejería de Interior a Joaquim Forn, "un talibán curtido en desórdenes" que "azuzará" a los mossos a una "intervención ilegal, sediciosa incluso, si conviene". Esto se anima.
ABC dice que "los mossos temen ser forzados a ponerse al servicio de la consulta ilegal". Bieito Rubido advierte de que el jefe de los Mossos "se marcha asustado". Normal, un hombre con sentido común. "Asistimos a un golpe de Estado en toda regla" mientras "en La Moncloa parecen tener miedo a utilizar todos los resortes del Derecho para defender a los ciudadanos de quienes nos quieren agredir". Los muy gallinas.
La Razón dice que tranquilos, que "la fiscalía actuará contra el Govern por prevaricar si compra las urnas", que parece que está anunciado para hoy. En el momento en que Junqueras saque la Visa, la fiscalía "presentará una querella". También anda por ahí "la abogacía del Estado", incluso el Tribunal Constitucional que tanto asusta a los separatistas. "Se debe actuar con mesura, inteligencia, pero con todo el poder de la ley", y tal y tal. Además, a Beaumont le ha dicho un pajarito monclovita que "los acontecimientos en Cataluña reafirman el convencimiento en La Moncloa de que el proceso secesionista ha entrado en fase de descomposición". Pues quien lo diría, oiga, parece más en fase de ebullición.
La Vanguardia dice que "dimite el jefe de los Mossos, discutido por el soberanismo". El editorial cree que todo es de lo más normal. "En la lógica del proceso soberanista, los cambios son pertinentes para disipar dudas y vacilaciones no exentas de fundamento". Y nosotros a punto de mandar los tanques, hay que ver cómo nos tomamos las cosas por los madriles.
El País dice que "los separatistas se hacen con el pleno control de la policía". Xavier Vidal-Folch dice que "el Gobierno de la Generalitat planea provocar dramas de orden público en torno al 1 de octubre. Artur Mas postula, en privado, realizar ocupaciones masivas de edificios estratégicos. Para ello requiere el apoyo de los mossos". ¿Tomarán TV3? Ah, no, que ya está tomada. Y para ello han puesto al frente de la consejería de Interior a Joaquim Forn, "un talibán curtido en desórdenes" que "azuzará" a los mossos a una "intervención ilegal, sediciosa incluso, si conviene". Esto se anima.
ABC dice que "los mossos temen ser forzados a ponerse al servicio de la consulta ilegal". Bieito Rubido advierte de que el jefe de los Mossos "se marcha asustado". Normal, un hombre con sentido común. "Asistimos a un golpe de Estado en toda regla" mientras "en La Moncloa parecen tener miedo a utilizar todos los resortes del Derecho para defender a los ciudadanos de quienes nos quieren agredir". Los muy gallinas.
La Razón dice que tranquilos, que "la fiscalía actuará contra el Govern por prevaricar si compra las urnas", que parece que está anunciado para hoy. En el momento en que Junqueras saque la Visa, la fiscalía "presentará una querella". También anda por ahí "la abogacía del Estado", incluso el Tribunal Constitucional que tanto asusta a los separatistas. "Se debe actuar con mesura, inteligencia, pero con todo el poder de la ley", y tal y tal. Además, a Beaumont le ha dicho un pajarito monclovita que "los acontecimientos en Cataluña reafirman el convencimiento en La Moncloa de que el proceso secesionista ha entrado en fase de descomposición". Pues quien lo diría, oiga, parece más en fase de ebullición.
La Vanguardia dice que "dimite el jefe de los Mossos, discutido por el soberanismo". El editorial cree que todo es de lo más normal. "En la lógica del proceso soberanista, los cambios son pertinentes para disipar dudas y vacilaciones no exentas de fundamento". Y nosotros a punto de mandar los tanques, hay que ver cómo nos tomamos las cosas por los madriles.
ESPAÑA NO QUIERE REFUGIADOS VENEZOLANOS
2º cAPITULO
MÁS INFORMACIÓN
En el último año y medio han llegado a España 29.000 venezolanos, y aquí viven ya más de 300.000, según el Observatorio de la Voz de la Diáspora Venezolana, que analiza los datos del Instituto Nacional de Estadística de España (INE). Tomás Páez, sociólogo de origen canario, coordinador del estudio La voz de la diáspora venezolana (Catarata, 2015), llama a la avalancha del último bienio “la oleada de la desesperación”.
Se van, dice Páez, “porque no les alcanza con el sueldo, porque no tienen medicamentos, comida; pero sobre todo se van por miedo”. La inflación actual de Venezuela es del 700%, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque las empresas que hacen estudios econométricos en Venezuela la incrementan al 1.200%. En los dieciocho años que dura el régimen han sido víctimas de la violencia 350.000 venezolanos, según el Observatorio Venezolano de Violencia. “Algo menos que en Siria, en cuya guerra han muerto 400.000”, apunta Páez. “De casa sales”, añade, “no sabes cuándo llegas”.
Las estadísticas tienen nombres propios. Marianela Martínez de Siso, 69 años, es oncóloga, en un tiempo la única que hubo en Caracas; se fue en 2003, no sólo “porque no soportaba a Chávez”, sino porque el hospital que fundó y donde ejercía su especialidad dejó de tener recursos. En ese hospital trató al hijo de un militar que luego fue un golpista, con Chávez. Él le avisó de la asonada. Ella vivió, como muchos de su generación, la fascinación por la revolución cubana; “como aquello, Venezuela es una mentira”. Nunca antes hubo allí resentimiento. “Chávez y Maduro lo han provocado”. No volverá, al menos hasta que Nicolás Maduro se vaya. Vive en Galicia, tiene tres nietos. ¿Qué se puede esperar? “La libertad”.
En 18 años de chavismo, 350.000 personas han sufrido la violencia
A Wendy Yorlet Moncada (39 años) la empujó la inseguridad, en 2010. Vive en La Palma, hasta allí le sigue el miedo a lo que pasa en Caracas. En la isla canaria trabajó en tareas de limpieza, como ahora hace su marido. Ella cuida a sus tres hijos, dos nacidos aquí. “Ahora es peor todo. En mi calle supe que anoche hubo disturbios, tanques, pistolas. Te asaltan al salir del aeropuerto, como si llevaras millones. ¿Volver? Noooo”. Después de la conversación envió este SMS: “Me olvidé de comentar: uno de mis miedos a volver es que en mi casa hace dos meses fueron víctimas de un secuestro exprés; se metieron en casa, amordazaron, golpearon y robaron a mi mamá y a mi sobrina. Abrieron la puerta, no se sabe cómo, y las encañonaron con pistolas”
Mariven Rodríguez también se fue en 2003, con el miedo en el cuerpo. Es periodista, tiene 52 años; los chavistas cerraron emisoras de radio, amenazaron a su diario, El Universal, fundado en 1909, y a sus periodistas: “Venían a por nosotros”; la presión “no dejaba espacio para la libertad” y el miedo se le hizo una bola. Se fue a Italia primero, allí había estudiado, y desde 2006 trabaja aquí, creó medios, ahora lleva las redes sociales de un hotel donostiarra. Volvería, claro, “pero cuando no haya ni miedo ni sobresalto, este horror, y este error, de la impunidad”.
Tomás Páez, 64 años, el sociólogo de La voz de la diáspora venezolana, no se resigna. “Yo quiero regresar, seguir regresando”. Le indigna lo que pasa; pero él trabaja, “adentro y afuera”, para preparar la normalidad venezolana, que ahora es imposible, “vivimos como en el tiempo de las catacumbas”. Pero cuando llegue esa normalidad “muchos de los que están fuera llevarán el talento que han consolidado en la emigración”. Son, dice, “las redes de la diáspora”, él se empeña en tejerlas.
