25-S Elecciones autonómicas Galicia y País Vasco
PARTICIPACIÓN: 1.438.054 / 63,75%
ESCRUTADO: 100%
2016
2012
| ESCAÑOS | VOTOS | % | ||
| PP | 41 | 676.676 | 48% | |
| EN MAREA | 14 | 271.418 | 19% | |
| PSOE | 14 | 254.552 | 18% | |
| BNG | 6 | 118.982 | 8% | |
PARTICIPACIÓN: 1.067.354 / 62,26%
ESCRUTADO: 100%
2016
2012
| ESCAÑOS | VOTOS | % | ||
| PNV | 29 | 397.664 | 38% | |
| BILDU | 17 | 224.254 | 21% | |
| PODEMOS | 11 | 156.671 | 15% | |
| PSOE | 9 | 126.139 | 12% | |
| PP | 9 | 107.357 | 10% | |
El pasado sábado, ABC llevó a su portada el plan del ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, para intentar convertir las secuelas del Brexit en una buena oportunidad para España en el enquistado contencioso secular sobre Gibraltar. «España ofrecerá la cosoberanía sobre Gibraltar para salvarlo del Brexit», titulaba el periódico, en una información firmada por José María Carrascal,
experto en el conflicto y autor de libros sobre él. «Sus ciudadanos
disfrutarán de la doble nacionalidad y de un estatuto con un
autogobierno similar al actual», explicaba la noticia.
El Gobierno británico respondió ayer a la información de ABC cerrándose
en banda a abrir la negociación que demanda el Ejecutivo español.
Reitera que está «convencido de la soberanía del Reino Unido sobre la
totalidad de Gibraltar», e incluso incluye en ella lo que denomina «las
aguas territoriales británicas de Gibraltar».
Lo
cierto es que la apropiación de las aguas, que se ha convertido en un
hecho consumado con el paso de los siglos, vulnera lo estipulado en el Tratado de Utrecht de 1713,
acuerdo por el que España cedió el Peñón a los británicos en los
siguientes términos: «La plena y entera propiedad de la ciudad y
castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas
que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente para que la
tenga y goce». Como se ve, no se incluyen ni se mencionan los derechos
marítimos, más allá de las instalaciones portuarias.
En un comunicado remitido a ABC en respuesta a su información del sábado, el Foreing Office, el ministerio de Exteriores británico, cuyo titular es Boris Johnson,
señala que «mantendremos nuestras garantías de que Gibraltar nunca
entrará en arreglos bajo los cuales la gente de Gibraltar pudiese pasar a
estar bajo la soberanía de otro Estado en contra de sus deseos. Además,
el Reino Unido ha garantizado que no entrará en ningún proceso de
negociación de soberanía con el que Gibraltar no esté satisfecho».
En
tono asertivo, remarcan también que «el Gobierno británico está
convencido de que la soberanía del Reino Unido sobre la totalidad de
Gibraltar, incluidas las aguas del territorio británico de Gibraltar».
El
Brexit supone un enorme quebradero de cabeza para Gibraltar, un enclave
considerado por los organismos internacionales como un paraíso fiscal,
por sus bajos gravámenes y su opacidad. En el referéndum del pasado 23
de junio, los gibraltareños fueron los votantes más partidarios de
permanecer en la UE, con un apoyo del 96% para el «Remain».
Pasaporte europeo
Nada más consumarse contra pronóstico el triunfo del Brexit, el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo,
inició una nerviosa ofensiva diplomática ante el Gobierno de Londres,
en busca de garantías de que el Peñón no perderá su pasaporte europeo,
algo que no le pudieron ofrecer, más allá de decirle que se contará con
ellos en las conversaciones con Europa.
En realidad, el Ejecutivo
de May ni siquiera tiene claras todavía las líneas capitales de su
negociación con la UE y se limita a repetir el eslogan tautológico de
que «Brexit significa Brexit». Desde el referéndum del 23 de junio,
Picardo ha conseguido reunirse en Londres con May -que lo vio un cuarto
de hora en una sala de los Comunes-, con Boris Johnson y con David Davis,
el titular del nuevo ministerio para la Salida de la UE. El más
explícito fue Johnson, que en la línea de lo que ahora reitera,
manifestó tras verse con Picardo que no se abriría ninguna negociación
sobre la soberanía en contra del criterio de los gibraltareños. Para el
Partido Conservador, Gibraltar es un símbolo del nacionalismo inglés,
con reminiscencias de añejas nostalgias imperiales.
En los dos
referendos sobre qué soberanía prefieren, en 1967 y 2002, los
gibraltareños optaron casi universalmente por la británica. De hecho, en
el último de ellos el apoyo fue del 99%. Pero esa unanimidad podría
romperse en el futuro si un Brexit duro los priva del acceso a Europa.
La pérdida del pasaporte europeo podría hundir su boyante economía,
basada principalmente en el juego por internet, los seguros y los fondos
de inversión, todo con una fiscalidad agresivamente baja, que supone de
hecho una competencia desleal para los estados europeos. El contrabando
es también endémico en el Peñón.
Gibraltar ha sido una y otra vez
fuente de roces entre los gobiernos de España y el Reino Unido, buenos
aliados en otras materias y con un gran intercambio humano, con muchos
españoles trabajando en el Reino Unido y una enorme colonia de
pensionistas británicos afincados en España y disfrutando de su sanidad y
servicios. El pasado mayo, Rafael Catalá, ministro de
Justicia, dio plantón a una recepción de Cameron en Downing Street, con
motivo de una cumbre contra la corrupción en Londres. Catalá se negó a
acudir en protesta por la visita que había cursado aquellos días a
Gibraltar el ministro británico de Exteriores en la que incluso visitó
instalaciones militares.
«Ha estado en instalaciones militares,
ha visitado un buque de guerra y ha hecho declaraciones sobre la
soberanía que son innecesarias y ofensivas», declaró entonces Catalá,
que reconoció que el Gobierno español se sentía «molesto». El ministro
de Justicia recordó que «les hemos ofrecido permanentemente diálogo
sobre Gibraltar». Según su versión, el Gobierno español conoció la
visita del ministro inglés cuando ya se estaba produciendo.
División
El
problema con el que se va a encontrar Gibraltar es que los propios
conservadores están divididos en cómo gestionar el Brexit. Incluso se
han abierto las primeras fricciones entre los cameronistas y el nuevo
poder de Theresa May. Ayer, en un nuevo libro, el
exjefe de prensa de Cameron la acusó de haberlo traicionado trece veces
durante la campaña del referéndum.
Por su parte, Boris Johnson, el
jefe de la diplomacia, acaba de declarar que «es un completo camelo»
que no se pueda permanecer en el mercado único cortando al tiempo la
libre circulación de trabajadores. Con carga irónica de la dura, el
ministro de Economía alemán, Wolfgang Schäuble,
contestó el viernes diciendo que enviaría a Johnson una versión del
Tratado de Lisboa, a fin de que conozca las bases de la UE, e incluso se
ofreció a viajar a Londres «para explicárselo en buen inglés».
El Gobierno británico respondió ayer a la información de ABC cerrándose en banda a abrir la negociación que demanda el Ejecutivo español. Reitera que está «convencido de la soberanía del Reino Unido sobre la totalidad de Gibraltar», e incluso incluye en ella lo que denomina «las aguas territoriales británicas de Gibraltar».
En un comunicado remitido a ABC en respuesta a su información del sábado, el Foreing Office, el ministerio de Exteriores británico, cuyo titular es Boris Johnson, señala que «mantendremos nuestras garantías de que Gibraltar nunca entrará en arreglos bajo los cuales la gente de Gibraltar pudiese pasar a estar bajo la soberanía de otro Estado en contra de sus deseos. Además, el Reino Unido ha garantizado que no entrará en ningún proceso de negociación de soberanía con el que Gibraltar no esté satisfecho».
En tono asertivo, remarcan también que «el Gobierno británico está convencido de que la soberanía del Reino Unido sobre la totalidad de Gibraltar, incluidas las aguas del territorio británico de Gibraltar».
El Brexit supone un enorme quebradero de cabeza para Gibraltar, un enclave considerado por los organismos internacionales como un paraíso fiscal, por sus bajos gravámenes y su opacidad. En el referéndum del pasado 23 de junio, los gibraltareños fueron los votantes más partidarios de permanecer en la UE, con un apoyo del 96% para el «Remain».
Pasaporte europeo
Nada más consumarse contra pronóstico el triunfo del Brexit, el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, inició una nerviosa ofensiva diplomática ante el Gobierno de Londres, en busca de garantías de que el Peñón no perderá su pasaporte europeo, algo que no le pudieron ofrecer, más allá de decirle que se contará con ellos en las conversaciones con Europa.En realidad, el Ejecutivo de May ni siquiera tiene claras todavía las líneas capitales de su negociación con la UE y se limita a repetir el eslogan tautológico de que «Brexit significa Brexit». Desde el referéndum del 23 de junio, Picardo ha conseguido reunirse en Londres con May -que lo vio un cuarto de hora en una sala de los Comunes-, con Boris Johnson y con David Davis, el titular del nuevo ministerio para la Salida de la UE. El más explícito fue Johnson, que en la línea de lo que ahora reitera, manifestó tras verse con Picardo que no se abriría ninguna negociación sobre la soberanía en contra del criterio de los gibraltareños. Para el Partido Conservador, Gibraltar es un símbolo del nacionalismo inglés, con reminiscencias de añejas nostalgias imperiales.
En los dos referendos sobre qué soberanía prefieren, en 1967 y 2002, los gibraltareños optaron casi universalmente por la británica. De hecho, en el último de ellos el apoyo fue del 99%. Pero esa unanimidad podría romperse en el futuro si un Brexit duro los priva del acceso a Europa. La pérdida del pasaporte europeo podría hundir su boyante economía, basada principalmente en el juego por internet, los seguros y los fondos de inversión, todo con una fiscalidad agresivamente baja, que supone de hecho una competencia desleal para los estados europeos. El contrabando es también endémico en el Peñón.
Gibraltar ha sido una y otra vez fuente de roces entre los gobiernos de España y el Reino Unido, buenos aliados en otras materias y con un gran intercambio humano, con muchos españoles trabajando en el Reino Unido y una enorme colonia de pensionistas británicos afincados en España y disfrutando de su sanidad y servicios. El pasado mayo, Rafael Catalá, ministro de Justicia, dio plantón a una recepción de Cameron en Downing Street, con motivo de una cumbre contra la corrupción en Londres. Catalá se negó a acudir en protesta por la visita que había cursado aquellos días a Gibraltar el ministro británico de Exteriores en la que incluso visitó instalaciones militares.
«Ha estado en instalaciones militares, ha visitado un buque de guerra y ha hecho declaraciones sobre la soberanía que son innecesarias y ofensivas», declaró entonces Catalá, que reconoció que el Gobierno español se sentía «molesto». El ministro de Justicia recordó que «les hemos ofrecido permanentemente diálogo sobre Gibraltar». Según su versión, el Gobierno español conoció la visita del ministro inglés cuando ya se estaba produciendo.
División
El problema con el que se va a encontrar Gibraltar es que los propios conservadores están divididos en cómo gestionar el Brexit. Incluso se han abierto las primeras fricciones entre los cameronistas y el nuevo poder de Theresa May. Ayer, en un nuevo libro, el exjefe de prensa de Cameron la acusó de haberlo traicionado trece veces durante la campaña del referéndum.Por su parte, Boris Johnson, el jefe de la diplomacia, acaba de declarar que «es un completo camelo» que no se pueda permanecer en el mercado único cortando al tiempo la libre circulación de trabajadores. Con carga irónica de la dura, el ministro de Economía alemán, Wolfgang Schäuble, contestó el viernes diciendo que enviaría a Johnson una versión del Tratado de Lisboa, a fin de que conozca las bases de la UE, e incluso se ofreció a viajar a Londres «para explicárselo en buen inglés».
(Palabra de Pedro Sanchez)
Los sueños de Pedro Sanchez se convirtierón en realidad, se las dieron por todos los sitios, bajando a la ultima expresión como partido que un dia goberno España durante 28 años, la actitud de Pedro Sánchez roza la paranoya del Politico del siglo XXI
Ingles
After the 26th already talk (Word of Pedro
Sanchez) Pedro Sánchez dreams became reality, gave them everywhere, down to the
last expression as a party that one day ruled Spain for 28 years, Pedro Sánchez
attitude rubs the paranoid of 21st century politician.
Aleman
Nach dem 26. bereits sprechen
(Wort von Pedro Sanchez) Pedro Sánchez Träume Wirklichkeit geworden, gab ihnen
überall, bis auf den letzten Ausdruck als eine Partei, dass eines Tages
regierte Spanien seit 28 Jahren, Pedro Sánchez Haltung reibt die Paranoia des
21. Jahrhunderts Politiker.
Frances
Après que la 26e déjà parler
(parole de Pedro Sanchez) Pedro Sánchez rêves sont devenus réalité, leur donna
partout, jusqu'à la dernière expression en tant que partie qu’un jour gouverné
l’Espagne pendant 28 ans, Pedro Sánchez attitude frotte les paranoïaques du
politicien du XXIe siècle.
¡¡Esto es lo que nos ofrece Pedro Sánchez junto a Podemos!!
Lo dicho, en la ofensiva final ya sólo quedan "los últimos de Filipinas".
El “gobierno en la sombra” de Sánchez le abandona horrorizado por sus planes
¿Qué ha sido de Jordi Sevilla, Josep Borrell, Gregorio Cámara y aquellos expertos que en Mayo reclutó el líder socialista? Han dado la espantada. No quieren saber nada de él.