Te asaltan como si llevaras millones. ¿Volver? Nooo
Wendy en La Palma
Los datos abruman el panorama que narra. “Cáritas ha dicho que el 9% de los muchachos venezolanos sufre desnutrición severa. Y el 52% está en riesgo de sufrirla”. Enfermedades erradicadas, como la malaria y la difteria, han vuelto. La última ministra de Salud fue destituida por desvelar que había crecido la mortalidad infantil. Entre 1960 y 1998, el período democrático, se construyeron 66.000 viviendas sociales por año, según el estudio sobre la diáspora; en los años del régimen actual, la mitad por año; el 60% de las industrias del país han desaparecido; en el área agrícola o de servicios, el 40% cesó su producción. De ahí la escasez de azúcar, de café, de leche… “Y eso ocurre en el periodo de mayor bonanza económica que ha vivido el país”, dice Páez. ¿Y dónde se ha ido el dinero? “1,9 billones de dólares ha recibido Venezuela vía petróleo e impuestos en estos 18 años. Más de cinco veces el ingreso de los 40 años de democracia. Fuga de capitales, dinero en el limbo, repartos a Gobiernos amigos, financiaciones oscuras, despilfarro, ineficiencia en la gestión de los recursos… Ahí se ha ido”. Siempre fue Venezuela un país de inmigrantes. Ahora la diáspora continúa. Páez es hijo de la emigración española de los años cincuenta, cuyo epicentro fue Canarias.
Las colas son el símbolo que empuja esta diáspora desesperada. Gabriela Navarro, 39 años, es fotógrafa y no, no volvería a su país. “Venezuela ya no es. Venezuela se fue”. Llegó a España en 2014. Terminaba una diplomatura, se estancaba el dinero en Venezuela, “y era imposible salir de casa sin temer lo peor”. Tres meses más tarde la familia le dijo “no vuelvas”. Sus abuelos eran españoles, exiliados. Cuando se fue había “largas colas para los productos básicos, pero podías comprar en el mercado negro”. El miedo era peor, “una sombra ya te aterrorizaba”. Ha trabajado de teleoperadora, ha hecho fotos de bodas y bautizos, ha colaborado con Photoespaña. Con un círculo de amigos “buscamos fuentes fidedignas, periodistas venezolanos que nos protegen de la sobreinformación, esas redes que te agobian y te deprimen. Aquí hay muchos venezolanos deprimidos por las muertes que estamos viendo. Tristes, envejecidos allá y acá, un país que no está para fiesta. Volví hace tres meses: murió mi padre. ¡En apenas año y medio, cuánto había envejecido la gente!”
En la cestería Cesta República, en Chueca, está Guillermo Barrios, 65 años, una autoridad fuera de su sitio, en la diáspora venezolana. Fue decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en una de las más bellas universidades del mundo, la Central de Caracas. En 2015 se tomó un año sabático. Ya no volvió. Ahora convive con colegas suyos de Cero Es Tres, un estudio de arquitectos que encuentran, reforman y ambientan pisos. Y él ha creado la cestería y la lleva con su esposa, Maitena, “que tiene ocho apellidos vascos”. Le han puesto Cesta República como burla a la Constituyente bolivariana. Las tensiones en la Universidad, atacada por colectivos oficialistas; los dos secuestros sufridos, el asalto de su casa “por efectivos quizá ligados a la policía”, la amenaza emitida por televisión…, todo eso lo expulsó del país. “Y me fui a la manera académica. Y ahora estoy fuera, con muchísima pesadumbre. ¿Volver? Estamos en la primera línea de retorno. Sería bueno ver una luz. Pero nuestro enemigo no tiene escrúpulos, sino un desmedido afán de poder, no tiene valores. No se lo puede oponer desde la inteligencia”.
Siempre fue un país de inmigrantes, pero ahora la diáspora continúa
—¿Y se considera un exiliado?
—¿Exiliado? Decir esa palabra añadiría dolor a este momento. Puede haber reconciliación, quisiera tener esperanza, un destino en mi país.
Domenico Chiappe dice que los héroes son quienes están en Venezuela; a veces se van por su voluntad, a veces los señala el régimen, y tienen que marcharse. Tulio Hernández, 61 años, es periodista, de El Nacional, que resiste a Maduro. En mayo Maduro conminó a los jueces, desde la televisión, a que lo encarcelaran por un tuit en el que el periodista llamaba a los jóvenes a resistir a la fuerza pública.
Tulio se disfrazó, viajó por carretera hasta Colombia, pasó con la identidad de su hermano. Está en Madrid. Este último miércoles presentó su libro Una nación a la deriva. Ese día conmemoraba Venezuela el Día de la Independencia y partidarios de Nicolás Maduro asaltaban la Asamblea Nacional. Aleccionados, al parecer, por el mismo dedo que expulsó a Tulio.
Puede haber reconciliaciónGuillermo Barrios en Madrid
Chiappe no imaginaba, al irse, “que aquel país desencaminado iba a adoptar la deriva totalitaria” que exhibe. “Era, en efecto, un país imperfecto, que precipitó la llegada de Chávez. Una gran pobreza, una enorme movilidad social, una tremenda corrupción. Todo eso tan criticable se exacerbó. Si había 1.200 homicidios al año, pasamos a tener 30.000, si en la de época de Luis Herrera y de Carlos Andrés Pérez se robaban 50.000 millones de dólares, ahora los cálculos son 300.000…” Él era jefe de economía en Tal Cual, el periódico de Teodoro Petkoff, una leyenda del periodismo. En 2002 llega Chávez, cierra la economía venezolana, impone el control total, y Chiappe se va. Todo ha empeorado, pero… “No creo que sea un país perdido; pero su regeneración será lenta. No se trata de que se le busque salida al dictador, como suele pasar: es que los que están en el Gobierno son sólo la punta del iceberg de un enorme entramado de corrupción cuyas terminales hay que seguir hasta dar con empresas cubanas, argentinas, colombianas. Rutas trianguladas y a veces poliédricas de desvío de dinero”.
No, no es un exiliado. “Hay exiliados, como Tulio o como el padre de Leopoldo López; otros han venido por inseguridad, amenazados. Pero yo soy un emigrante. Los casos de exilio no se pueden banalizar”. En la época de la mentira política desnuda, ¿cuál sería hoy la principal mentira de Maduro para perpetuarse? “Es que todo es una inmensa mentira. Sustituyen la palabra gobierno por la palabra pueblo; sostienen que son una revolución, que defienden una ideología socialista; no es verdad: son una corporación capitalista totalitarista que, de forma estatal o privada, con empresas que han formado ellos, monopolizan los recursos de un Estado. Y Maduro no es más que un títere en manos de esta corporación. Una anécdota que está ahí para hablar con el pájaro, con las mariposas, con las vacas”.
En La Cesta República de Guillermo Barrios se encuentran Chiappe y Tulio, con Jaime Abello, director de la Fundación Nuevo Periodismo de Gabriel García Márquez. Presentan Un país a la deriva. En el luminoso auditorio, rodeados de cestas, venezolanos de raíz y venezolanos por opción. De pie, mirando, el rostro conocido del padre de Leopoldo López, exiliado. A Tulio lo presenta Chiappe como “una conciencia nacional”. La conciencia nacional dice: “El totalitarismo no ha prosperado. Es una buena noticia en medio del drama: hemos sido capaces de sujetar el elefante loco que iba a romper las cristalerías”. Ahora queda preguntar, dice Tulio, “de dónde ha venido tanto odio”. Como dijo un venezolano ilustre cuando Chávez se hizo cargo de la nación, “alguien levantó la tapa del infierno” y fue el militarismo otra vez el que puso a circular en Venezuela el demonio triste de la diáspora.
Ahora deshacer esa tumba se antoja tarea propia de los héroes que están adentro y tienen miedo
Hoy amigos lectores , permitirme que ocupe este espacio principal una esquela de un gran amigo que se marcho sin conseguir que los minusvalidos conseguiremos montar con nuestras Scooter en los autobuses Urbanos de Cáceres capital. los minusvalidos seguimos en la lucha.
Dirigida a Ayuntamiento de Cáceres y 5 otros
TODOS, POR UN IGUAL, TENEMOS DERECHO AL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN CÁCERES
foto: @Alonso Sanchez Gonzalez
Todos somos ciudadanos por igual, seamos cacereños residentes o no, y tenemos todo el derecho a poder utilizar el transporte público de Cáceres, más concretamente el autobús urbano, para poder trasladarnos de un lugar a otro de la ciudad.
Todos somos ciudadanos por igual, seamos cacereños residentes o no, y tenemos todo el derecho a poder utilizar el transporte público de Cáceres, más concretamente el autobús urbano, para poder trasladarnos de un lugar a otro de la ciudad.
Si comporta llevar con nosotros una scooter o una silla de ruedas, ya que poseemos una minusvalía, no se nos puede denegar el acceso debido a una normativa que está obsoleta y anticuada, ya que se nos excluye injustamente por nuestra situación personal y física.
Esto precisamente le está pasando, desde hace ya mucho tiempo, a mi suegro ALONSO SÁNCHEZ GONZÁLEZ y, a pesar de las innumerables quejas interpuestas por el, y por parte de usuarios en una situación similar, el Ayuntamiento de Cáceres no tan solo no da solución alguna sino que además mantiene un silencio administrativo inexplicable.
Esto precisamente le está pasando, desde hace ya mucho tiempo, a mi suegro ALONSO SÁNCHEZ GONZÁLEZ y, a pesar de las innumerables quejas interpuestas por el, y por parte de usuarios en una situación similar, el Ayuntamiento de Cáceres no tan solo no da solución alguna sino que además mantiene un silencio administrativo inexplicable.
Queremos recordar, a la Corporación Municipal, la NORMATIVA RELACIONADA CON LOS DERECHOS DEL PASAJERO:
Los usuarios con discapacidad no solamente se verán amparados por las normativas relacionadas con la igualdad y la no discriminación sino también por la legislación general que determina los derechos del pasajero a nivel estatal, así como los reglamentos de viajeros de las diferentes compañías operadoras que dispongan del desarrollo normativo necesario.
El Libro Blanco del Transporte11 reconoce los derechos y obligaciones de los usuarios, y señala que debe desarrollarse el acceso del ciudadano europeo a unos servicios de transporte de calidad.
El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte, PEIT (2004), del Ministerio de Fomento tiene, entre sus prioridades, la “definición de los derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios regulares de transporte de viajeros por carretera”, así como la publicación de la Carta de los Derechos del Pasajero.
Actualmente, los derechos de los usuarios del transporte regular de viajeros por carretera se regulan como un servicio a través de la Ley 26/1984, de 19 de julio, de defensa de los consumidores y usuarios en España, tal y como se expresa en el artículo 1: “A los efectos de esta ley son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales, bienes muebles o inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada, individual o colectiva de quienes los producen, facilitan, suministran o expiden”.
La Ley protege al consumidor de los riesgos para su salud o su seguridad, así como de las situaciones de inferioridad, subordinación o indefensión, en el artículo 23 diciendo que serán “Los poderes públicos y concretamente los órganos y servicios de las administraciones públicas competentes en materia de consumo, adoptarán o promoverán las medidas adecuadas para suplir o equilibrar las situaciones de inferioridad, subordinación o indefensión en que pueda encontrarse, individual o colectivamente, el consumidor o usuario”.
Para evitar estas situaciones se promoverán campañas o actuaciones programadas de control de calidad, con mención expresa de las personas, empresas o entidades.
El artículo 25 del capítulo octavo de la ley vela porque el consumidor y los usuarios afectados puedan exigir responsabilidades, de tal forma que “tienen derecho a ser indemnizados por los daños y perjuicios que el consumo de bienes o la utilización de productos o servicios les irroguen, salvo que estén causados por su culpa exclusiva o por la de las personas de las que deba responder civilmente”; considerando sometido a este régimen de responsabilidad a los medios de transporte.
Y no se trata de un tema de seguridad para los viajeros. No solo no es peligroso, sino que está amparado por la ley de ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.
Extracto de la normativa:
El acceso de las personas viajeras con movilidad reducida deberá realizarse garantizando su máxima seguridad y de acuerdo con la normativa de aplicación.
Las personas viajeras con movilidad reducida que no puedan subir el escalón de acceso al vehículo lo señalarán a la persona que conduzca, que facilitará su embarque. Podrán acceder y descender del vehículo por la puerta cuya utilización les proporcione mayor comodidad y les obligue a realizar un menor esfuerzo físico.
Quienes se desplacen en silla de ruedas, o vehículos eléctricos tipo escúter, accederán por la puerta habilitada para ello, una vez accionado el sistema de inclinación o arrodillamiento y la rampa o plataforma elevadora de acceso y, situándose hacia delante o hacia atrás, según el caso, respecto del sentido de la marcha del vehículo, con el freno accionado. Siempre que sea posible, además, deberán sujetarse, adecuadamente, con el cinturón de seguridad del vehículo.
Con carácter general, sólo se permitirá la permanencia simultánea de dos personas en silla de ruedas en la plataforma del vehículo.
Las personas que se desplacen en sillas de ruedas, y/o vehículos eléctricos, tendrán preferencia en el acceso al vehículo respecto de las personas menores transportadas en coches y sillas o de las bicicletas, salvo que estas ya se encuentren en el interior del mismo.
Extracto de la normativa:
El acceso de las personas viajeras con movilidad reducida deberá realizarse garantizando su máxima seguridad y de acuerdo con la normativa de aplicación.
Las personas viajeras con movilidad reducida que no puedan subir el escalón de acceso al vehículo lo señalarán a la persona que conduzca, que facilitará su embarque. Podrán acceder y descender del vehículo por la puerta cuya utilización les proporcione mayor comodidad y les obligue a realizar un menor esfuerzo físico.
Quienes se desplacen en silla de ruedas, o vehículos eléctricos tipo escúter, accederán por la puerta habilitada para ello, una vez accionado el sistema de inclinación o arrodillamiento y la rampa o plataforma elevadora de acceso y, situándose hacia delante o hacia atrás, según el caso, respecto del sentido de la marcha del vehículo, con el freno accionado. Siempre que sea posible, además, deberán sujetarse, adecuadamente, con el cinturón de seguridad del vehículo.
Con carácter general, sólo se permitirá la permanencia simultánea de dos personas en silla de ruedas en la plataforma del vehículo.
Las personas que se desplacen en sillas de ruedas, y/o vehículos eléctricos, tendrán preferencia en el acceso al vehículo respecto de las personas menores transportadas en coches y sillas o de las bicicletas, salvo que estas ya se encuentren en el interior del mismo.
Esta petición será entregada a:
- Ayuntamiento de Cáceres
- Alcaldesa-Presidenta
Sª María Elena Nevado del Campo - Concejal Delegado de Accesibilidad, Asuntos Sociales y Mujer
Sra. María Luisa Caldera Andrad - Carta Abierta al D.Antonio Monago TerrazoSolicito de D.Antonio Monago Terrazo, como presidente del PP que intervenga sobre laAlcaldesa de Cáceres Dª. Elena Nevado del Campo.- La Ciudad de Cáceres tiene un gran problema con los minusválido y su acceso a los medios del transporte Urbano, con no poder subir con scooter eléctricos, ya que no disponen de rampas eléctricas los autobuses.- Los minusválidos entre ellos yo,Llevamos dirigiéndonos a la Sra. alcaldesa para que diera solución a tal situación. Hace cuatro días perdimos a un compañero Alonso Sánchez luchador por conseguir que la citada Sra., Alcaldesa al menos recibiera a las comisiones y que les diera la solución que corresponda al expuesto.
Alonso SánchezEn nuestra ciudad, nos encontramos que ni las autoridades nos escuchan.- ¿Para tan poco servimos los minusválidos? Por favor Presidente confiamos en Vd. haga algo para que los minusválidos seamos libre, bastante tenemos con ser cautivos de nuestra silla de rueda, como para ahora serlo también del barrio.Salimos de nuestra querida ciudad de Cáceres y de tantos pueblos de nuestra Extremadura a tantas ciudades de nuestra querida España.En nuestro retorno creíamos que Cáceres y Extremadura en particular, tendríamos ya una vida tranquila disfrutando de lo que perdimos cuando nos tuvimos que ausentar por necesidades de poder ganar un salario digno no es justo lo que nos sigue ocurriendo.- Sr. Presidente del PP por el bien de los minusválidos de todo Extremadura, intervenga en la medida de sus posibilidades haga oír ante la Asamblea de Extremadura la “Voz de los Minusvalidos “que se dicten medidas para que los minusválidos seamos libres creando la obligación de que los autobuses dispongan de rampa para que igual que cualquier ciudadano de Extremadura podamos movernos y disfrutar de lo mucho y bello de nuestras ciudades y pueblos de la que tantos años por necesidades estuvimos privados
- Queriamos disfrutar de lo que perdimos la alegría de nuestras ciudades y pueblo con nuestras familias, y nos encontramos con los mismos problemas.