España puede volver el próximo domingo electoral a la casilla de salida. En concreto al mes de febrero, cuando Pedro Sánchez intentó ser investido con los 130 escaños que sumaban sus 90 parlamentarios y los 40 que entonces aportó Ciudadanos. Este jueves, el líder del PSOE lanzó a su entorno con un anuncio: tiene intención de reclamar a su Comité Federal luz verde para volver a intentar el llamado "gobierno del cambio" con Podemos, Ciudadanos, PNV, ERC y la antigua Convergencia. Sus escuálidos 85 escaños precisan sumar ahora apoyos de los populistas y los independentistas.
"Los últimos de Filipinas". Un diputado veterano crítico con Sánchez utiliza esta expresión para referirse al equipo que aún permanece fiel al secretario general. Con la mayoría de barones alzados en armas, la mayor parte del grupo parlamentario a la espera de un caudillo que lidere la rebelión, con la "vieja guardia" conspirando y con sus dos antecesores en el trono de Ferraz -Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero- tratando de apearle del cargo, a Sánchez apenas le quedan una decena de personas en su guardia de corps.
Apenas una decena de dirigentes integran ya la guardia pretoriana de Sánchez
Tres dirigentes territoriales, el catalán Miquel Iceta, la vasca Idoia Mendía y la balear Francina Armengol. Su secretario de Organización, César Luena. Y tres diputados, Antonio Hernando, Isabel Rodríguez y Patxi López. Este es el grueso del ejército de Sánchez para asaltar el Palacio de La Moncloa. Porque lo curioso del asunto es que ese gobierno en la sombra que el líder socialista presentó en mayo ha puesto pies en polvorosa.
Aquella ocurrencia
Jordi Sevilla, el supuesto ministro de Economía de Sánchez, no está estos días en las negociaciones que el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy está manteniendo con la cúpula socialista para desatascar los asuntos más urgentes que España debe llevar a Bruselas. Entre ellos la modificación del Impuesto de Sociedades prometida por el ministro Luis de Guindos para reducir en 6.000 millones de euros el déficit. Y los borradores de decreto que el Congreso deberá aprobar para evitar la congelación del salario de funcionarios y pensionistas.
Sevilla y Borrell, dos de los ministrables, han reclamado la abstención para que Rajoy forme gobierno
¿Y dónde está Sevilla, el "sabio" elegido por Sánchez? "Uy, dio la espantada hace meses", aseguran fuentes socialistas a ESdiario. Al parecer se hartó de advertir a su líder de que el PSOE debía facilitar la investidura de Rajoy y pasar a la oposición. Desde hace meses busca acomodo en el sector privado.
Tampoco el elegido para ocupar la cartera de Exteriores está dedicado estas semanas a viajar por Europa para tranquilizar a nuestros socios y adelantar los planes de Sánchez si llega a la Presidencia. Josep Borrell ya se mostró partidario tras las elecciones del 26 de junio de que el PP gobernara en minoría con la abstención socialista."Para que no tengamos que volver a votar alguien tiene que poder formar Gobierno, al menos con más votos a favor que en contra", dijo. Desde entonces, otro "sabio" que ha dado la espantada.
Sánchez ha reunido a su "gobierno en la sombra" un par de veces en un año sin que tampoco haya recibido instrucciones concretas. Igualmente nada se sabe del catedrático Gregorio Cámara, encargado de redactar el borrador de reforma constitucional que el líder del PSOE piensa plantear a sus futuros socios.
En este comité de sabios figuraban también el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo (Educación), la ex jueza Margarita Robles (Justicia) y el exconsejero vasco de Sanidad, Rafael Bengoa, que ha reemprendido su actividad profesional.
Lo dicho, en la ofensiva final ya sólo quedan "los últimos de Filipinas".
La Universidad de Florida pincha el suflé de la Diada: sólo asistieron 292.000 personas
Los organizadores habían dado a conocer que entre las cinco manifestaciones simultáneas congregaron a 955.000 personas
La Diada del 11 de septiembre en Cataluña ya tiene números oficiales calculados por terceros que, en principio, no están contaminados por la política local. Se trata de un estudio efectuado por el doctor Haroon Idrees, del Center for Research in Computer Vision (CRCV) de la Universidad Central de Florida a petición de Sociedad Civil Catalana (SCC), una entidad antiindependentista que quería un dictamen independiente alejado de las presiones de la política local. “Escogimos esta Universidad porque su sistema de recuento incluye modernísimos avances tecnológicos y es bastante infalible”, señalaron fuentes de SCC a El Confidencial.
Los organizadores habían dado a conocer que entre las cinco manifestaciones simultáneas (en Barcelona, Tarragona, Lleida, Brega y Salt) congregaron a 955.000 personas, aunque las cifras que calculó el Gobierno catalán a través de la consejería de Interior elevaban este número a alrededor de un millón. Este número queda lejos de las 815.000 personas que cifraron las policías locales. Por el contrario, los cálculos del Gobierno central quedan muy lejos de esas cifras: afirmó que sólo 370.000 catalanes se habían echado a las calles para asistir a las cinco convocatorias de la ANC y de Òmnium Cultural. El profesor Llorenç Badiella, de la Universidad Autónoma de Barcelona, cifró la asistencia en 625.000 manifestantes.
Pero todas esas cifras parecen quedar lejos de la realidad. Sociedad Civil Catalana (SCC), entidad antiindependentista, pidió a la Universidad de Florida que hiciese un cálculo de los asistentes utilizando los métodos que esta institución hace servir para casos semejantes. Y los resultados son más asombrosos: 292.000 manifestantes en una Diada que para los organizadores “fue un éxito” a pesar de que ya esperaban menos afluencia de gente que en ocasiones anteriores.
Los números de la Universidad de Florida coinciden con los que había dado SCC al mismo 11 de septiembre, que ya avanzó una afluencia de 290.000 manifestantes, repartidos entre los 140.000 de Barcelona (muy lejos de los 540.000 que decía la Guardia Urbana), los 65.000 de Tarragona, los 28.000 de Lleida, los 47.000 de Salt y los 12.000 de Berga. Para realizar ese Studio, según SCC, la entidad utilizó “el servicio de cálculo automático de superficies del Instituto Cartográfico de Cataluña, que consiste en “ajustar el número real de metros cuadrados ocupados y asignando una densidad media para cada una de las cinco concentraciones convocadas”.
Método utilizado
El método utilizado por el doctor Idrees se basa en el estudio de una secuencia de fotografías panorámicas dispuestas a lo largo del eje longitudinal de la concentración. Usando Google Maps en 3D, se procesan las imágenes mediante algoritmos desarrollados por el CRCV para un cálculo mediante una función de densidad lineal.
Basándose en estos parámetros, mediante las fotografías aéreas se determinó que la manifestación de Barcelona tenía una superficie de 115.000 metros cuadrados, mientras que la de Tarragona tenía 44.600, la de Lleida 20.700, la de Salt 18.300 y la de Berga, 6.900. Los números finales se obtienen mediante parámetros de cálculo de densidades y gracias, entre otras cosas, a las imágenes aéreas de TV3. Las fotografías eran divididas en segmentos de cuatro metros cuadrados (en cuadrados de 2 por 2 metros) y, de esta manera se determina la densidad de ocupación por zonas.
En la Diada del 2015, que llenó la Avenida Meridiana de Barcelona, los antiindependentistas cifraron la asistencia en 530.000 personas, muy lejos de los dos millones de manifestantes cifrados por los organizadores y que físicamente no podrían caber en el espacio físico en el que se realizó el acto. Según la Guardia Urbana, los asistentes el año pasado habían sido de 1,4 millones. Para ello, se basaban en una superficie de 344.000 metros cuadrados y estimaban una densidad de 4 personas por metro cuadrado, un criterio, según SCC, que era “insostenible”.
Con motivo de la Diada de 2013, SCC ya encargó al departamento de Estadística de la Universidad de Barcelona un estudio para conocer cuánta gente en realidad había participado en la gran cadena humana que teóricamente tenía que atravesar toda Cataluña de norte a sur. La Generalitat llegó a decir que en aquel acto participaron 1,6 millones de catalanes, que luego la ANC subió a “más de dos millones”. El estudio de la Universidad de Barcelona, que contó prácticamente los asistentes uno a uno desveló que los participantes fueron “del orden de 800.000, con un margen de error relativo estimado inferior al 2%” (repartidos entre 670.000 adultos y 130.000 menores), lo que no deja en muy buen lugar ni a las instituciones catalanas ni a los organizadores del evento.
Casi el 25% de los inmigrantes latinos no cobra ni 600 euros al mes en España
Más del 20% está en paro y el 60% de los ocupados tiene un empleo de baja cualificación. Solo un 5% percibe más de 1.200 euros mensuales mientras un 6,7% no llega a los 300.
Precariedad, bajos ingresos y empleos de baja cualificación. Así se resume la situación laboral de los inmigrantes latinoamericanos en España. Al menos dos de cada diez están en paro y casi el 25% no cobra ni 600 euros al mes, frente al 16% de españoles que tampoco alcanzan esos ingresos. Son datos de un estudio sobre remesas de migrantes bolivianos, colombianos, ecuatorianos, paraguayos, peruanos y dominicanos elaborado por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), miembro del Grupo Interamericano de Desarrollo (BID) y la consultora Novadays en cooperación con el CSIC.
Las dificultades para homologar los diplomas y acreditar su nivel educativo en España explican en parte que el 60% de los encuestados con empleo ocupe puestos de escasa cualificación. El 28% se gana la vida en restauración y comercio, frente a un 9% que trabaja en agricultura o ganadería y un 7% en construcción, entre otros. El 14% de los 2.005 migrantes entrevistados ejerce como personal doméstico o está especializado en el cuidado de personas, un sector al que se dedica solo el 3% de los españoles. Tanto los inmigrantes con estudios superiores como los que completaron educación secundaria tienen problemas para convalidar sus títulos y acceder a empleos con sueldos más altos.
De hecho, más de la mitad (54%) de los encuestados ingresa entre 600 y 1.200 euros cada mes, frente al 28% de la población total. Tan solo el 5% de los inmigrantes cobra un salario superior a los 1.200 euros, un porcentaje inferior al de latinos con ingresos inferiores a 300 euros mensuales (6,7%). Por países, destacan las bajas retribuciones de los ecuatorianos: casi un tercio de los encuestados de ese país percibe menos de 600 euros. Les siguen los bolivianos (24,8%), colombianos (24,33%), dominicanos (20%), paraguayos (19,5%) y peruanos (16,66%).
Con estos datos, queda claro que la población de origen latinoamericano tiene un nivel adquisitivo medio inferior al del conjunto de la población. Tan solo un 12% tiene una casa en propiedad en nuestro país -frente al 78% de los españoles-, si bien el 20% compró una vivienda en su país de origen. La tasa de inmigrantes con coche en España supera el 25%.
Vivir al día
¿Y los ahorros? La encuesta realizada en el verano de 2015 desvela que el 55% de los encuestados gastó todos o casi todos sus ingresos. Prueba de ello es que el 22% asegura que sería incapaz de hacer frente a un gasto inesperado de 2.000 euros, frente al 25% que tiene serias dudas. Solo el 35% consiguió guardar algo en el banco, una tasa que asciende al 68% en el caso de los españoles. Los más ahorradores fueron los dominicanos y colombianos.
La inmensa mayoría de los inmigrantes vive al día -como tantos otros españoles-. Aún así, el 69% logra enviar dinero a su país de origen unas cuatro o cinco veces al año, con picos durante Navidad o en el inicio del curso escolar. La cantidad media es de unos 1.000 euros anuales, sobre todo destinados a padres (55%) y hermanos (34%) que residen al otro lado del charco y necesitan ingresos extra para salir adelante, y el método preferido es una empresa de remesas por su rapidez. Solo un 12% recurre al banco.
La cuota de remesadores en 2007 era del 49%, veinte puntos por debajo de lo estimado este año. “Pese a la crisis y sus efectos negativos, los motivos de este incremento pueden estar relacionados con la diferente estrategia de muestreo seguida y con los posibles cambios en la composición de la población latina durante el tiempo transcurrido desde entonces”, justifica el estudio.
Muchas de las personas que ya no mandan recursos a su familiares explican que no tienen dinero suficiente para poder ayudarlos (53%), todos sus parientes se han establecido en España (20%) o no necesitan apoyo económico (24%). Los ecuatorianos (65%) y paraguayos (69%) son los menos proclives a enviar dinero a su país de origen, a diferencia de los colombianos y dominicanos (75%.)
¿Estoy obligado a depositar la fianza de un piso de alquiler?
Tengo una vivienda en alquiler. ¿Estoy obligado a depositar la fianza del piso alquilado?
Tengo una vivienda en alquiler. ¿Estoy obligado a depositar la fianza del piso alquilado en la Cámara de Comercio?
La fianza del piso alquilado debe depositarse en la Administración autonómica o en el ente público que designe cada comunidad autónoma, no en la Cámara de Comercio.
El artículo 36 de la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos establece que a la celebración del contrato será obligatoria la exigencia y prestación de fianza en metálico en cantidad equivalente a una mensualidad de renta en el arrendamiento de viviendas.
En este sentido, establece la disposición adicional tercera de la Ley de Arrendamientos Urbanos que las comunidades autónomas podrán establecer la obligación de que los arrendadores de finca urbana sujetos a la ley depositen el importe de la fianza regulada en el artículo 36.1, sin devengo de interés, a disposición de la Administración autonómica o del ente público que se designe hasta la extinción del correspondiente contrato.
Por lo tanto, la entidad donde debe depositarse la fianza del piso alquilado depende de la ubicación de la vivienda en alquiler. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, la fianza debe depositarse en la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad. El arrendador tiene un plazo de 30 días hábiles desde la celebración del contrato para realizar el correspondiente ingreso.