- Queremos recordar, a la Corporación Municipal, la NORMATIVA RELACIONADA CON LOS DERECHOS DEL PASAJERO:Los usuarios con discapacidad no solamente se verán amparados por las normativas relacionadas con la igualdad y la no discriminación sino también por la legislación general que determina los derechos del pasajero a nivel estatal, así como los reglamentos de viajeros de las diferentes compañías operadoras que dispongan del desarrollo normativo necesario.El Libro Blanco del Transporte11 reconoce los derechos y obligaciones de los usuarios, y señala que debe desarrollarse el acceso del ciudadano europeo a unos servicios de transporte de calidad.El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte, PEIT (2004), del Ministerio de Fomento tiene, entre sus prioridades, la “definición de los derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios regulares de transporte de viajeros por carretera”, así como la publicación de la Carta de los Derechos del Pasajero.Actualmente, los derechos de los usuarios del transporte regular de viajeros por carretera se regulan como un servicio a través de la Ley 26/1984, de 19 de julio, de defensa de los consumidores y usuarios en España, tal y como se expresa en el artículo 1: “A los efectos de esta ley son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales, bienes muebles o inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada, individual o colectiva de quienes los producen, facilitan, suministran o expiden”.La Ley protege al consumidor de los riesgos para su salud o su seguridad, así como de las situaciones de inferioridad, subordinación o indefensión, en el artículo 23 diciendo que serán “Los poderes públicos y concretamente los órganos y servicios de las administraciones públicas competentes en materia de consumo, adoptarán o promoverán las medidas adecuadas para suplir o equilibrar las situaciones de inferioridad, subordinación o indefensión en que pueda encontrarse, individual o colectivamente, el consumidor o usuario”.
- Firmado: Ramón Galapero Romero Nacido en Cáceres y residente en Extremadura (Losar de la Vera) Cáceres
LA CUESTIÓN CATALANa
Los organismos del Estado dan plantón al Parlament
- Ministerios, Policía o el CGPJ comunican por carta que no tienen ninguna obligación de acudir a la comisión sobre la Operación Catalunya
Los principales organismos del Estado como el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado o la Policía han comunicado por carta al Parlament que sus representantes no acudirán a la comisión de investigación sobre la Operación Catalunya de la cámara catalana.
Tanto Vicepresidencia del Gobierno, como el ministerio de Exteriores como el de Interior o la Dirección General de la Policia han respondido por carta a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, anunciando su negativa a participar en un organismo de una comunidad autónoma.
Las misivas, a las que ha tenido acceso La Vanguardia, basan su inasistencia en el dictamen 406/2017 del Consejo de Estado del pasado 25 de mayo. Según este informe “no existe el deber de atender los requerimientos de documentación o comparecencia que pudieran formularse por parte de la Comisión de Investigación sobre la llamada “Operación Catalunya”.
”Ni las autoridades y funcionarios requeridos pertenecen ni guardan dependencia con órganos de la Generalitat, ni la materia que es objeto de la Comisión de Investigación está en el ámbito de competencia de la Generalitat”, sentencian las misivas.
En el mismo sentido, pero con otra argumentación se expresa el Consejo General del Poder General que ha emitido un dictamen remitido al Parlament en el que justifica la inasistencia del exdirector de la Oficina Antifrau, el magistrado Daniel de Alfonso.
EL CGPJ argumenta conceptos como la inmunidad o la independencia judicial, la prohibición de revelación de hechos o noticias referentes a personas de los que hayan tenido conocimiento en ejercicio de su cargo. Tanto el CGPJ como el magistrado ofrecen la posibilidad que pregunten por escrito o en su despacho previa comunicación del superior jerárquico.
En cuanto la Fiscalía, y tal y como explicó La Vanguardia, el Fiscal Superior de Catalunya confesó por carta que había recibido instrucciones del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, para que no compareciera.
Caso Practico de Política Podemista
Violan el propio código ético
Porque no renuncian , como suelen ellos pedir a quien esta encuasado por malvesacion de caudales publicos 100,000€
Autoploclamarse <<honestos>>
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El TSJC admite y notifica a Borràs la querella por la compra de urnas
- La Fiscalía amplió la querella inicial para incluir el anuncio de la fecha y pregunta del referéndum
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha admitido a trámite la querella contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, y el secretario general Francesc Esteve, por la compra de urnas para el referéndum del 1-O que el Ejecutivo de la Generalitat ha situado en proceso de licitación. La admisión de la querella también ha sido notificada a la consellera tal y como ha encargado de anunciar ella misma en las redes sociales.
La querella fue presentada por la Fiscalía Superior de Catalunya, que la amplió hace apenas unos días para incluir en la misma el anuncio de la fecha y la pregunta del referéndum independentista por parte del presidente catalán, Carles Puigdemont
En su escrito, dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la Fiscalía consideraba que aunque el anuncio de Puigdemont no ha “venido acompañado de ninguna resolución jurídicamente valorable”, pero es “indudable” que demuestra la tesis del ministerio público de que el objetivo de la licitación de la compra de urnas es celebrar un referéndum ilegal.
La querella inicial acusaba a Borràs y al secretario de supuestos delitos de desobediencia, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos por la aprobación del acuerdo marco para homologar el proceso de contratación y compra de las urnas.
Los dos acusados han recibido la notificación de la querella del tribunal ante la presencia de varios compañeros del Govern, entre ellos el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras, y los consellers Neus Munté o Carles Mundó, entre otros.
El TSJC se remite a los antecedentes judiciales como los recursos contra el presupuesto catalán o los procesos contra la Mesa del Parlament y la presienta Forcadell
En el auto de admisión del TSJC se argumenta que “en su voluntad de celebración de un referéndum de autodeterminación (...) de crear un Estado catalán independiente, los querellados (...) adoptaron medidas encaminadas a obtener los medios con los que poder celebrar el meritado referéndum”, un referéndum sobre el que el TSJC recuerda que varias instancias judiciales han emprendido acciones para evitar.
En este sentido, se cita la de la Abogacía del Estado, que promovió un recurso de inconstitucionalidad contra los presupuestos catalanes por la famosa Disposición Adicional 40ª; las acciones iniciadas por la Fiscalía y estimadas por el TC sobre los miembros de la Mesa del Parlament por desobedecer al Alto Tribunal, y las acciones contra la presidenta del Parlament por los presuntos delitos de prevaricación y desobediencia.
El tribunal ve “indicios suficientes” para considerar que pueda haber “elementos objetivos que informarían cada uno de los tipos delictivos que la Fiscalía querellante considera cometidos”
Según el TSJC, el “profuso relato de hechos contenido en la querella” son “de fácil constatación”, por “tratarse de actos y hechos que han tenido la oportuna publicidad en los respectivos diarios oficiales”, además de haber sido recogidos por los medios de comunicación. Por eso, el tribunal considera que “se desprende la existencia de indicios suficientes” para considerar que pueda haber “elementos objetivos que informarían cada uno de los tipos delictivos que la Fiscalía querellante considera cometidos”, por lo que “se estima que se cumplen los requisitos de tipicidad y verosimilitud que fundamentan la admisión a trámite de la querella”.
Para el tribunal, procede la admisión a trámite de la querella y de su escrito de ampliación, “al valorarse como posible la presunta comisión de un delito de desobediencia del artículo 410.1 del Código Penal, un delito continuado de prevaricación, y un delito de malversación de fondos públicos.
El Govern lamenta que la querella “no se sustenta en ninguna base jurídica” y es “preventiva”
En rueda de prensa posterior al Consell Executiu, la consellera portavoz, Neus Munté, ha comentado que “entendemos que la querella no se sustenta en ninguna base jurídica”, que es un querella de tipo “preventivo y sin ningún fundamento jurídico”, y que desde que se conoció y presentó la querella, el pasado mes de mayo, hasta que se ha notificado a la consellera, da credibilidad a las quejas del Ejecutivo catalán.
Un repaso por las distintas poblaciones demuestra esta abundancia de gargantas y agua. Arroyomolinos de la Vera tiene la Garganta de la Desesperá; en Garganta la Olla, camino de Yuste, está la Garganta Mayor, que además presenció las correrías de la Serrana de la Vera. Jaraíz dispone del Lago; Collado ofrece la zona de baños de Las Pilas, y en Cuacos está el paraje de Las Ollas. Aldeanueva tiene las conocidas Gargantas de Los Guachos y San Gregorio. En Guijo de Santa Bárbara es posible bañarse en el charco La Máquina y El Trabuquete; Jarandilla en los puentes parral y de la EX-203; Losar Cuartos y Vadillo; Villanueva, Minchones y Gualtaminos, y Madrigal Alardos, entre otras.
Esposible que el Referendum de Cataluña termine como en el año 1934 en nada..
«En un
moment en què es trepitgen les nostres llibertats, en què veiem un perill per a
l’autonomia de Catalunya, de cara això, si s’aixeca una onada sentimental
d’amor a la terra no és prudent apagar la amb la prosa de les paraules que
podrien fer minvar la pròpia defensa de Catalunya...» Se levanta la sesión
entre gritos de «Molt bé!»
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ASOCIACIes quepersigan estos fines y/o realicen actividades análogas o complementarias.ONISMO PROVINCIAL: Aunar esfuerzos con las diversas organizaciones de la discapacidad física de la provincia de Cáceres
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La cofradía aprovecha la celebración de este novenario, que hoy llega a su séptima jornada, para analizar cuáles son las carencias en cuanto a seguridad. Para ello han cuentan con Jorge Rosado, criminólogo y propietario de una consultora de seguridad, que se encarga de estudiar cada situación para mejorarla. Se analiza, por ejemplo, si la custodia que realizan los cuerpos de policía y la seguridad privada se puede complementar con instalaciones tecnológicas, como cámaras de seguridad colocadas en puntos estratégicos.
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TODOS, POR IGUAL, TENEMOS DERECHO AL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN CÁCERES LO MISMO QUE EN TODA ESPAÑA Y EUROPA
¿QUIENES TOMAN LAS DECISIONES EN LOSAR DE LA VERA?
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foto: @Alonso Sanchez Gonzalez
Todos somos ciudadanos por igual, seamos cacereños residentes o no, y tenemos todo el derecho a poder utilizar el transporte público de Cáceres, más concretamente el autobús urbano, para poder trasladarnos de un lugar a otro de la ciudad.
Si comporta llevar con nosotros una scooter o una silla de ruedas, ya que poseemos una minusvalía, no se nos puede denegar el acceso debido a una normativa que está obsoleta y anticuada, ya que se nos excluye injustamente por nuestra situación personal y física.
Esto precisamente le está pasando, desde hace ya mucho tiempo, a mi suegro ALONSO SÁNCHEZ GONZÁLEZ y, a pesar de las innumerables quejas interpuestas por el, y por parte de usuarios en una situación similar, el Ayuntamiento de Cáceres no tan solo no da solución alguna sino que además mantiene un silencio administrativo inexplicable.
Queremos recordar, a la Corporación Municipal, la NORMATIVA RELACIONADA CON LOS DERECHOS DEL PASAJERO:
Los usuarios con discapacidad no solamente se verán amparados por las normativas relacionadas con la igualdad y la no discriminación sino también por la legislación general que determina los derechos del pasajero a nivel estatal, así como los reglamentos de viajeros de las diferentes compañías operadoras que dispongan del desarrollo normativo necesario.
El Libro Blanco del Transporte11 reconoce los derechos y obligaciones de los usuarios, y señala que debe desarrollarse el acceso del ciudadano europeo a unos servicios de transporte de calidad.
El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte, PEIT (2004), del Ministerio de Fomento tiene, entre sus prioridades, la “definición de los derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios regulares de transporte de viajeros por carretera”, así como la publicación de la Carta de los Derechos del Pasajero.
Actualmente, los derechos de los usuarios del transporte regular de viajeros por carretera se regulan como un servicio a través de la Ley 26/1984, de 19 de julio, de defensa de los consumidores y usuarios en España, tal y como se expresa en el artículo 1: “A los efectos de esta ley son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales, bienes muebles o inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada, individual o colectiva de quienes los producen, facilitan, suministran o expiden”.
La Ley protege al consumidor de los riesgos para su salud o su seguridad, así como de las situaciones de inferioridad, subordinación o indefensión, en el artículo 23 diciendo que serán “Los poderes públicos y concretamente los órganos y servicios de las administraciones públicas competentes en materia de consumo, adoptarán o promoverán las medidas adecuadas para suplir o equilibrar las situaciones de inferioridad, subordinación o indefensión en que pueda encontrarse, individual o colectivamente, el consumidor o usuario”.
Para evitar estas situaciones se promoverán campañas o actuaciones programadas de control de calidad, con mención expresa de las personas, empresas o entidades.
El artículo 25 del capítulo octavo de la ley vela porque el consumidor y los usuarios afectados puedan exigir responsabilidades, de tal forma que “tienen derecho a ser indemnizados por los daños y perjuicios que el consumo de bienes o la utilización de productos o servicios les irroguen, salvo que estén causados por su culpa exclusiva o por la de las personas de las que deba responder civilmente”; considerando sometido a este régimen de responsabilidad a los medios de transporte.
Y no traten de eludir responsabilidades y/o actuaciones, ya que no se trata de un tema de seguridad para los viajeros. No solo no es peligroso, sino que está amparado por la ley de ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.
Extracto de la normativa:
El acceso de las personas viajeras con movilidad reducida deberá realizarse garantizando su máxima seguridad y de acuerdo con la normativa de aplicación.
Las personas viajeras con movilidad reducida que no puedan subir el escalón de acceso al vehículo lo señalarán a la persona que conduzca, que facilitará su embarque. Podrán acceder y descender del vehículo por la puerta cuya utilización les proporcione mayor comodidad y les obligue a realizar un menor esfuerzo físico.
Quienes se desplacen en silla de ruedas, o vehículos eléctricos tipo escúter, accederán por la puerta habilitada para ello, una vez accionado el sistema de inclinación o arrodillamiento y la rampa o plataforma elevadora de acceso y, situándose hacia delante o hacia atrás, según el caso, respecto del sentido de la marcha del vehículo, con el freno accionado. Siempre que sea posible, además, deberán sujetarse, adecuadamente, con el cinturón de seguridad del vehículo.
Con carácter general, sólo se permitirá la permanencia simultánea de dos personas en silla de ruedas en la plataforma del vehículo.
Las personas que se desplacen en sillas de ruedas, y/o vehículos eléctricos, tendrán preferencia en el acceso al vehículo respecto de las personas menores transportadas en coches y sillas o de las bicicletas, salvo que estas ya se encuentren en el interior del mismo.
Esta petición será entregada a:
- Ayuntamiento de Cáceres
- Alcaldesa-PresidentaSª María Elena Nevado del Campo
- Concejal Delegado de Accesibilidad, Asuntos Sociales y MujerSra. María Luisa Caldera Andrada
- Concejal Delegado de Medio Ambiente, Infraestructuras Estratégicas y Servicios PúblicosSra. María Montaña Jiménez Espada
- Concejal Delegado de Urbanismo, Patrimonio y ContrataciónSr. Valentín Enrique Pacheco Polo
- Director General - Subus Grupo De Transporte SlSr. José Luis Romillo Fidalgo.
Inglaterra se salta a la torera lo que las naciones Unidas incluyerón como territorios a descolonizar.