Sustancias químicas que comemos cada día (y en qué dosis son peligrosas)
La sal, el agua o la cafeína podrían matarte. Pero no te asustes: la cantidad necesaria es tan grande que no corres ningún peligro. En la dosis está el veneno
Decía el alquimista, médico y astrólogo suizo Paracelso que "solo la dosis hace el veneno". Es decir, que todas las sustancias por inocuas que parezcan son, alcanzando una determinada dosis, potencialmente peligrosas para el ser humano. Esta afirmación a veces es olvidada cuando surge una alerta por una sustancia concreta sin tener en cuenta que en muchos casos la cantidad necesaria para causarnos daño es tan alta que es virtualmente imposible alcanzarla.
Los aditivos químicos más habituales en los alimentos (y por qué no te deben preocupar)
Es lo que ha ocurrido a raíz de la alerta lanzada por la organización de consumidores Facua sobre la presencia de un colorante, el E-110, en el jarabe infantil Dalsy. La organización señala que el E-110 puede causar "efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños", según ha reconocido el Parlamento Europeo, y que el etiquetado del medicamento debería señalarlo así según la normativa sobre aditivos alimentarios.
Más allá del debate del etiquetado (medicamentos y alimentos están regulados de forma distinta), lo cierto es que, como explica el químico José María López Nicolás, las dosis de E-110 en el jarabe son tan bajas que, utilizando el medicamento de la forma que recomiendan los médicos sería imposible alcanzar la ingesta diaria admisible establecida por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. "Un niño que pese 10 kilos podría ingerir hasta 40 mg al día de este colorante... un valor 26,66 veces superior a los 1,5 mg que ingiere ese mismo niño con la dosis máxima de Dalsy", explica.
Ocurre lo mismo con muchas otras sustancias, tanto aditivos alimentarios como elementos químicos presentes de forma natural en algunos alimentos, que resultan peligrosas si su consumo se lleva a un extremo exagerado pero que resultan totalmente inocuas para quienes las comen dentro de una alimentación normal. Estos son algunos de esos 'venenos' que tomas a diario sin saberlo (ni sufrirlos).
Cafeína
Es la cafeína, y no el dinero o el amor, lo que hace girar el mundo. Este compuesto alcaloide es apreciado por los humanos por su efecto estimulante del sistema nervioso, que nos ayuda a combatir la somnolencia y a recuperar el estado de alerta. En una taza de café (unos 150 ml) hay un contenido de entre 65 y 120 mg de cafeína dependiendo de la variedad.
Según el Consejo Europeo de Información Alimentaria (EUFIC), se considera que un consumo total inferior a 300 mg al día no supone ningún problema para la salud; una dosis de entre 100 y 600 mg de cafeína permite pensar con rapidez y mejora la coordinación corporal, y las cantidades superiores a 2.000 mg "pueden causar insomnio, temblores y respiración agitada". Con 10 mg por kilo en el cuerpo, la dosis puede ser letal. Esa es la dosis letal mediana o LD50, la cantidad por kilo que mataría a la mitad de una muestra determinada. En una persona de unos 75 kilos, eso supondría entre 173 y 93 tazas de café. Nadie tiene tanto sueño.
Aspartamo y estevia
El aspartamo y la estevia son dos edulcorantes, uno de origen industrial y el otro procedente de una planta, utilizados a menudo en la industria alimenticia, especialmente en productos etiquetados como 'light' o sin azúcar. A pesar de los rumores y la fama que tiene sobre todo el primero, ambos son considerados seguros dentro de un consumo normal. Sin embargo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, en sus siglas en inglés) fija para ellos una ingesta diaria admisible dentro de la que es seguro consumirlos, y en este caso, el producto industrial tiene un margen de seguridad más amplio que el artificial.
En el caso del aspartamo, la IDA son 40 miligramos por kilo al día, lo que significa que una persona de 75 kilos tendría que tomar 3.000 miligramos para alcanzar esa dosis, lo que supone unas 60 pastillas diarias de 50 mg.
Si nos referimos a la sacarina, la IDA es diez veces menor, 4 mg por kilo al día. Esto supone 300 miligramos para una persona de 75 kilos, o lo que es lo mismo, 6 pastillas de estevia diarias.
Agua
Resulta paradójico que el agua, elemento indispensable para la vida, también pueda quitárnosla, pero es así si nos pasamos con la hidratación. El motivo es que si bebemos demasiada agua, de disuelve la sangre hasta entrar en un estado llamado hiponatremia.
Se considera hiponatremia cuando, a causa de un exceso de agua, la concentración de sodio en la sangre baja de 135 milimoles por litro, cuando el nivel habitual se sitúa entre 135 y 145. En esos casos, el agua inunda las células que se hinchan como globos para hacerle sitio. Muchas células tienen espacio suficiente para hacerlo, porque se encuentran en tejidos flexibles como la grasa o el músculos, pero no ocurre lo mismo con las neuronas, colocadas dentro del rígido cráneo. Una hiponatremia aguda causa que las células neuronales se llenen de agua y esto puede derivar en ictus, coma, hernia cerebral y e incluso causar la muerte.
¿Con cuánta agua podrías envenenarte? Según Science-Lab, la LD50 del agua es de 90 mililitros por kilo de peso, lo que supone unos 6,7 litros de agua para una persona de 75 kilos. Eso coincide aproximadamente con lo que calcula la Sociedad Americana de Química en este vídeo, que estima en 6 litros la cantidad que, de una sentada, puede ser mortal para un ser humano de ese peso. Si te mantienes en la norma de los 2 litros al día (que por cierto, no tiene mucha base científica) estás seguro.
Sal
Si un exceso de agua reduce los niveles de sales en la sangre hasta causar problemas en nuestro cuerpo, lo mismo ocurre si los niveles de sal son demasiado altos, por encima de los 158 milimoles por litro. El sodio, uno de los elementos químicos presentes en la sal, es un electrolito que regula cómo fluye el líquido hacia el interior y el exterior de nuestras células: cuando hay demasiado sodio en el líquido que rodea a las células, el agua sale de ellas por ósmosis para restaurar el equilibrio, lo que a su vez causa que las células no funcionen con normalidad.
Esto se llama hipernatremia (y su causa más habitual no es el exceso de sodio, sino el déficit de agua, aunque elefecto sea el mismo), y provoca síntomas como debilidad, letargo y falta de respuesta. En casos extremos pueden llevar a infartos cerebrales y coma. El LD50 (en ratas) es de 3.000 mg por kilo, lo cual, si lo extrapolamos a un ser humano de 75 kilos, supondrían 225 gramos en una sola dosis. Eso sería como tragar 15 cucharadas de sal.
Glutamato monosódico
El glutamato monosódico (E621) o glutamato de sodio, es la sal sódica del ácido glutámico. Es un aminoácido presente de forma natural en casi todos los alimentos, especialmente aquellos ricos en proteínas (como los lácteos, la carne o el pescado), y aporta un quinto sabor, más allá del dulce, salado, ácido y amargo, denominado 'umami'. Se utiliza en la industria alimentaria poque en las dosis adecuadas equilibra y armoniza el sabor de los platos, como las sopas, las carnes rojas, los pescados y ciertas verduras.
Durante mucho tiempo se ha especulado con los riesgos que el glutamato monosódico supone para la salud, pero las autoridades alimentarias lo consideran seguro si se consume de forma normal. De hecho, la EFSA no ha limitado una IDA para este compuesto. "Es uno de los ingredientes más estudiados de entre los alimentos que están a nuestra disposición. Cientos de investigaciones y numerosas evaluaciones científicas han llegado a la conclusión de que es un condimento seguro y práctico", concluye el EUFIC.
Solanina en las patatas
Otro alimento que consumimos de forma habitual y que puede resultar venenoso, en este caso no por la cantidad que consumamos, sino por su color. Las patatas, cuando presentan un color verde, tienen niveles altos de solanina, un compuesto llamado glicoalcaloide que les ayuda a defenderse de los insectos, y que es tóxica incluso en pequeñas cantidades.
Su toxicidad radica en que impide la formación del neurotransmisor acetilcolinesterasa, una enzima que se encuentra en los tejidos nerviosos y en los glóbulos rojos. Las patatas que consumimos de forma habitual tienen un contenido de glicoalcaloides menor a 0,2 mg por gramo, pero si han sido expuestas a la luz y han empezado a volverse verdes, la cantidad puede aumentar hasta 1 mg/g.
La dosis letal para un ser humano adulto es de entre 2 y 5 gramos por cada kilo de peso, así que para un ser humano de 75 kilos, serían necesarios entre 150 y 375 gramos para causar la muerte. Eso equivaldría a entre 150 y 375 gramos de patatas verdosas, o entre 750 y casi dos kilos de patatas normales.
Homs llega al Tribunal Supremo arropado por Artur Mas y la cúpula independentista
La
comitiva estaba compuesta por Neus Munté, Marta Pascal, y la que fuera
consejera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau. Homs declara por
la consulta del 9 N.
Junto al expresident de la Generalitat, Artur Mas, y una amplísima comitiva de líderes independentistas. Así ha llegado el portavoz parlamentario de la antigua Convergència en el Congreso, Francesc Homs, al Tribunal Supremo, donde presta declaración en el marco de la investigación por la celebración de la consulta independentista del 9-N de 2014 y que fue suspendida por el Tribunal Constitucional.
La
comitiva, que ha recorrido la distancia que separa la sede del Govern
en Madrid -situada en el Centre Cultural Blanquerna, en la calle
Alcalá- con el Supremo, estaba liderada no solo por Artur Mas, sino
también por el exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, la portavoz del Govern, Neus Munté, la coordinadora del PDC, Marta Pascal, y la que fuera consejera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, imputada al igual que Mas y Munté por un presunto delito de desobediencia por la consulta del 9-N.
Apoyo de PNV y En Comú Podem
Junto a ellos también han acudido el conseller de Cultura, Santi Vila; la Consejera de Gobernación, Merichel Borrás; y el President del Grupo de Junts Pel Sí en el Parlament, Jordi Turull, así como los presidentes de entidades soberanistas como la Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia.
A destacar también el apoyo del portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, el diputado de En Comú Podem, Marcelo Expósito, que es también tercer secretario de la Mesa del Congreso, así como de Joan Tardà y Santi Vidal, portavoces de ERC en el Congreso y el Senado respectivamente.
Entre aplausos y un pin de la estelada
A su llegada al Supremo, Francesc Homs ha sido recibido entre aplausos. Además, portaba en la chaqueta un pin de la estelada, como símbolo de una Cataluña independiente.
Una
vez dentro, ha sido el expresidente Artur Mas el que se ha dirigido a
los medios de comunicación para señalar que la consulta del 9-N fue "cívica y democrática" y
que hoy más que nunca "no está en juego solo la independencia de
Cataluña sino la democracia misma". También ha pedido al Gobierno en
funciones presidido por Mariano Rajoy que tome en consideración "la
voluntad de decidir libre y pacíficamente el futuro de
Cataluña" recordando que "todos los fiscales de Cataluña han concluido
que no ha habido delito en la consulta" del 9 de noviembre de 2014.
Artur Mas: "Esto es insólito e impropio"
Convencido de que "teníamos un mandato democrático y lo teníamos que cumplir", Artur Mas ha asegurado que la consulta estaba encaminada a "escuchar a la gente" y no para declarar la independencia de Cataluña. "Si escuchar a la gente es delito, mal vamos", ha opinado.
"Nos parece insólito e impropio que haya un juicio por un acto plenamente democrático y pacífico
con dos millones y medio de ciudadanos que fueron a depositar su voto
en una urna y que tuvo una enorme proyección internacional", ha
dicho Mas, que considera que el Gobierno "ha fallado a muchos catalanes"
y calificando esta situación de "un proceso político".
Minutos antes de acompañar a Homs hasta la puerta del Supremo, la portavoz del Govern, Neus Munté, ha calificado de "kafkiano" y de "muy triste" que "una persona que simplemente ha obedecido a sus ideales y a un mandato democrático".
En declaraciones a 'Espejo Público' ha advertido de que "no ha habido
ningún tipo de desobediencia" lamentando que no haya ninguna respuesta
política a los planteamientos que hace Cataluña.
Puigdemont, el gran ausente
Quien no está en Madrid es el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que se encuentra en Valencia para reunirse con su homólogo en Valencia, Ximo Puig. Ambos participarán en una cumbre para hacer un frente común de los dos territorios a favor de Corredor Mediterráneo, una infraestructura clave para el crecimiento y la competitividad de todo el eje mediterráneo.
A pesar de ello, Puigdemont ha mandado su apoyo a través de un mensaje de Twitter en el que recuerda que "en Escocia votaron hace dos años" mientras que en España "te juzgan" por hacerlo.
Catalá amenaza a Puigdemont con "todo el peso de la Ley" si convoca un referéndum
La
vicepresidenta del Gobierno en funciones también ha insistido en que la
Ley "es la expresión de la democracia" y que "los gobernantes han de
regirse por ella"
El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha replicado este lunes al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que el referéndum independentista, ya sea pactado o no, es ilegal y que, por tanto, caerá "todo el peso de la Ley" sobre quien cometa cualquier irregularidad en este sentido. Una línea similar ha defendido la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha calificado de "rupturista, ilegal y oportunista" la propuesta del Govern.
"Una consulta pactada no existe en nuestro ordenamiento jurídico. La clave está en la soberanía nacional,
que reside en todos los españoles, no sólo en una parte", ha afirmado
Catalá, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, después de
que Puigdemont
hablara ayer de referéndum pactado como solución al problema catalán.
Por su parte, Santamaría ha señalado en un desayuno del Forum Europa
celebrado en Bilbao que "cuando uno presenta iniciativas como esta, lo
que hace es tensar y hacer sufrir a la sociedad a la que gobierna, que es la última aspiración que tiene que tener un gobernante".
"Nunca va a ser posible, con la Constitución
actual, que una parte decida lo que quiere ser. Lo decidimos todos.