José Manuel García-MargalloEl Gobierno británico respondió ayer a la información de ABC cerrándose en banda a abrir la negociación que demanda el Ejecutivo español. Reitera que está «convencido de la soberanía del Reino Unido sobre la totalidad de Gibraltar», e incluso incluye en ella lo que denomina «las aguas territoriales británicas de Gibraltar».
Tratado de Utrecht de 1713Boris JohnsonEn tono asertivo, remarcan también que «el Gobierno británico está convencido de que la soberanía del Reino Unido sobre la totalidad de Gibraltar, incluidas las aguas del territorio británico de Gibraltar».
El Brexit supone un enorme quebradero de cabeza para Gibraltar, un enclave considerado por los organismos internacionales como un paraíso fiscal, por sus bajos gravámenes y su opacidad. En el referéndum del pasado 23 de junio, los gibraltareños fueron los votantes más partidarios de permanecer en la UE, con un apoyo del 96% para el «Remain».
Pasaporte europeo
Fabian PicardoDavid DavisEn los dos referendos sobre qué soberanía prefieren, en 1967 y 2002, los gibraltareños optaron casi universalmente por la británica. De hecho, en el último de ellos el apoyo fue del 99%. Pero esa unanimidad podría romperse en el futuro si un Brexit duro los priva del acceso a Europa. La pérdida del pasaporte europeo podría hundir su boyante economía, basada principalmente en el juego por internet, los seguros y los fondos de inversión, todo con una fiscalidad agresivamente baja, que supone de hecho una competencia desleal para los estados europeos. El contrabando es también endémico en el Peñón.
Rafael Catalá«Ha estado en instalaciones militares, ha visitado un buque de guerra y ha hecho declaraciones sobre la soberanía que son innecesarias y ofensivas», declaró entonces Catalá, que reconoció que el Gobierno español se sentía «molesto». El ministro de Justicia recordó que «les hemos ofrecido permanentemente diálogo sobre Gibraltar». Según su versión, el Gobierno español conoció la visita del ministro inglés cuando ya se estaba produciendo.
División
Theresa MayWolfgang Schäuble
A poca distancia de Losar se encuentra la Marina islas de Valdecañas
Hay 36,42 km de distancia entre Losar de la Vera y El Gordo y 53 km por carretera.
Un conflicto con aroma a lucha de clases vuelve a tener por escenario las tierras de Extremadura, como ocurriera en la magistral 'Los santos inocentes'. Aunque las circunstancias nada tienen que ver con la historia imaginada por Miguel Delibes, en este siglo XXI un paraje idílico de Cáceres vuelve a ser escenario de otra pugna entre poder económico y tradicionalismo. Una historia a la que no le falta ningún ingrediente: un espacio natural protegido, donde se ha construido un resort de lujo; la familia del Rey de España, situada tras esta promoción; unas administraciones que dieron lo mejor de sí para favorecer al poderoso, y una sentencia del Tribunal Supremo que ordena, 6 años después de iniciada su construcción -aún inconclusa-, derribar el paradisiaco complejo turístico.
Se trata de la Isla de Valdecañas, un privilegiado enclave a unos 30 kilómetros de Navalmoral de la Mata. Una isla que se creó al llenar con agua del Tajo el pantano de Valdecañas -construido durante el franquismo en 1963- y donde en 2004 se inició el proceso para urbanizar, con la petición de los permisos correspondientes. La Junta de Extremadura -presidida por Juan Carlos Rodríguez Ibarra- dio vía libre a la promotora Marina Isla de Valdecañas, S.A., con sede social en Sevilla, para levantar un complejo turístico con viviendas, dos hoteles, puerto fluvial y campo de golf.
Paca Blanco,
Los ecologistas alegaron que la zona era protegida y que la Junta (entonces liderada por el PSOE) se había saltado su especial condición para permitir urbanizar, tal y como se puede leer en la demanda original presentada en 2008. El escrito hace notar que el gobierno extremeño ignoró los planes generales urbanísticos de los municipios afectados, para dar a esa zona un uso residencial de segunda vivienda que no estaba permitido, algo que se hizo "con una sorprendente celeridad y el más absoluto desprecio a la coherencia territorial, al estudio de la viabilidad económica y al interés general".
Liderados por la 'heroína' Paca Blanco, los ecologistas iniciaron un proceso judicial dirigido por el abogado José María Trillo Figueroa, convencidos desde el primer momento de la irregularidad de las obras: "Ya comenzaron mal, porque para empezar a construir desecaron el Tajo, lo que dio lugar a la desaparición de la fauna. Desde entonces, se han saltado una norma ecológica tras otra", confiesa la combativa Paca Blanco a Vozpópuli, una mujer que asegura cobrar una renta mínima y que ha tenido que marcharse del pueblo de El Gordo por las agresiones físicas y verbales de la gente, que en su inmensa mayoría está a favor de la continuidad de Marina de Valdecañas, ya que lo ven como fuente de riqueza de la que vive casi todo el pueblo. Para Blanco, este convencimiento se debe a que "se les ha tratado como tratan los ricos a los pobres: haciendo regalos para tenerlos contentos en una especie de 'Bienvenido Mr. Marshall'".
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dio la razón a Ecologistas en Acción, y la pasada semana el Supremo ha hecho lo propio. Un segundo revés judicial para el gobierno extremeño, que deja en situación muy complicada a los propietarios: muchos han firmado hipotecas por esas viviendas y tienen sus títulos de propiedad perfectamente legales (la Junta actuó bajo la premisa de 'hechos consumados' antes de saber la resolución legal del conflicto). Ahora, sus lujosas casas quedan en un limbo jurídico que podría llevar, si se cumple la sentencia del Alto Tribunal en términos estrictos, a poner fin a este paraíso en las faldas de la sierra de Gredos, en el que se solazan madrileños -el lugar dista apenas 160 kilómetros de la capital- de posición económica acomodada.
El último cartucho de la Junta
Pero Mérida aún no se da por vencida, e impugnará ante el Constitucional la sentencia del Supremo. Su argumento es que "se ha vulnerado el principio de legalidad consagrado en el artículo 9.1. de la Constitución Española (...) el proyecto de Valdecañas, tras las molificaciones de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura tanto en 2010 como en 2011, es un proyecto legal, ya que esta reforma ampara las actuaciones anteriormente realizadas y las legaliza, lo que obvia el Tribunal Supremo". Desde Ecologistas en Acción, la ONG que preparó la demanda original, ven cogido por los pelos este argumento jurídico. Sería ciertamente poco habitual que la doctrina del TC cambiara substancialmente el fallo del TS.
El ejecutivo extremeño asegura estar analizando las diferentes sentencias del TS "en las que la innovación del procesamiento como causa de imposibilidad legal en casos similares a los de Valdecañas, se debe al hecho de que con la molificación, el objeto de la litis-la obra, la instrucción o actuación discutida, ha pasado a ser legal. Por lo tanto, de ejecutarse la sentencia en sus estrictos términos, resultaría contrario al ordenamiento vigente, con lo que se vulneraría el principio de legalidad consagrado en el art. 9.1 de la CE".
A quien perjudica la isla de Valdecañas .- A los ecologistas, ellos van a dar de comer al pueblo que se quedaran sin trabajo o ya se quedaron.
Reduciría el coste económico y ambiental que alega la Junta de Extremadura para oponerse al mismo y se plantearía una "solución posible y beneficiosa" para la comunidad.
Ecologistas en Acción de Extremadura, junto a un equipo multidisciplinar de profesionales de las organizaciones n'UNDO, Ecómetro y Creando Redes, ha elaborado un informe que establece que el complejo residencial y de ocio Marina Isla de Valdecañas "puede desmantelarse" mediante "procedimientos sostenibles".
Con dichos procedimientos, según ha informado en nota de prensa la asociación ecologista, se reduciría el coste económico y ambiental que alega la Junta de Extremadura para oponerse al mismo y se plantearía una "solución posible y beneficiosa" para la comunidad al conflicto generado por la construcción de dicho proyecto.
La propuesta se asienta sobre cuatro pilares (desmantelamiento selectivo, gestión de residuos, evaluación del impacto del ciclo de vida y restauración ecológica) que definirían la estrategia a seguir para "recuperar" el entorno de Isla de Valdecañas.