Puigdemont no tiene capacidad para hacer lo que él considere; todos
estamos sometidos a las reglas del juego", ha subrayado Catalá. El ministro en funciones ha asegurado que "en Cataluña se cumplen las sentencias
y las leyes", puesto que es "una comunidad autónoma más donde las leyes
están vigentes". Por eso, ha señalado que "los responsables políticos
tienen que acatar las leyes" y que, cuando no lo hacen, "deben asumir las consecuencias".
En este sentido, la vicepresidenta también ha insistido en que la Ley
"es la expresión de la democracia" y que "los gobernantes han de regirse
por el respeto a la Ley"
La Cataluña profunda sale de Diada: "Seguir en España es insoportable"
El independentismo no crece
Para
Catalá, la manifestación de la Diada de ayer demuestra que "el
movimiento independentista catalán está muy presente", pero también que
en el último año "no ha habido ningún incremento singular"
del apoyo ciudadano, que "no parece que esté creciendo". El responsable
de Justicia ha dicho que de momento no le consta que la Fiscalía haya
iniciado ninguna actuación contra la quema de algunas banderas y fotos del Rey que se produjo en la manifestación de la izquierda independentista y anticapitalista.
Sin embargo, ha indicado que "no será difícil actuar" en este sentido, ya que hay imágenes disponibles, por lo que "si se acredita delito y se identifica a los autores",
se podrán tomar medidas. El ministro considera que, para este tipo de
delitos, no se debe tener una "tolerancia mayor que con otros" como los
relacionados con el tráfico. "Cuando alguien comete injurias contra
determinados símbolos, tiene una responsabilidad", ha advertido.
No cree que Forcadell vaya a prisión
A la pregunta de si cree que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, podría ser condenada a prisión,
Catalá ha remarcado que al delito de desobediencia por el que podría
ser juzgada por la creación de la comisión de estudio del proceso
constituyente no le corresponde pena de cárcel. Eso sí, ha querido dejar
claro que "cualquiera que comete una irregularidad tiene una responsabilidad", lo que significa que si Forcadell ha cometido alguna "actividad ilícita, tendrá que asumir su responsabilidad, la que corresponda según el delito".
Por qué este Parlamento no puede investir a Rajoy
Ha
demostrado que no está capacitado para gobernar con los códigos de la
España multipartidista. Todo en él corresponde a un tiempo que pasó
Solo han pasado 15 días desde la investidura fallida de Mariano Rajoy y es como si hubieran sido 15 meses. Muchos contemplaron aquella sesión como un primer tanteo para que cada uno quedara bien con sus feligreses, tras lo cual vendría el desbloqueo: los socialistas cederán o el PNV intercambiará apoyos con el PP, pero a la segunda sale, decían.
Hoy es impensable una segunda investidura de Rajoy. No solo no ha avanzado hacia su elección, sino que está más lejos de ella que hace dos semanas. La hipotética permisividad del PSOE o del PNV hacia este candidato se ha desvanecido; el destrato al socio en el discurso de investidura y la crónica de tribunales complican que Rivera mantenga su voto positivo; y con un vistazo a los titulares de estos días cuesta imaginar al Rey poniendo otra vez sobre la mesa el nombre de Rajoy como candidato.
Algún efecto fatídico tienen las investiduras frustradas sobre sus protagonistas. Tras su fracaso de marzo, Pedro Sánchez anduvo dando tumbos hasta las elecciones del 26-J. Y en estas dos últimas semanas, Mariano Rajoy no ha parado de pegarse tiros en las piernas.
Con su tratamiento del caso Soria (además de la ceguera de suponer que la cacicada pasaría sin levantar un griterío), Rajoy ha puesto en serio peligro el acuerdo con Ciudadanos; ha lanzado a los pies de los caballos a su ministro de Economía en el peor momento, cuando este tiene la encomienda de salvar a España de las iras de Bruselas; y está destruyendo el crédito de la presidenta del Congreso antes de que la legislatura eche a andar.
Lo de Rita Barberá no es en sí mismo más grave que todo lo que ese partido lleva ya en la mochila, pero quizá sea la gota que colmó el vaso. Han reaparecido los silencios cósmicos de Rajoy cuando vienen los marrones; hemos vuelto a ver en acción a esa inefable Cospedal de la “retribución en diferido en forma de simulación”; y se ha hecho visible la grieta entre el “nuevo PP” que desea tomarse en serio lo de la corrupción y el PP de toda la vida que solo saca el paraguas y espera a que escampe para seguir igual.
Con todo, lo que hace de Mariano Rajoy un candidato inelegible por este Parlamento no es de ahora, viene de atrás.
Rajoy nunca fue un líder reconocido y querido, ni siquiera por sus votantes. Ha vivido todo este tiempo de la disciplina jerárquica del partido militarizado que le legó Aznar y de la rocosa fidelidad a la sigla por parte de su electorado
Rajoy provocó la animadversión insuperable de los socialistas hacia su persona con su muy desleal oposición al Gobierno de Zapatero. Rompió todos los puentes con los nacionalistas, incluido el PNV (por no hablar de su contribución a prender la mecha del incendio catalán); y despreció a todos mientras tuvo la mayoría absoluta, incluso cuando ya se veía venir que eso se acababa y que entraríamos en una etapa de pactos obligatorios.
En cuanto a la corrupción: Mariano Rajoy es la única persona que ha pertenecido ininterrumpidamente a la dirección del PP desde que Bárcenas fue nombrado gerente (1982) hasta hoy. En todos los casos de corrupción que se han desatado ha defendido a muerte a los implicados hasta que los ha dejado caer. Y ha logrado que aparezca por primera vez la extraña figura de la imputación corporativa: no es que haya dirigentes del PP empapelados por la Justicia, es que lo está el partido mismo.
Los votos no lo sanan todo. Con el 10% de lo que le ha pasado a Rajoy, un presidente norteamericano estaría sometido a un 'impeachment' de destitución, un 'premier' británico habría sido obligado por el Parlamento a dejar el cargo y un canciller alemán habría renunciado a las primeras de cambio.
Mariano Rajoy ha demostrado que no está capacitado para gobernar con los códigos de la España multipartidista. Todo en él (su cultura política, su visión de la realidad, los hábitos de los que no se desprenderá) corresponde a un tiempo que pasó. Tenía razón Pablo Iglesias al señalar que su mayor problema es que no ha comprendido nada de lo ocurrido en la sociedad española en los últimos años. Rajoy solo es idóneo para gobernar una España que ya no existe. Su comportamiento de estas dos semanas ha despejado cualquier duda que quedara sobre ello.
Si el actual bloqueo causa un daño coyuntural a nuestra democracia, las terceras elecciones pueden convertir ese daño en estructural
Por eso es inviable que este Parlamento lo elija como presidente. Ya no es solo la obcecación de Sánchez. Para el Partido Socialista en su conjunto su investidura se ha hecho inasumible; Ciudadanos está empezando a pagar un precio excesivo por mantener su apoyo; y con Podemos y los nacionalistas, obviamente, no hay nada que intentar.
Sabiéndolo, él busca otra oportunidad en unas terceras elecciones que se le presentan promisorias. Los nuestros acudirán a votar como siempre y los de enfrente se abstendrán: con los mismos votos, más diputados. Un cálculo hábil en lo partidario, pero un acto de suprema insensatez pensando en España.
Si el actual bloqueo causa un daño coyuntural a nuestra democracia, las terceras elecciones pueden convertir ese daño en estructural. Quedará consagrado el principio de que el voto ciudadano es subalterno a los intereses partidarios. Quedarán lastimados los pilares del edificio. No hay resultado electoral, por ventajoso que sea, que compense ese destrozo.
Si la prioridad es preservar el Parlamento del 26-J –que refleja bastante bien la realidad actual de la sociedad española–, reclamemos a cada uno lo que razonablemente puede dar:
Se puede exigir al Partido Socialista que abra el cerrojo y permita gobernar al partido que ganó las elecciones; pero no para que por esa puerta pase de nuevo Mariano Rajoy.
Se puede demandar al Partido Popular que ofrezca un candidato votable, asumiendo que Rajoy no lo es; pero no que renuncie como partido a encabezar el Gobierno de España.
Este camino de cesiones mutuas es el único que no nos conduce directamente a las detestables urnas del 18 de diciembre. ¿Podrían recorrerlo? Sí, podrían. ¿Lo harán? Doble contra sencillo a que no.
La prórroga permite al Gobierno subir el sueldo de funcionarios y pensionistas
La
prórroga presupuestaria no significa, necesariamente, la congelación de
sueldos públicos y pensiones. La doctrina del Tribunal Constitucional
lo avala.
La prórroga
de los Presupuestos Generales del Estado de 2016 parece inevitable.
Pero eso no significa, necesariamente, que el Gobierno en funciones esté
atado de pies y manos para evitar que algunos colectivos dependientes
del Estado, fundamentalmente empleados públicos y pensionistas, sufran
una congelación de sus retribuciones. Al contrario.
Tanto la doctrina constitucional
como la realidad de lo que ha sucedido en anteriores prórrogas
presupuestarias habilita al Gobierno a aprobar un Real Decreto-Ley que
incluya todas aquellas partidas que se consideren de urgente necesidad.
Ahora bien, con la única salvedad de que la norma incluya cambios que
no tengan relación directa con los ingresos, los gastos o el plan
económico anual del Gobierno, como han establecido diversas sentencias
del Tribunal Constitucional. Es decir, el Gobierno no tiene manga ancha
para aprobar medidas por la puerta de atrás. Y menos si está en
funciones.
Eso
es lo que sucedió en 1982, 1989 y 1995, años en los que los
Presupuestos Generales del Estado fueron prorrogados. En los tres casos,
el Gobierno de turno esgrimió la insuficiencia de la previsión
constitucional, puesto que la Carta Magna no resuelve ciertos problemas
que la aprobación de los Reales Decretos-Leyes permitía resolver.
La prórroga -que es automática
si superado el 1 de octubre el Gobierno no ha presentado el
correspondiente proyecto de ley en el parlamento- se produjo en unos
casos por la coincidencia con la fecha electoral, y
en otros, debido a que el proyecto de ley fue devuelto al Gobierno por
el Congreso. Algo que sucedió en 1995 tras la retirada del apoyo de la
antigua CiU (Convergencia y Unió) al Partido Socialista.
En
aquella ocasión, y tras triunfar las respectivas enmiendas de totalidad
(el PSOE no tenía mayoría), el posterior Real Decreto-ley declaraba,
textualmente, que en materia de retribuciones del sector publico y
pensiones publicas “se procede a un incremento de las mismas, puesto que
no es posible demorar esta decisión hasta que se apruebe la próxima Ley
de Presupuestos”.
Para un amplio sector de Ia población su principal fuente de ingresos depende de dichas retribuciones y pensiones
El
argumento que se dio era claro: “Para un amplio sector de Ia población
su principal fuente de ingresos depende de dichas retribuciones y
pensiones”. Y como fundamento jurídico se citaba que la política de
pensiones es uno de los principios rectores de la política social y
económica, como establece la Constitución. Y, por lo tanto, hacer caso
omiso sería lo mismo que ignorar la Carta Magna.
Noma básica para todas las AAPP
Es más, el argumento jurídico que se esgrimió en aquella ocasión es que la Ley anual de Presupuestos tiene el carácter de norma básica
y, por lo tanto, es aplicable a todas las Administraciones Públicas, lo
que significa que si esa norma no se actualizase se congelarían las
retribuciones de todos los empleados del sector público autonómico y local, “sin que existan razones de política económica que justifiquen dicha situación”, se matizaba.
Lo que ocurrió en 2011 fue distinto. El expresidente Rodríguez Zapatero convocó
las elecciones para el 20 de noviembre. Y dado que la formación del
nuevo Gobierno no se demoró más de un mes, el nuevo Ejecutivo, ya
presidido por Rajoy, tuvo margen de tiempo suficiente para aprobar un
ambicioso Real Decreto-Ley (75 páginas) antes de fin de año que, de
alguna manera, venía a sustituir los efectos económicos de un Ley de
Presupuestos Generales del Estado.
Aquella norma no se limitaba a
la prórroga presupuestaria, sino que iba mucho más allá al incluir
algunas reformas económicas de calado, como la subida de impuestos. Algo
que, en ningún caso, puede incluir el Real Decreto-Ley que tendría que
aprobar el actual Gobierno en funciones, y que, en principio, además de
la actualización de las retribuciones públicas debería incluir las
autorizaciones para emitir deuda o prestar avales públicos.
La Ley de Gobierno prohíbe taxativamente
a un Ejecutivo en funciones aprobar el proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado, pero abre una ventana de oportunidad cuando
establece la posibilidad “por razones de interés general” y siempre que
haya una “acreditación expresa que así lo justifique”. En este caso, por
el impacto que tendría en la economía la congelación de las rentas.
Aunque no se conoce el el resultado de la aplicación del Índice de Revalorización
de las pensiones, la ley impone un incremento mínimo de un 0,25%,
independientemente de la situación de la Seguridad Social y de la
evolución demográfica. En el caso de los salarios públicos, la subida
previsible se situaría en el entorno del 1%, al igual que en 2016.
Funcas
estima que el IPC en media anual del año próximo se situará en el 1,3%,
lo que significa que si no se actualizan las rentas, se produciría una
pérdida de poder adquisitivo en ambos colectivos.
¡¡741
millones de euros! Saqueo récord de fondos públicos en el caso de los ERE!!
Que dice Sánchez si estos fondos hubieran
sido el PP quien los defraudara, como fue su partido no abre ni la boca
En su escrito de acusación, la Fiscalía ha calculado la indemnización por responsabilidad civil a la que se enfrentan Griñán y otros.
La Fiscalía ha hecho sus cálculos para concluir que, euro a euro, los presuntos malversadores del caso de los ERE sangraron de las arcas públicas 741 millones y medio. Lo hicieron entre 2000 y 2010 a base de ayudas sociolaborales desde la Consejería de Empleo concedidas a dedo en beneficios de sus amigos.