Así, se ofrece una "solución completa" a las diferentes problemáticas existentes y una alternativa para mejorar la gestión del desarrollo rural de la zona, además, estas estrategias proponen "ventajas frente a los métodos utilizados convencionalmente".
En cuanto al desmantelamiento selectivo con gestión de residuos, este factor podría reducir entre un 7 por ciento y un 14 por ciento los costes frente a la demolición tradicional, ya que es posible reciclar entre un 70 por ciento y un 95 por ciento del material de demolición.
Asimismo, la gestión de residuos selectiva in situ frente a la no selectiva permitiría seleccionar el método de gestión de residuos enfocada a cada tipo y además evita la generación de vertederos eventuales.
Por su parte, el informe sugiere la elección del método Análisis del Ciclo de Vida (ACV) del proyecto Marina Isla de Valdecañas, ya que contempla una amplia categoría de impactos, entre los que está incluida la huella de carbono.
A diferencia de otras metodologías que se centran en la mejora de los impactos de los procesos, el ACV estudia los aspectos medioambientales y los impactos potenciales a lo largo de la vida de los productos, ha explicado Ecologistas en Acción.
Finalmente, y en cuanto a la restauración ecológica, la recuperación de este espacio tras la deconstrucción de los edificios existentes permitiría "reconectar este espacio con la ZEPA Embalse de Valdecañas, dándole continuidad a este espacio protegido".
"Esta conectividad puede prolongarse con la red de espacios protegidos alrededor de esta ZEPA, dotando de mayor resiliencia a sus ecosistemas y la biodiversidad que albergan", ha indicado.
Ecologistas en Acción ha considerado que el proyecto de Marina Isla de Valdecañas ha generado un conflicto en la zona que es "necesario resolver".
En esta línea, ha considerado que su propuesta tiene un "fuerte enfoque socioeconómico", donde el proceso de desmantelamiento y la recuperación medioambiental sea una "oportunidad para los ciudadanos de El Gordo", porque, en definitiva, "se revalorizará la Isla de Valdecañas respecto a su estado actual".
"Esta propuesta pone de manifiesto que existen otros métodos para desmantelar el complejo Marina Isla de Valdecañas sin dañar el medio ambiente y con costes económicos inferiores a los 34 millones que argumenta la Junta de Extremadura", ha apuntado
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Tribuna abierta
Saludos estimados seguidores de Losar de la Vera rural.-Abrimos este espacio para tener informado de las normas y obligaciones que tenemos los ciudadanos con dependencia.
Podremos en marcha un” Noticia-Denuncia-Foto “de las anomalías con las que se encuentran las personas dependiente en la ciudad de Losar de la Vera en las vías y calle de nuestra ciudad y que deberán ser subsanadas por nuestro _ayuntamiento, por ejemplo los obstáculos en las aceras, bordillos demasiados altos para ser subidos por un dependiente y su ayudante.
Queremos una ciudad optimizada para los minusválidos y dependiente de nuestra localidad
Hiremos subiendo todos y cada uno de los derechos que dicta el Decreto 8/1997 de 18/Junio
A quien corresponda en competencias.
Carta abierta al ayuntamiento
Algun dia nuestra ciudad tendras tantas sillas de rueda de minusvalido , que el ayuntamiento tendra que darle solucción a prisa y corriendo, porque no empezar ya a legislar lo que compete al area, asi como crear un indentificativo.- Camino que casi en todos los ayuntamiento estan puesto ya a la tarea de dar a los vecinos una nueva calidad de vida con sus Scooter Electricas.
Accesibilidad
La constitución encomienda a los poderes públicos el deber de facilitar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos y más concretamente a aquellos que se encuentran en situaci�n de limitación en relación con el medio. Para que los derechos fundamentales constitucionales puedan ser ejercidos de similar forma por toda la ciudadanía, las barreras que obstaculizan el acceso a los mismos a determinados colectivos deben ser suprimidas, promoviendo a la vez que las nuevas edificaciones, espacios públicos, medios de transporte y sistema de comunicacion sean accesibles para todos con independencia de sus limitaciones.
En los últimos años en nuestra región se han registrados bastantes avances en materia de accesibilidad fruto de un convencimiento social, fomentado por asociaciones e instituciones, así como de la voluntad política de las instituciones extremeñas. En este sentido COCEMFE-Cáceres ha sido y sigue siendo parte activa este proceso puesto que, las premisas fundamentales para nosotros es alcanzar la plena accesibilidad en todos los ámbitos de nuestra vida; poder pasear por la ciudad, visitar monumentos, ir al cine, acceder a la biblioteca, etc., son tareas que a diario pueden frustrar la intencion de sentirnos igual al resto de personas sin discapacidad.
En 1997 se aunaron los criterios dispersos por diferentes normativas existen hasta el momento en materia de accesibilidad y se promulga las Ley 8/1997 de Promoción de la accesibilidad en Extremadura y su respectivo reglamento. Años después fueron modificado por la aprobación de la Ley 6/2002 de Medidas de apoyo en materia de autopromocion, accesibilidad y suelo.
Si lo desea, puede ver la Ley modificada y su último reglamento en formato pdf:
- Ley 8/1997 de 18 de junio, Promoci�n de la Accesibilidad en Extremadura.
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Artículo 4 Niveles de accesibilidad
A los efectos de supresión de las barreras arquitectónicas, se consideran tres tipos de espacios, instalaciones o servicios accesibles a personas con limitaciones: Los adaptados, los practicables y los convertibles.
a) Adaptados: Un espacio, una instalación o un servicio se considera adaptado si se ajusta a los requerimientos funcionales y dimensionales necesarios para garantizar su utilización de manera autónoma por las personas con movilidad reducida o cualquier otra limitación.
b) Practicables: Un espacio, una instalación o un servicio se considera practicable cuando, sin ajustarse a todos los requerimientos antes citados, ello no impide su utilización de forma autónoma por las personas con movilidad reducida o cualquier otra limitación.
c) Convertibles: Un espacio, una instalación o un servicio es convertible cuando con modificaciones de escasa entidad, que no afecten a su configuración esencial, pueden transformarse, como mínimo, en practicables.
Artículo 3 Definiciones
1. A los efectos de la presente Ley, se entiende por personas con limitación, aquellas que, permanente o transitoriamente, tienen limitada su capacidad de relación con el entorno, teniendo dificultades para moverse y/o desplazarse dentro del mismo, salvar desniveles, alcanzar objetos situados a gran altura o para ver u oír con normalidad.
2. Se entiende por accesibilidad aquella característica del urbanismo, de la edificación, el transporte y los sistemas de comunicación sensorial que permiten su uso y disfrute a cualquier persona, con independencia de su condición física, psíquica o sensorial, de manera autónoma.
3. Se consideran barreras arquitectónicas cualquier impedimento u obstáculo que limite o impida el acceso, la libertad de movimiento, la estancia y la circulación con seguridad de las personas.
Las barreras arquitectónicas se clasifican en:
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3.1. Barreras arquitectónicas urbanísticas: Son las existentes en las vías urbanas, zonas de acceso a las mismas, parques públicos y espacios libres de uso público o común.
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3.2. Barreras arquitectónicas en la edificación: Son aquellas situadas en el acceso y/o en el interior de los edificios, tanto públicos como privados.
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3.3. Barreras en el transporte: Son todas aquellas que existen en las infraestructuras o instalaciones fijas, en el material móvil y en la conexión entre ellos, así como en otros elementos del transporte.
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3.4. Barreras en la comunicación con el entorno: Son aquellas que existen en los sistemas de información y señalización utilizados en la urbanización, la edificación o el transporte y que dificultan a las personas con discapacidad sensorial la utilizació n del medio por la imposibilidad o dificultad de emisión o recepción de mensajes.
4. Son ayudas técnicas aquellos instrumentos que, como intermediarios entre las personas con cualquier tipo de limitación y el entorno, a través de medios mecánicos o estáticos, les garantizan una mayor seguridad, y les permiten una mayor movilidad y autonomía, mejorando su calidad de vida y su relación con el entorno.