Es la indemnización que reclama la Fiscalía y que los acusados
deberían depositar en la Hacienda Pública andaluza. Se reclama en
concepto de responsabilidad civil, una figura cuyo objetivo es la reparación del patrimonio dañado. En otras palabras, la devolución del dinero a sus dueños, en este caso, a los ciudadanos españoles.
Para entender la magnitud de esta cantidad con perspectiva cabe la
comparación. Se trata de una cifra muy superior a la media de las
macrotramas más importantes de España e inmensamente llamativa en
relación a los 50.000 euros que, según la investigación, habría
blanqueado en total el Ayuntamiento de Valencia en la Operación Taula.
De ellos, a Rita Barberá
le corresponderían solo mil euros. Aun estaría lejos, eso sí, de los
1.800 millones de euros que, según el ministerio del Interior, habrían
amasado los Pujol en paraísos fiscales presuntamente a golpe de comisión.
Griñán, entre los supuestos malversadores
La acusación de la Fiscalía detalla por años las cantidades del fraude. El
ejercicio con una malversación más elevada se corresponde con 2008,
cuando estaba al frente de la Junta de Andalucía el expresidente José Antonio Griñán,
exconsejeros como Francisco Vallejo, Antonio Fernández o Carmen
Martínez Aguayo o el ex director general de Trabajo Francisco Javier
Guerrero, con un total de 102,7 millones escamoteados.
Pero es que Griñán, Vallejo y Martínez Aguayo habrían participado en
total del fraude de 483,9 millones de euros por la cuantía entre los
años 2005 y 2010. De los exconsejeros, es Antonio Fernández el que está
encausado por el saqueo durante todo el periodo 2000-2010 y, por lo
tanto, en la devolución solidaria de los 741 millones de euros totales;
mientras que a José Antonio Viera le reclama, junto a otros procesados,
257,6 millones del lustro entre 2005 y 2010.
¿Que dice Sanchez ahora sobre corrupción? del Partido popula
Anticorrupción pide 6 años de cárcel a Griñán y 10 de inhabilitación para Chaves
"Fondos
públicos que gestionó a su libre arbitrio sin procedimiento alguno,
vedando a la generalidad de potenciales beneficiarios el acceso a las
mismas por falta de publicidad"
En
plena tormenta por la causa abierta en el Supremo contra la exalcaldesa
de Valencia Rita Barberá (PP), Anticorrupción ha solicitado seis años
de cárcel para el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio
Griñán (PSOE) en el caso de los ERE. El fiscal, que ha presentado esta
mañana su escrito de acusacion ante el Juzgado de Instrucción 6 de
Sevilla, lo considera autor de los delitos continuados de malversación
de caudales públicos y prevaricación. La pena para el exconsejero de
Empleo José Antonio Viera se eleva a ocho años. Para la exministra de
Fomento Magdalena Álvarez y el expresidente andaluz Manuel Chaves
reclama una condena de 10 años de inhabilitación por un presunto delito
de prevaricación. En total son 26 los acusados, entre los que se
encuentran otros extitulares de carteras en el gobierno andaluz, como
Gaspar Zarrías, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo o Francisco
Vallejo.
El Ministerio Público pide además para todos ellos una
indemnización que supera los 741 millones de euros de la que tendrán que
responder una docena de excargos que fueron responsables de la
concesión de las ayudas sociolaborales a través de las cuales se
cometieron los supuestos delitos. Así, por ejemplo, tendrá que resarcir
a la Junta con 483 millones por los seis años en que ocupó plaza de
consejero en los Gobiernos de Manuel Chaves.
De los dos delitos
que aprecia el fiscal -prevaricación y malversación- tendrán que
responder, además de Griñán y Viera, el exconsejero de Empleo Antonio
Fernández, la de Economía Carmen Martínez Aguayo, el de innovación
Francisco Vallejo, los exviceconsejeros Agustín Barberá y Justo Mañas,
entre otros. A Chaves, su exvicepresidente, Gaspar Zarrías y la
exministra de Fomento y exconsejera de Economía Magdalena Álvarez solo
les acusa de prevaricación.
El escrito del fiscal explica cómo los
encausados inventaron un sistema para entregar los fondos dedicados a
las ayudas sociolaborales que concedía la Consejería de Empleo para
evitar el control de la Intervención de la administración andaluza. El
sistema consistía en modificar los presupuestos de la Junta para
introducir una aplicación presupuestaria, las trasnferencias de
financiación, cuyo destinatario era el Instituto de Fomento de Andalucía
(después denominado Agencia IDEA y dependiente en primer lugar de esa
consejería para pasar después a la de Innovación.
La gestión de
estas “ayudas sociolaborales” por la Consejería de Empleo a través de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social ( DGTSS) ya no quedaba
sujeta a una fiscalización previa individualizada, lo que permitió que
no se tramitaran expedientes en los que quedase registrado cada fase de
las ayudas -solicitud de los beneficiarios , declaración de la
excepcionalidad de la ayuda a dar, examen la documentación y
acreditación de la situación que diera derecho a percibir la ayuda,
resolución de concesión , publicidad y justificación- .
Además,
los encausados buscaron no tener límites tampoco en los créditos
presupuestarios para atender a estas ayudas que se concedieron sin
sujeción a procedimiento dado que, al no haber fiscalización previa y
ordenar el pago que hacía luego el IFA, la intervención no podía
comprobar la existencia de crédito anual suficiente para poder pagar
los compromisos que se asumían por el Empleo.
Los acusados, hasta
el ejercicio 2002, movilizaron supuestamente los fondos públicos al
IFA mediante modificaciones presupuestarias aprobadas por la Junta o por
el titular de la Consejería de Economía y Hacienda, recogiendo en los
anteproyectos de presupuestos desde dicho ejercicio y hasta el 2009 la
aplicación transferencias de financiación al IFA en materia de
relaciones laborales. En el ejercicio 2010 se aprobó una Encomienda de
Gestión, sistema distinto que, si bien dio una mayor apariencia de
formalidad en la tramitación de la ayudas, no supuso cambio alguno en la
gestión presupuestaria de los fondos.
Como consecuencia de la
ausencia de la fiscalización y de la debida convocatoria pública de
estas ayudas , se puso en manos de la Consejería de Empleo, año a año,
unos fondos públicos que gestionó a su libre arbitrio sin procedimiento
alguno, vedando a la generalidad de los potenciales beneficiarios el
acceso a las mismas por falta de publicidad , facilitando que personas
que ni siquiera pertenecían a la empresas accedieran a las ayudas, no
fijando límites a la cantidad a percibir, favoreciendo solo a
determinadas empresas y personas que se lucraron con dichos fondos y
destinando los mismos a una finalidad ajena a la prevista de atender a
situaciones de crisis empresarial.
El TSJC avala enviar a juicio a Mas por desobediencia y prevaricación el 9N
La sala ha desestimado el recurso que presentaron las defensas contra la resolución en la que el magistrado del TSJC Joan Manel Abril dio por finalizada la instrucción.
La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha confirmado la resolución del juez instructor de la causa del 9N en la que concluía que debía seguirse acusación contra el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, la exvicepresidenta, Joana Ortega, y la exconsellera de Enseñanza, Irene Rigau, por presunta desobediencia y prevaricación administrativa.
Según ha informado el TSJC, la sala ha desestimado el recurso
de las defensas de los acusados argumentado que la decisión del
instructor es ajustada a derecho, y aclarando que la respuesta a un
recurso solo puede revisar la legalidad y fundamentación de la decisión
recurrida. De este modo se confirma el auto que recoge los indicios de
la comisión de los delitos de desobediencia y prevaricación por la
organización de la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014.
"No se trata, pues, de enjuiciar actos políticos
ni tampoco convierte la causa en una "causa política" la presunta
participación en el delito de personas que tienen o han tenido elevadas
responsabilidades gubernamentales, a riesgo de que las motivaciones de
este carácter, por nobles y legítimas que fuesen, dieran patente de
corso para actuar fuera del ordenamiento jurídico", explica el auto del
Tribunal.
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Margallo, Alonso, Villalobos... Desde dentro del propio Partido Popular comienzan a escucharse voces críticas contra el silencio de la valenciana Rita Barberá después de que el Tribunal Supremo haya acordado abrir causa contra ella por la presunta comisión de un delito de blanqueo de capitales.
Sin embargo, ha sido el vicesecretario del PP, Javier Arenas, el que ha
avanzado que en el día de hoy "el PP emitirá su posición. Pronto habrá
una comunicación del partido"
A primera hora, el candidato a lehendakari del PP vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado este miércoles que, si la exalcaldesa de Valencia y actual senadora "no toma una decisión adecuada hoy, la tendrá que tomar la dirección del partido".
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Las Diputaciones comenzarán a ‘expropiar’ servicios municipales en enero
El Gobierno ha desbloqueado la reforma local después de más de un año de discusiones con el poder municipal, incluidos sus propios alcaldes, y no quiere
El Gobierno ha desbloqueado la reforma local después de más de un año de discusiones con el poder municipal, incluidos sus propios alcaldes, y no quiere dilaciones en su aplicación. El Ministerio de Hacienda fijará este verano el "coste estándar" con que los ayuntamientos deben prestar sus servicios con el fin de que sus responsables tengan cinco meses para ajustar esos gastos. En enero se pondrá en marcha la ‘expropiación’ de esas prestaciones básicas para que pasen a las Diputaciones en los casos en que se paguen a precio excesivo con el objetivo de que a partir de abril sea un hecho la concentración de servicios en las instituciones locales superiores.
Ese plan y calendario de ejecución, más la potestad que se queda el Ejecutivo para fijar el "coste estándar" incluso por decreto ley, son algunas de las principales diferencias entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios que se constataron en la reunión de los Comisión Nacional de Administración Local.
Los alcaldes piden un año entero para ajustar sus servicios, pero el Gobierno insiste en que lo aplicará desde enero próximo y así se establece en el texto para la reforma y "sostenibilidad" de la Administración local que una vez presentado a la citada Comisión Nacional pasa ya a la consulta del Consejo de Estado y será aprobada en Consejo de Ministros el próximo mes de junio.
La Diputación de Orense (una de las provincias con la población más dispersa) se convertirá en institución piloto para estudiar la generalización del proceso de agrupación de servicios (no competencias) municipales en un marco territorial concreto. Para ahorrar un total de 7.129 millones de euros hasta 2015, el Gobierno cuenta con esa medida de ajuste como un punto fundamental de sus planes de recorte presupuestario junto con la clarificación de competencias, la eliminación de duplicidades y el recorte drástico del sector público local. De ahí las prisas actuales después de afanarse en un acuerdo interno relativo que ha tardado en lograrse casi un año.
Los alcaldes se han empezado a hacer a la idea de aceptar un ajuste de aparato político, cargos y salarios en la Administración local a cambio de varias cesiones previas del Gobierno sobre su proyecto original. No se suprimen ayuntamientos enteros ni puestos de concejales, pero se 'vaciará' de competencias a las corporaciones más 'ineficaces' y se garantiza que los ediles de las localidades más pequeñas seguirán sin sueldo salvo excepciones.
La Femp pide que se apliquen los mismos recortes a las Autonomías
El poder local se ha resistido hasta el final, ha mantenido su autonomía política (menos la económica) y ahora pide, por medio del presidente de la FEMP, Íñigo Gómez de la Serna, que a la Administración autonómica se le aplique el mismo régimen de adelgazamiento que a la local.
El Ministerio de Hacienda se ha reservado la fórmula para fijar el "coste estándar" de los servicios, pero apunta que no está dispuesto a que ese coste medio esté por encima de la media de la prestación que ahora aplican los ayuntamientos de 20.000 habitantes. Con datos del ejercicio pasado, casi 6.000 municipios estarían amenazados de expropiación de servicios. Pero tanto Administraciones Públicas como la Femp destacan que los alcaldes se han destacado en los ajustes durante el último año y lo que va de este (casi la mitad está ya en superávit) por lo que confían en que en enero próximo haya muchos más cumplidores que incumplidores con la estabilidad presupuestaria.
Las localidades de menos de 5.000 habitantes peor administradas son las abocadas a perder el ejercicio de sus funciones obligatorias como la recogida de residuos, el abastecimiento de aguas, la pavimentación de las vías públicas o el mantenimiento del cementerio.
Acuerdo en competencias, choque en licencias
Con la entrada en vigor de la reforma local, los ayuntamientos se librarán de las competencias 'impropias' que todavía prestan en materia de sanidad, educación y servicios sociales, que pasarán a las comunidades autónomas. En el caso de que los Gobiernos regionales que no se las queden directamente, se podrán mantener por la vía de convenios.
La Administración garantizará que los ciudadanos no se vean afectados por los cambios de titularidad de las competencias y se podrá hacer cargo de los pagos si fuera necesario (luego se los descontaría a las autonomías). Ese ha sido el principal acuerdo de última hora alcanzado con la FEMP. Sin embargo, no ha habido ningún acercamiento en materia de licencias de apertura de negocios. Hacienda ha decidido suprimirlas para incentivar la actividad económica (bastará con una declaraciones de responsabilidad), pero los alcaldes querían que se mantuvieran.
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El Supremo abre causa contra Rita Barberá por blanqueo de capitales
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha abierto causa contra la exalcaldesa de Valencia y senadora del Partido Popular Rita Barberá por un presunto delito de blanqueo de capitales. La investigación se deriva de la cuestión elevada al alto tribunal el pasado abril por el Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que describía indicios contra la aforada Rita Barberá en un presunto blanqueo de capitales en el Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia cuando ella era alcaldesa. La Fiscalía apoyó, en informe del pasado 27 de julio, la apertura de la investigación y la designación de instructor.
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El otoño será difícil para el Partido Popular. La inminente imputación de Rita Barberá y el desfile de miembros de la formación y exdirigentes por distintos juzgados los próximos meses sitúan una vez más a Mariano Rajoy en una posición muy complicada mientras se intenta reanudar el proceso de formación de Gobierno o, si no hay fumata blanca, se confirman unas terceras elecciones generales. Precisamente el frente judicial que espera a los conservadores fue el mayor escollo entre los equipos negociadores de PP y Ciudadanos durante el mes de agosto, que tuvo final feliz días antes de que se produjera el debate de investidura. Eso sí, el preacuerdo con las seis exigencias de regeneración ahora está a punto de cobrarse su primera víctima: la senadora y exalcaldesa de Valencia.
El documento con sello naranja era claro al respecto: apartar a cualquier imputado por corrupción política de su escaño o cargo público. Tras la apertura de causa por parte del Tribunal Supremo, es cuestión de días que la senadora sea formalmente imputada —ahora investigada—, siguiendo los pasos habituales. En Génova preparan ya la renuncia de la que ha sido una pieza clave en el partido por su trayectoria y relación con el presidente del mismo y del Gobierno en funciones, y que, sin embargo, ha propiciado grandes quebraderos de cabeza al PP en los últimos tiempos. Más allá del alivio que pueda suponer la marcha de Barberá, el camino de Rajoy hacia otra investidura se puede ver muy perjudicado a causa del chorreo de escándalos. De hecho, fuentes del PSOE confirmaron este martes que la abstención del grupo liderado por Pedro Sánchez queda todavía más lejos a causa de estas noticias.
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Barcelona, 14 sep (EFE).- Un autocar que transportaba a 24 pasajeros ha volcado esta madrugada en la ronda litoral de Barcelona con un balance de 3 heridos graves, 6 menos graves y 15 leves, informa Protección Civil de la Generalitat.
El accidente se ha registrado en el punto kilométrico 14 de la B10 (ronda litoral), cuando el autocar, que transportaba turistas desde Lloret de Mar (Girona) hasta el aeropuerto de Barcelona, ha volcado y todos los heridos han sido trasladados a diversos centros hospitalarios de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
El teléfono de emergencias 112 ha sido alertado a las 03:10 horas por cinco ciudadanos del accidente en la B-10 de un autocar en el que viajaban un conductor y 23 turistas de diferentes nacionalidades.
En el momento del accidente, llovía con fuerza en la zona, aunque se desconocen por ahora las causas del siniestro.
El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) informa de que los 24 ocupantes han resultado heridos: 3 de gravedad, 6 menos graves y 15 leves.
Todos ellos han sido transportados por el SEM a varios hospitales y centros de salud de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat y, según fuentes del SEM, no se teme por la vida de ninguno de los heridos graves.
El SEM ha enviado al lugar de los hechos 4 ambulancias básicas, dos avanzadas, un vehículo de intervención rápida, una ambulancia colectiva y dos vehículos de mando.
Al lugar de los hechos se han desplazado también varias dotaciones de Bomberos de Barcelona, la Guàrdia Urbana de Barcelona, y Mossos d'Esquadra.
La B-10 ha sido cerrada en sentido sur dos horas y media, entre los puntos kilométricos 14 y 15 en sentido sur y a las 05:45 horas el Servicio Catalán de Tráfico (SCT) ha informado de que se había reabierto la circulación.
El autocar siniestrado permanece en el lugar de los hechos y, según la Guàrdia Urbana, será retirado esta próxima noche porque se precisa una grúa de elevación para retirarlo y para no afectar a la circulación de la Ronda Litoral.
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Guindos reivindica la idoneidad de Soria ante una oposición que le acusa de "mentir"
El ministro subraya que su perfil era el "más adecuado", y reconoce que fue una "designación discrecional", aunque guiada por criterios "técnicos". Los grupos le piden que dimita
La "historia de una no designación". El relato de un nombramiento efímero, de poco más de tres días, pero que soliviantó a la oposición y que forzó una inédita marcha atrás en un periodo de parálisis política. Eso fue a contar Luis de Guindos al Congreso. Que la postulación del exministro José Manuel Soria para el Banco Mundial respondía a una "designación discrecional", pero de carácter "técnico" y no "político", y que él tenía "el perfil más adecuado" de todos los candidatos. Pero sus explicaciones no convencieron. No movieron a los grupos de la oposición, que seguían atizando al Ejecutivo en funciones por la sucesión de "mentiras". Una secuencia de hechos que merecía, para algunos de ellos, la dimisión. Esa cabeza no rodará. Al menos de momento.
La comparecencia del ministro en la Comisión de Economía del Congreso, este martes, intentó salvar la cara del Gabinete de Mariano Rajoy, aunque evidenció algunas rectificaciones o matizaciones en el propio discurso sostenido en las primeras horas y días que sucedieron a la borrascosa designación del extitular de Industria para el cargo de director ejecutivo del Banco Mundial. Guindos ya no dijo que habría sido ilegal no promocionarle (así lo aseguró también Rajoy desde la cumbre del G20 en Hangzhou, China), reconoció que el procedimiento de elección tenía una publicidad restringida, asumió que no era un puesto exclusivo para funcionarios aunque era la pauta que marcaba la tradición, se abrió a mejorar los mecanismos de concurrencia a partir de ahora.
Pero tampoco hubo en su intervención ante sus señorías —a ratos intensa, pero no tremendamente crispada, incluso diputados de diferentes grupos le agradecieron su "valentía" y le compadecieron por comerse ese "marrón" de la comparecencia— rastro de críticas al comportamiento del extitular de Industria.
La comparecencia destapó una cuarta "mentira" del Gobierno: Rajoy dijo que Soria se había reincorporado al cuerpo de funcionarios; el ministro dijo que no
Ante la constante marea de dudas y críticas por parte de la oposición, que se hacía cruces con el hecho de que el Gobierno no se diera cuenta de que un ministro dimitido por los papeles de Panamá y por tanto por su participación en empresas que operaban en paraísos fiscales no podía ser válido para un cargazo en el BM, Guindos tiró de la misma cantinela: que de todos los aspirantes que se presentaron a la segunda convocatoria, él era el más cualificado. Y por eso se le eligió. Con criterios "técnicos", y porque además no estaba ni está "inhabilitado ni tampoco investigado, ni judicial ni administrativamente".
"Más de 650 funcionarios" afectados
Guindos arrancó su comparecencia explicando cómo es el procedimiento de elección de aspirantes a las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), que en efecto no se rige por el estatuto del empleado público ni por el mecanismo de ingreso en la Administración General del Estado. La propuesta de candidatos "compete al Ministerio de Economía, en concreto al secretario de Estado de Economía", porque este es quien tiene la competencia de representación en los foros económicos internacionales. "Son designaciones de naturaleza técnica: no requieren ser elevadas a Consejo de Ministros ni intervención alguna del Gobierno. Por tanto, señorías, no se trata en ningún caso de nombramientos políticos". Esa primera aclaración del titular de Economía desprendió una risotada general entre los parlamentarios de la oposición. Guindos precisó justo a continuación: esa designación de candidatos es "discrecional", aunque "para facilitar su selección se dota al proceso de concurrencia". Y siempre se ha hecho así, alegó una y otra vez, para justificar el porqué del enchufe de Soria.
El ministro matiza varias de las afirmaciones que él mismo y Rajoy hicieron los días de la tormenta: no dijo que era ilegal no nombrarle ni que hubo concurso
O sea, una publicidad restringida, pues se da a conocer la apertura de convocatorias a los cuerpos superiores de funcionarios a través de sus distintas asociaciones. Hablamos de técnicos comerciales y economistas del Estado y diplomados comerciales del Estado. En total, "más de 650 funcionarios". Guindos recalcó en varias ocasiones ese carácter "discrecional" de selección de aspirantes a las IFIs, que "se da también en la mayor parte de países de nuestro entorno".
El ministro pasó a relatar después cómo se procedió a cubrir la vacante del Banco Mundial, la silla que España ocupará desde el próximo 1 de noviembre hasta el 31 de octubre de 2016, el puesto de director ejecutivo que representa a ocho países —España, México, Venezuela, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras y Nicaragua— y que se somete a rotación cada dos años entre los tres primeros Estados. El 4 de enero de 2016, siguiendo un proceso "que se aplica desde hace décadas", la Secretaría de Estado de Economía remite cartas a los presidentes de las asociaciones de técnicos comerciales y de diplomados del Estado —los únicos cuerpos que han conseguido acceder a estos cargos en las IFIs en los últimos 30 años, insistió—, en las que se informa de los puestos a cubrir en las IFIs este año. Se dio 15 días de plazo para presentar solicitudes. A la convocatoria de los diferentes puestos se postularon 47 candidatos, de los cuales 25 lo hacían para el cargo de director ejecutivo del Banco Mundial, un cargo remunerado con más de 226.000 euros, libres de impuestos.
Por "prudencia"
A finales de febrero se reúne la Comisión de Evaluación conformada por los cargos del ministerio con competencia directa en las IFIs. Y decide cubrir solo las plazas de asesores, y no las demás. Actuó así por "prudencia y sensibilidad", indicó Guindos, porque en ese momento Pedro Sánchez estaba liderando su proceso de investidura y "siempre" la política del departamento era la de ser "cuidadosa" con los nombramientos. De nuevo, el ministro se agarró a la tradición.
A mediados de marzo, la resolución de las convocatorias para otros puestos y la reducción de aspirantes a 30 personas (y de 25 a 18 en el caso del Banco Mundial), aconsejó abrir un nuevo procedimiento. Y para eso la Secretaría de Estado pide informe a la Abogacía del Estado, que avala esa decisión el 27 de junio, un día después de las generales del 26-J. Ese documento consideraba "coherente" iniciar de cero la convocatoria, que se ejecuta el 28 de junio. Se envía de nuevo a las asociaciones y se reciben 15 solicitudes, 10 de ellas para el BM, entre las que figuran la de Soria y la del exsecretario de Estado Fernando Jiménez Latorre.
Economía abrió dos veces la convocatoria de la plaza para el BM: en la segunda se presentaron diez aspirantes. Entre ellos, Soria y Jiménez Latorre
La institución daba como fecha límite para enviar las propuestas el 2 de septiembre. Fue ese el día en que se reunió la Comisión de Evaluación para resolver la cobertura de las plazas de directores, justo cuando el Congreso votaba por segunda vez la investidura de Rajoy como presidente del Gobierno. Ese órgano valora las candidaturas según los términos de referencia difundidos en la convocatoria, que sin embargo no establecen baremos. Guindos afirmó que de entre los aspirantes que optaban a la plaza para el BM, era Soria el que "presentaba el perfil más adecuado". "Otros candidatos también cumplían los requisitos del puesto, pero ninguno de ellos en la medida en que lo hacía el señor Soria", defendió.
Ese mismo 2 de septiembre, para "dotar de transparencia la propuesta", el Ministerio de Economía divulga un comunicado en el que da cuenta de la elección. Pero ese envío llegó apenas minutos después de que Rajoy se estrellara contra el muro del Congreso. La polémica dentro y fuera del PP estaba servida. El resto de la historia es conocida: Soria renunció el 6 de septiembre —el mismo día en el que El Confidencial informa de los términos de referencia de la convocatoria, que no era solo para funcionarios y que no fue publicitada—, "a petición del Gobierno". El sustituto elegido por la Comisión de Evaluación fue Jiménez Latorre, que había quedado en segundo lugar, y su nombre fue elevado a todos los gobernadores del BM, a tiempo para que España pudiera cubrir su vacante.
El último pasaje de la intervención del ministro dejaba una pregunta obvia: si el exmandamás de Industria era el aspirante idóneo, ¿por qué el Gobierno le pidió que renunciara? Por las "dimensiones políticas y mediáticas" que había provocado la decisión de su postulación, señaló. O sea, por el "impacto" del escándalo, pese a que Rajoy había dicho que habría sido injusto no promocionarle.
Críticas hasta del partido naranja
Toda la oposición vio rendijas y fisuras en las explicaciones de Guindos, amén de que le reprochara que compareciera en comisión y no en pleno. La crítica compartida, escuchada por boca de los portavoces, incluso del de Ciudadanos, Toni Roldán, era que el Gobierno en funciones había "mentido" en un primer momento al dar cuenta de la designación de Soria. Los más duros, como era esperable, fueron el socialista Pedro Saura y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que al acudir a la cita de este martes quería evidenciar que le concedía toda relevancia. Saura sostuvo que el compromiso de Rajoy con la regeneración democrática "es cero" como demostró que apenas "dos minutos después" de fracasada su reelección se anunciara la propuesta de Soria. El diputado recordó las tres "mentiras" que rodean este caso: no era "verdad" que el puesto de director ejecutivo del BM fuera solo para funcionarios, no era verdad que hubiera una convocatoria pública de por medio, no era verdad que era ilegal negarle el cargo.
Cazó una cuarta cuando Guindos aseguró que el exministro no se había reincorporado a la función pública, cuando Rajoy había dicho en China que sí lo había hecho. "El señor Soria es un funcionario y, como tal funcionario, como hacen otros muchos, ha reingresado en la Administración y ha participado en un concurso, como hacen todos los funcionarios", había asegurado el presidente el 5 de septiembre. El titular de Economía, sin embargo, indicó esta tarde que Soria estaba en excedencia voluntaria, y si la designación hubiera prosperado, sí se habría tenido que reincorporar.
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Bárcenas retira la acusación contra el PP por el borrado de sus ordenadores
El extesorero popular ha dado orden a sus abogados a la juez de Plaza de Castilla. La imputación del Partido Popular queda ahora en el aire pues la Fiscalía no acusa
Tiempo de lectura1 min
El extesorero del PP Luis Bárcenas ha decidido retirar la acusación que mantenía contra el PP en la causa que investigaba los ordenadores del que fuera responsable de las cuentas del partido. Los discos duros de los dispositivos fueron destruidos por orden de los responsables de Génova y el extesorero lo denunció. La causa que instruye el Juzgado 32 de Madrid investiga desde entonces si los que borraron los dos equipos que utilizaba habitualmente Bárcenas incurrieron en algún tipo de delito.