Artículo 2 Ambito de aplicación
La presente Ley será de aplicación, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a las actuaciones en el planeamiento, gestión y ejecución en materia de urbanismo, edificación, ya sea de nueva construcción o de rehabilitación, así como en transportes y comunicaciones, que se realicen por cualquier persona física o jurídica, de carácter público o privado.
En forma gradual y en los plazos que se fijan, los espacios públicos, edificios, transportes y medios de comunicación, hoy no accesibles, deberán adaptarse a lo establecido en la presente Ley.
Artículo 1 Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto garantizar la accesibilidad y la utilización de los bienes y servicios de la sociedad a todas las personas y especialmente a aquéllas con movilidad reducida o con cualquier otra limitación física, psíquica o sensorial de manera permanente o transitoria.
Asimismo, es objeto de esta Ley regular las ayudas técnicas adecuadas para mejorar la calidad de vida de dichas personas y promover su utilización, estableciendo la normativa y criterios básicos tendentes a suprimir y evitar cualquier tipo de barrera u obstáculo físico o sensorial y las medidas de fomento, control, evaluación y sanciones para el cumplimiento de las mismas.
TITULO I
Objeto y ámbito de aplicación
- Decreto 8/2003 de 8 enero, Reglamento de Promoci�n de la Accesibilidad en Extremadura.
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Artículo 4 Niveles de accesibilidad
A los efectos de supresión de las barreras arquitectónicas, se consideran tres tipos de espacios, instalaciones o servicios accesibles a personas con limitaciones: Los adaptados, los practicables y los convertibles.a) Adaptados: Un espacio, una instalación o un servicio se considera adaptado si se ajusta a los requerimientos funcionales y dimensionales necesarios para garantizar su utilización de manera autónoma por las personas con movilidad reducida o cualquier otra limitación.
b) Practicables: Un espacio, una instalación o un servicio se considera practicable cuando, sin ajustarse a todos los requerimientos antes citados, ello no impide su utilización de forma autónoma por las personas con movilidad reducida o cualquier otra limitación.
c) Convertibles: Un espacio, una instalación o un servicio es convertible cuando con modificaciones de escasa entidad, que no afecten a su configuración esencial, pueden transformarse, como mínimo, en practicables.
Artículo 3 Definiciones
1. A los efectos de la presente Ley, se entiende por personas con limitación, aquellas que, permanente o transitoriamente, tienen limitada su capacidad de relación con el entorno, teniendo dificultades para moverse y/o desplazarse dentro del mismo, salvar desniveles, alcanzar objetos situados a gran altura o para ver u oír con normalidad.
2. Se entiende por accesibilidad aquella característica del urbanismo, de la edificación, el transporte y los sistemas de comunicación sensorial que permiten su uso y disfrute a cualquier persona, con independencia de su condición física, psíquica o sensorial, de manera autónoma.
3. Se consideran barreras arquitectónicas cualquier impedimento u obstáculo que limite o impida el acceso, la libertad de movimiento, la estancia y la circulación con seguridad de las personas.
Las barreras arquitectónicas se clasifican en:
- 3.1. Barreras arquitectónicas urbanísticas: Son las existentes en las vías urbanas, zonas de acceso a las mismas, parques públicos y espacios libres de uso público o común.
- 3.2. Barreras arquitectónicas en la edificación: Son aquellas situadas en el acceso y/o en el interior de los edificios, tanto públicos como privados.
- 3.3. Barreras en el transporte: Son todas aquellas que existen en las infraestructuras o instalaciones fijas, en el material móvil y en la conexión entre ellos, así como en otros elementos del transporte.
- 3.4. Barreras en la comunicación con el entorno: Son aquellas que existen en los sistemas de información y señalización utilizados en la urbanización, la edificación o el transporte y que dificultan a las personas con discapacidad sensorial la utilizació n del medio por la imposibilidad o dificultad de emisión o recepción de mensajes.
4. Son ayudas técnicas aquellos instrumentos que, como intermediarios entre las personas con cualquier tipo de limitación y el entorno, a través de medios mecánicos o estáticos, les garantizan una mayor seguridad, y les permiten una mayor movilidad y autonomía, mejorando su calidad de vida y su relación con el entorno.
Artículo 2 Ambito de aplicación
La presente Ley será de aplicación, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a las actuaciones en el planeamiento, gestión y ejecución en materia de urbanismo, edificación, ya sea de nueva construcción o de rehabilitación, así como en transportes y comunicaciones, que se realicen por cualquier persona física o jurídica, de carácter público o privado.
En forma gradual y en los plazos que se fijan, los espacios públicos, edificios, transportes y medios de comunicación, hoy no accesibles, deberán adaptarse a lo establecido en la presente Ley.
Artículo 1 Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto garantizar la accesibilidad y la utilización de los bienes y servicios de la sociedad a todas las personas y especialmente a aquéllas con movilidad reducida o con cualquier otra limitación física, psíquica o sensorial de manera permanente o transitoria.
Asimismo, es objeto de esta Ley regular las ayudas técnicas adecuadas para mejorar la calidad de vida de dichas personas y promover su utilización, estableciendo la normativa y criterios básicos tendentes a suprimir y evitar cualquier tipo de barrera u obstáculo físico o sensorial y las medidas de fomento, control, evaluación y sanciones para el cumplimiento de las mismas.
TITULO I
Objeto y ámbito de aplicación
Que vaya tomando buena nota la concejalia de movilidad del Ayuntameinto de Losar de la Vera
Ayuntamiento de Benidorm (Alicante)
La concejalía de movilidad que dirige Mari Carmen Martínez en colaboración con la policía Municipal, y tras constatar la problemática que está ocasionando el incremento de circulación por la vía publica de sillas de rueda propulsada por motor eléctrico, van a estudias y propones en su caso la modificación de la legislación vigente, para ejercer un mayor control sobre el uso de estos artilugios.
Actualmente, el usuario con la silla de rueda con motor eléctrico, tiene la consideración de “peatón”, por lo que se le aplica la normativa de tráfico aplicable a los peatones y que viene regulada en el Reglamento General de Circulación, que entre las cuestiones, les obliga a circular al paso humano.
No obstante, la normativa vigente impide aplicar con claridad un criterio para un uso adecuado, por lo que desde la sección de tráfico de la Policía Local y el departamento de movilidad se propondrán tantas modificaciones legales sean necesarias y que silva para regular el uso de silla de ruedas propulsadas eléctricamente, ya que están produciendo una seria de incidencia en su tránsito y estacionamiento que altera la coexistencia entre los distintos usuarios de la vía pública.
¿Cuando la concejalía de la juventud del ayuntamiento de losar de la Vera se implica junto a la enfermera en Educación Diabetológica del Centro de Salud de Losar de la Vera?...
Deja tu opinión, a ti tambien te incumbe en rgalapero@hotmail.es
El árbol es uno de los símbolos más poderosos de la vida, de la Tierra y es el punto de unión de los 3 reinos: cielo, tierra y agua y la ENCINA es el árbol y es el símbolo mas poderoso y representativo de la naturaleza. La ENCINA crece muy alegre en cualquier terreno, sobre todo en terrenos donde otras espacies de árboles no pueden crecer: arenosos, húmedos, muy sueltos, rocosos.
Es un árbol robusto y frugal, crece lento, primero es un arbusto y luego de 5 años empieza a desarrollar su tronco, a los 15 años da sus primera bellotas y se vuelva un árbol con una ostentosa copa con hojas perennes que da mucha sombra.
La raíz se clava fuertemente al subsuelo y su raíz principal es larga con ramificaciones gruesas y profundas que se extienden a gran distancia.
De corteza oscura y resquebrajada, de tronco corto, a veces derecho, a veces torcido, de copa ancha y voluminosa, que da mucha sombra, siempre verde.
de ramaje denso e intrincado.
Se adapta a toda gama de suelos y condiciones climáticas.
La edad media es de 400 años pudiendo alcanzar los 1000 años
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Sale el 1º de los Inhabilitado del Congreso de los
diputados por el Tribunal Constitucional
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