La titular del Juzgado de Instrucción 32 de la capital, Rosa María Freire, procesó el pasado mes de julio al partido, su tesorera Carmen Navarro, al informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto Durán, por la eliminación de los discos duros de los dispositivos que el extesorero empleaba en la sede del partido en la calle Génova de Madrid. Según los informes periciales, fueron formateados hasta 35 veces, como adelantó El Confidencial.
La magistrada entiende que los altos cargos del partido que ordenaron la destrucción de los dispositivos podían estar tratando de eliminar la contabilidad B del partido que almacenaba el extesorero. Cuando en 2003 se conoció el escándalo de la contabilidad paralela que llevaba Bárcenas, el PP le prohibió acceder a su despacho. El exsenador solicitó sus pertenencias y los dirigentes del PP le devolvieron 27 cajas de documentación, pero no los ordenadores.
Ahora, sorprendentemente, Bárcenas ha dado instrucciones a su abogado, Francisco Maroto, para que se retire de este procedimiento en el que también ejercen la acusación la Asociación Libre de Abogados y otras agrupaciones. El procesamiento fue recurrido por el PP en reforma a principios de verano y la Fiscalía no había presentado acusación alguna.
De este modo, la causa pierde al acusador más importante y la imputación contra todo el partido, uno de los argumentos más empleados por la oposición para denunciar la corrupción en el PP, puede quedar firnalmente archivada.
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El rescate de las cajas: una cara canallada política
Fueron
los políticos españoles quienes destrozaron financieramente las cajas
de ahorros al calor de la 'burbujística' expansión crediticia alentada
en toda Europa por el BCE
El rescate de las cajas de ahorro españolas —esas instituciones de crédito que se convirtieron en la banquita personal de todos los partidos políticos y del corrupto empresariado patrio que se arrimaba a su vera— requirió de una inyección directa de capital de 61.500 millones de euros: de ese importe, el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito
(nutrido por las aportaciones del sistema bancario español durante las
décadas previas) aportó 10.200 millones de euros, correspondiendo a los
contribuyentes españoles los restantes 51.300 millones.
Por aquel
entonces, algunos ya advertimos de que el rescate estatal de las
entidades financieras concluiría en una masiva socialización
irrecuperable de sus pérdidas entre el conjunto de los contribuyentes. Y
ya entonces planteamos alternativas más sensatas y respetuosas con los derechos de propiedad de los ciudadanos: no socializar las pérdidas entre todos ellos, sino concentrarlas en los acreedores de las cajas. La propuesta, de hecho, ha terminado siendo adoptada por el conjunto de la eurozona a partir de 2016 en su nuevo mecanismo de resolución de entidades financieras. El Gobierno español, empero, optó en 2012 por la vía fácil de cargar el agujero de las cajas sobre las espaldas del conjunto de los españoles.
Y, como cabía esperar, el quebranto derivado de semejante perversidad
ya resulta demasiado evidente e irreversible como para seguir
ocultándolo.
Bankia apenas ha devuelto el 5,8% del capital inyectado; Catalunya Banc, el 6,4%; NGC Banco, el 8,6% y Banco de Valencia, el 0%
Así, hace apenas unos días, el Banco de España publicó una nota informativa
sobre el estado actual de las 'ayudas' públicas al sistema financiero
español. La conclusión es descorazonadora: de los 51.300 millones
transferidos a las cajas a costa de los contribuyentes, solo se han
recuperado de momento 2.700 millones de euros, a saber, el 5,2% del total. A este importe habría que sumar otros 2.300 millones vinculados tanto a la desinversión ya efectuada en Bankia (si bien no distribuida todavía al FROB)
cuanto al repago previsible de los CoCos de Unicaja e Ibercaja antes de
2017. Sin embargo, también habría que restar los 900 millones de
pérdidas derivados de los Esquemas de Protección de Activos concedidos a
Caja Castilla-La Mancha, Cajasur y la CAM.
Por entidades, Bankia apenas ha devuelto el 5,8% del capital inyectado; Catalunya
Banc, el 6,4%; NGC Banco, el 8,6%, y Banco de Valencia, el 0%. De la
privatización futura de Bankia cabe esperar que afluyan algunas sumas
adicionales que eleven ese porcentaje hasta, al menos, el 25%: pero los
porcentajes del resto de entidades constituyen pérdidas que ya son
definitivas.
En total, pues, a finales del año próximo apenas habremos recuperado 4.100 millones de los 51.300 que
nuestros políticos introdujeron imprudentemente en un sistema
financiero totalmente insolvente. Aun cuando a medio plazo el FROB
cosechara, de manera optimista, otros 10.000 millones de euros por la
venta de su participación en Bankia y Banco Mare Nostrum (actualmente
valorada en menos de 7.000 millones), el resultado final sería que el
Tesoro español habría dilapidado el 75% de toda la inversión efectuada,
con dinero de los contribuyentes, en las cajas. Las pérdidas ascenderían
a 38.000 millones de euros, una media de 2.000 euros por familia española.
Se trata de un más que evidente expolio político sobre la ciudadanía
con el propósito de rescatar a los imprudentes acreedores de las cajas
(entre los que sobresalían, no lo olvidemos, bancos franceses y
alemanes). Un tramposo amaño de las reglas de juego del capitalismo,
cuya sana lógica subyacente no consiste en socializar pérdidas y
privatizar ganancias, sino en privatizar ganancias y pérdidas: quien
acierta gana, pero quien se equivoca no le endilga sus pufos al vecino
que sí acertó al no seguirle en su torpe aventura. Se nos dirá que el
capitalismo es así, que las cajas eran demasiado grandes como para
quebrar. Pero no: había alternativa. Podría y debería haberse seguido otro rumbo: la imposición de quitas a los acreedores no garantizados
(todos los acreedores salvo los depositantes con saldos inferiores a
100.000 euros por entidad) a cambio de la conversión de parte de sus
créditos en capital de las entidades. De este modo, las cajas se habrían
recapitalizado igualmente, pero no a costa del contribuyente, sino a
costa de sus acreedores: habríamos evitado el tan temido corralito y el tan devastador ahondamiento de la depresión deflacionaria sin necesidad de desplumar impositivamente a los ciudadanos.
En definitiva, fueron los políticos españoles —y sus correligionarios de partido— quienes destrozaron financieramente las cajas de ahorros al
calor de la 'burbujística' expansión crediticia alentada en toda Europa
por el BCE. Y fueron posteriormente los políticos españoles quienes
descargaron los escombros de su deshonesta, irresponsable y corrupta
administración sobre la hacienda de los españoles. Ellos destrozaron el
sistema financiero y ellos nos obligaron a pagar sus platos rotos. Una
canallada que a buen seguro tratarán de ocultar tras la propaganda de
que su decidida actuación contribuyó a salvar el país
de una crisis financiera mucho mayor cuando, en realidad, solo sirvió
para hipotecarlo ante su irracional e incompetente negativa a emprender
la opción más eficaz y justa: trasladarles las pérdidas no a los
contribuyentes sino a los acreedores. Al menos seamos conscientes de la
magnitud de su tropelía y deslealtad.
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Gobernará el Parlamento y no habrá terceras elecciones
Estaríamos
ante una legislatura suficientemente breve y suficientemente larga para
la reconstrucción de los partidos, el descanso de los ciudadanos y el
relajamiento del sistema constitucional.
1. El sistema constitucional no soporta la banalización de tres episodios electorales en un año. El diseño de nuestro modelo democrático no está preparado para esa situación que estresa a la jefatura del Estado, cuestiona la capacidad de la clase dirigente,
congela la función fiscalizadora del Parlamento y difiere sin fecha
decisiones legislativas sin las que el país llegaría a colapsar. Las
comunidades autónomas, además, dependen del normal funcionamiento de las
Cortes y del Gobierno, de tal manera que su paralización provoca
en cascada la de las administraciones territoriales. La experiencia
comparada con otras democracias nos devuelve un mensaje tan demoledor
que aconseja evitar todo atisbo de frivolidad que hay que reprochar a los que propugnan la “solución” electoral por tercera vez en doce meses.
2. Los ciudadanos se sienten vejados ante
la eventualidad de que, otra vez, se les reclame una opinión en forma
de sufragio que ya emitieron el 20 de diciembre de 2015 y en junio de
este año, de tal manera que su respuesta podría ser –de exigírsela de
nuevo– verdaderamente imprevisible, sea en forma de abstención masiva,
sea en forma de cambio copernicano en la emisión de sufragio. Cabría
también la posibilidad de que los resultados electorales no cambiasen
nada y se reprodujera el escenario de diciembre y de junio. Unas nuevas
elecciones las cargaría el diablo.
3. Los partidos políticos, todos, están exhaustos y, en muchos casos, transidos por fuertes crisis que, además de debilitarlos internamente, transmiten sensación de fragilidad a sus potenciales electorales. El PP sufre el síndrome propio de las organizaciones inertes; el PSOE, de desorden y falta de cohesión; Podemos, de enfrentamientos territoriales y entre sectores (Errejón e Iglesias), y Ciudadanos de seguridad en su trayectoria. Los independentistas catalanes están en su particular diatriba (el PDC ni siquiera está registrado en el Ministerio del Interior) y el nacionalismo vasco en su insuficiencia, batido en dos comicios generales por Podemos.
Las
elecciones vascas y gallegas son importantes pero más en términos
psicológicos que reales. En ambas comunidades se vota en clave
territorial y no nacional
4. Los liderazgos de Sánchez y de Rajoy están
tan gastados que no admiten rehabilitación. Ambos han perdido sus
respectivas investiduras. Sánchez ha llevado al PSOE a dos registros
electorales históricos. Rajoy ha perdido la mayoría absoluta y no ha sabido enfrentarse a los grandes retos de la regeneración y las reformas institucionales. El caso Soria –que no ha terminado– le ha minado más aún que su fallida investidura
de tal manera que solo está en condiciones de ofrecer una correcta
gestión de su propio relevo. En el caso de Iglesias, pintan bastos: ha
perdido Galicia para Podemos; está con el pie cambiado en Valencia y Colau le prepara un festejo en Cataluña. Además, sigue enfrentado en Madrid con Errejón y sus afines. Por fin, Albert Rivera está
inseguro porque no alcanza a saber si su electorado ha entendido sus
estrategias en la legislatura anterior y en la actual.
5. Las elecciones vascas y gallegas son importantes pero mucho más en términos psicológicos que reales. En ambas comunidades se vota en clave territorial y no nacional.
Ocurre que los resultados de los dos comicios se han convertido en una
coartada para rectificar el rumbo que parece llevarnos a unas terceras
elecciones. Galicia y el País Vasco pueden ser una buena excusa para dar
un golpe de timón en el PSOE (el PNV no es actor,
dígase lo que se diga, en una posible investidura de Rajoy), cuyo
secretario general ya es plenamente consciente de la imposibilidad de
una alternativa a un Gobierno del PP.
6. Las cinco consideraciones anteriores, conducen a que, en octubre, se permita por el PSOE un Gobierno en minoría del PP con el apoyo de Ciudadanos y Coalición Canaria,
pero para que, de forma efectiva y por un tiempo corto, se establezca
un Gobierno del Parlamento durante el cual Rajoy emprenda su retirada;
Sánchez pelee (¿ganará, perderá?) su congreso; Podemos quede
dimensionado sin la aportación directa de Cataluña y Ciudadanos se
asiente, al tiempo que el Estado ofrece una respuesta a la cuestión
catalana que, además de legal –ineludiblemente– ha de ser política para
restar potencia al secesionismo.
7. El caso Soria y el vergonzoso comportamiento del Gobierno –que ha debido rectificar por duplicado: revocando el nombramiento y acudiendo al llamamiento del Congreso a dar explicaciones–
ha demostrado que en el PP, cuando se tocan las fibras del poder –o de
la pérdida del poder– hay vida inteligente y capacidad de reacción. La
respuesta al nepotismo gubernamental y a sus falsas justificaciones,
adelanta que el PSOE tiene motivos para abstenerse de manera rentable y
el PP de gobernar sometido como nunca en democracia al legislativo.
Estaríamos así ante una legislatura –la actual– suficientemente breve y suficientemente larga para
la reconstrucción de los partidos, el descanso de los ciudadanos, el
relajamiento del sistema constitucional (que precisa cambios) y la
absorción de una experiencia política aleccionadora para no ser
repetida. Permitirá también que salgan actores del escenario político y
entren otros; que el país restaure sus mecanismos de funcionamiento institucional y
cumpla sus compromisos internacionales. A las elecciones posibles del
25 de diciembre –o del 18, que para el caso es lo mismo– les ocurre como
con el abortado nombramiento del exministro de Industria: que han
colmado el vaso de todas las paciencias. En definitiva, no son
tolerables y –el tiempo lo dirá– no se celebrarán.
Portadas de la prensa en papel de hoy
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Al
menos cuatro personas han fallecido y "un número elevado" han resultado
heridas, algunas de gravedad, tras el descarrilamiento de un tren en
las inmediaciones de la estación de O Porriño, Pontevedra. El
maquinista, de nacionalidad portuguesa, es uno de los fallecidos y los
servicios de emergencia ya han evacuado a los heridos.
Encuestas CIS: pintan oros para Feijóo y Urkullu, pintan bastos para Sánchez
Tanto
Galicia como el País Vasco tienen ecosistemas políticos en los que el
voto autonómico se decide con una lógica muy alejada del influjo de la
política general de España
Una advertencia previa: estas dos encuestas preelectorales del CIS
se han hecho con una metodología distinta a la habitual. Las
entrevistas no se han realizado en los domicilios, sino a través del
teléfono; y en esta ocasión el CIS
ha encomendado el trabajo de campo a dos prestigiosos institutos
privados. No hay nada raro en ello: se debe a que no es recomendable
hacer encuestas a domicilio en pleno mes de agosto.
Dos sociedades satisfechas
El
primer dato que llama la atención es que estamos ante dos sociedades
bastante satisfechas de sí mismas y razonablemente satisfechas de sus
respectivos gobernantes. Observen estos cuadros:
En
los tiempos que corren, ya quisiera cualquier Gobierno disponer de
estas cifras dos semanas antes de unas elecciones. Gallegos y vascos
(más intensamente estos) consideran que la situación de su comunidad es mucho mejor que la de España,
y tratan con mucha benevolencia tanto a sus actuales gobiernos como a
sus presidentes. No llega a un tercio el porcentaje de quienes creen que
su situación ha empeorado durante los últimos cuatro años. Por
supuesto, estas valoraciones favorables son prácticamente unánimes entre
los votantes del PP en Galicia y del PNV en Euskadi.
Líderes reconocidos frente a rivales anónimos
Los
gallegos puntúan a su presidente con un 5,2 y los vascos a su lendakari
con un 6. Hace mucho tiempo que un gobernante en ejercicio no obtenía
notas semejantes. Pero la gran diferencia aparece cuando se los compara
con sus adversarios electorales en preferencia presidencial y nivel de
conocimiento.
El 36% de los vascos prefieren a Urkullu
como presidente. El siguiente nominado, con el 10%, lo presenta
púdicamente el CIS como “otras menciones a EH-Bildu”, obvia referencia a
Arnaldo Otegi. Ningún otro candidato alcanza el 10%.
Feijóo
y Urkullu son universalmente conocidos (95%), pero entre los demás
candidatos únicamente Alfonso Alonso y la socialista Idoia Mendía
superan el 50%
En Galicia, el 38% señala a Núñez Feijóo como su presidente preferido. En un remotísimo segundo lugar, aparece el candidato socialista, Fernández Leizeaga, con un 7%.
Y la cosa ya es abrumadora en lo que se refiere al grado de conocimiento. Mientras Feijóo y Urkullu son universalmente conocidos
(alrededor del 95%), entre los demás candidatos únicamente Alfonso
Alonso y la socialista Idoia Mendía superan el 50%. El resto parte del
anonimato social cuando faltan 17 días para votar.
Dos partidos asentados con electorados fieles
Predomina claramente la idea de que los actuales partidos gobernantes (PP en Galicia y PNV en el País Vasco) son los que mejor pueden resolver los problemas de sus respectivos territorios, a gran distancia de los demás.
En consecuencia, son también quienes tienen más fidelizados a sus votantes.
El 84% de quienes votaron al PP en Galicia en las generales piensa
volver a hacerlo, así como el 86% de los que apoyaron al PNV. Para que
se hagan una idea: la tasa de fidelidad del PSOE es del 52% en ambos
territorios, ¡y solo han transcurrido dos meses desde el 26-J!
La
vida te da sorpresas pero, con estos datos, todo indica que tanto Núñez
Feijóo como Urkullu pueden ya ir preparando el discurso para la toma de
posesión
Los electores del PP en Galicia y del PNV en el
País Vasco son también quienes muestran más intención de participar y
los que en mayor porcentaje tienen ya su voto decidido.
La vida te
da sorpresas pero, con estos datos de partida, todo indica que tanto
Núñez Feijóo como Urkullu pueden ya ir preparando el discurso para la
toma de posesión.
La lucha por la segunda posición
El CIS muestra un empate en ambos territorios por el segundo puesto. En Galicia, los socialistas se lo disputan con En Marea. En Euskadi, Podemos con Bildu.
Esto
es producto de que a la izquierda del PSOE se ha reactivado una
competencia que compromete lo que en las generales pareció un avance
imparable de las candidaturas podemitas.
Los
presuntos ganadores no solo consolidan su espacio electoral, sino que
el voto de sus opositores se fragmenta aún más en lugar de concentrarse
En Marea
sufre por dos lados: una relativa desmovilización de sus votantes y la
reaparición en el escenario del BNG, que le araña unos puntos
importantes para asegurar la segunda posición. En el País Vasco, Podemos
acusa el crecimiento de Bildu, que reclama el regreso a casa de una buena parte de sus antiguos votantes, que lo abandonaron en las generales.
Ello
no hace sino favorecer aún más a los presumibles ganadores: no solo
consolidan su espacio electoral, sino que el voto de sus opositores se
fragmenta aún más en lugar de concentrarse.
Podemos en Euskadi y
En Marea en Galicia obtuvieron en las generales resultados arrolladores
que no repetirán, pero su primera irrupción en unas autonómicas gallegas
y vascas es el factor que patea el tablero, reduciendo drásticamente el
espacio histórico del nacionalismo radical (BNG y Bildu) y del
socialismo.
El ¿resistible? descenso a los infiernos del PSOE
Si se confirmara la estimación del CIS, el Partido Socialista
perdería dos escaños en Galicia y nada menos que ocho en el País Vasco,
la mitad de su actual fuerza parlamentaria, ya diezmada en 2012.
Recordemos que hace solo siete años, el PSOE tuvo 25 escaños en ambos
parlamentos, un tercio del total. Ahora el CIS estima 16 en Galicia y
ocho en el País Vasco. ¿Compensaría ese descalabro la eventual carambola
de mantener la segunda posición en Galicia y superar por la mínima al
PP en Euskadinbsp;No sé, está visto que para los actuales dirigentes de
ese partido, cualquier cosa sirve para hacer historia.
Una votación poco conectada con el lío nacional
En realidad, siempre ha sido así: al contrario de lo que sucede, por ejemplo, en Madrid, tanto Galicia como el País Vasco tienen ecosistemas políticos en los que el voto autonómico se decide con una lógica muy alejada del influjo de la política general de España.
Ellos
mismos lo dicen en la encuesta: el 65% de los gallegos y el 74% de los
vascos afirman que a la hora de decidir su voto darán más importancia a
los temas relativos a Galicia y a Euskadi que a los relativos a la
situación española.
Ni la
crisis de no-Gobierno en España determinará el voto de gallegos y
vascos, ni esa votación cambiará el escenario de los no-pactos en España
Ya
sé que ahora lo que toca es atribuir un valor trascendental a las
elecciones del 25-S para resolver el quilombo español. Pero yo no creo
que sea así ni a la ida ni a la vuelta: ni la crisis de no-Gobierno en
España será determinante en el voto de gallegos y vascos, ni esa
votación cambiará sustancialmente el escenario de los no-pactos en
España. El 25-S opera más como una excusa para seguir retrasando el
momento de entrar en quirófano que como una cura del mal que padecemos.
Eso
sí, me temo que si se cumple esta estimación del CIS —las hay incluso
peores—, tras esa partida pintarán oros para Feijóo y Urkullu y pintarán
bastos para Pedro Sánchez. Así es la vida.
El PP empieza a cortejar al PNV: "Les debe interesar que haya Gobierno y estabilidad"
Alonso
evitó hablar de “cambio de cromos” pero lanzó un mensaje al PNV a tres
semanas de las vascas, insistiendo en que a Urkullu también le vendrá
bien la estabilidad en el Gobierno de la Nación
¿CUANDO TENDREMOS UN GOBIERNO ESTABLE?
Yo entiendo a Pedro, y más cuando está claro lo que va a pasar
La posición imposible que mantiene el PSOE tiene su razón de ser, pero revela cómo los cambios en la política no han sido bien entendidos por la vieja socialdemocracia
Lo que ocurrirá, como todos sabemos, es que va a gobernar el PP. Las especulaciones de estos días tienen que ver con cuándo y cómo lo conseguirá, no con el resultado final. Quién dará su brazo a torcer, quiénes brindarán los apoyos, si será después de unas (improbables) terceras elecciones, etc. Pero el fin del camino está marcado por razones obvias que Rajoy ha repetido insistentemente en estas fechas.
Yo entiendo la triple negativa de Pedro (no a las terceras elecciones, no a una alianza con Podemos, no a investir a Rajoy) en el sentido de ganar tiempo y de resituar a su partido en una travesía que va a ser dura. El PSOE lleva tiempo instalado en una encrucijada en la que, haga lo que haga, pierde. No va a gobernar con Podemos, porque le saldría caro, tendría unos socios que le generarían muchos problemas y debería recabar otros apoyos para su investidura que le saldrían más caros aún; no va a dar el sí a Rajoy porque eso supondría equiparar a su partido con el PP y dejaría a su rival, Podemos, con más opciones de crecimiento de cara al futuro, y las terceras elecciones tampoco les vendrían nada bien, aunque algunos en Ferraz piensen que ese sería el momento de debilitar aún más a los de Iglesias.
Lo único que está haciendo el PSOE con estas tácticas es intentar conservar el pasado, y eso ya no es posible
Al PSOE le queda esperar que pase el tiempo, en especial las elecciones gallegas y las vascas, intentar que con los votos del PNV y alguno más que rasque el PP por ahí Rajoy sea investido, y jugar el papel de oposición. Eso, u otra jugada similar que permita a Sánchez plantar cara a sus barones, lo que tiene especialmente difícil, y más aún después de todos los golpes mediáticos que está recibiendo por mantenerse firme.
Un caso extraño
Entiendo a Pedro, pero creo que hay algo que no toma en cuenta, porque lo único que está haciendo es intentar conservar el pasado, y eso ya no es posible. Los cambios en la política europea han sido sustanciales en los últimos años, y también en España. Suena raro que un partido en el Gobierno, en época de crisis, con una política continuada de recortes, con la obligación de reducir el déficit, enfadando a todo el mundo con la subida de impuestos, con repetidos casos de corrupción y con una aceptación en continuo descenso, haya soportado de una manera tan sólida la situación. Por supuesto que ha sufrido un deterioro evidente en votos y escaños, pero sigue el primero, con más de 50 parlamentarios que el segundo y con una superioridad aplastante en el Senado. En otras circunstancias, todo el descontento generado por su gestión habría sido canalizado por el partido de la oposición; en este contexto, lo que se ha conseguido es que el segundo partido haya perdido aún más que el primero.
El mapa electoral occidental tiende a repartirse entre un partido sistémico que gana las elecciones y uno populista que queda en segundo lugar
Suena raro, pero es fácil de entender si se comprende el escenario político actual. Hasta poco después de la crisis, en las elecciones competían dos partidos, el que estaba en el poder y el que se ofrecía como alternativa. Es cierto que el voto en algunos países europeos estaba mucho más fragmentado, pero también lo es que, al final, una formación en concreto era la que lideraba la oposición y por lo tanto la que era percibida como alternativa real. Ambos partidos, el que gobernaba y el que quería hacerlo, exhibían sus diferencias, que no eran demasiado grandes, especialmente en lo económico, pero sí las suficientes como para que cuando uno de los dos flaqueaba, el otro estuviera bien situado para reemplazarle en el Gobierno.
Uno de los dos viejos partidos pierde
Ahora no es diferente, solo que de los dos partidos principales, uno tiende a ser extrasistémico en Europa. El ascenso de Le Pen, Beppe Grillo,
Syriza, el Ukip y la derecha populista en general está alterando el
mapa electoral, que tiende a repartirse entre un partido sistémico, que
gana las elecciones, y uno populista que queda en segundo lugar. Eso no
solo implica que existan partidos nuevos que se hayan convertido en
dominantes, sino que uno de los dos que antes se repartían el gobierno tiende a convertirse en poco relevante. Y, en ese escenario, los viejos partidos socialdemócratas han salido perdiendo.
En
España, aunque todo iba por el mismo camino, no ha ocurrido así por
varios motivos. La fuerza que los socialistas conservan en algunas
autonomías, su vinculación con las generaciones mayores y, sobre todo,
la enorme torpeza de Podemos, que les hizo dilapidar las expectativas
creadas, evitaron el 'sorpasso' y convirtieron a España en una pequeña
anomalía.
El discurso sistémico opone la moderación, la sensatez y la responsabilidad a un rival radical, utópico, inexperto y peligroso
El PP supo adaptarse mejor a este nuevo contexto y por eso conservó la primera posición.
Es decir, utilizar un discurso que entroncaba con los miedos y los
deseos de la época. En lugar de insistir en elementos ideológicos, se centró
en decir de sí mismo que era un partido responsable y moderado, que iba
a cumplir con lo que Bruselas pidiera, que había obligado a los
ciudadanos a grandes esfuerzos, pero que lo peor había pasado y que
íbamos bien encaminados. Enfrentaba la moderación, la sensatez y la
responsabilidad a un rival radical, utópico, inexperto y
peligroso (Podemos y, por el mismo precio, el PSOE, que para
gobernar tenía que hacerlo con Iglesias). Esta estrategia, que ha sido
repetidamente utilizada en los últimos años, y que era fácilmente
previsible (hace un año la describí en 'Nosotros o el caos') les ha sido
muy útil porque enlaza bien con lo que muchos ciudadanos esperaban oír.
La redefinición
El
PSOE no ha sabido resituarse, y la mejor prueba es que quiere aferrarse
al pasado. Pretende conservar su vieja posición de alternativa típica
de gobierno pero con una fuerza social muy menguada. Los tiempos le
exigen una redefinición, o al menos un discurso a la altura, y los socialistas parecen incapaces de encontrar la tecla.
Hasta ahora, era suficiente con centrarse en aspectos culturales (la
religión, la relación de Madrid con las autonomías, los derechos de las
minorías) para que se le identificase como partido diferente al PP. Pero
ahora no basta con eso, por muchas razones, pero fundamentalmente por
una: el acento ya no está puesto ahí.
Pedro
Sánchez no quiere que su partido actúe como una fuerza sistémica y
apoye a Rajoy ni tampoco convertirse en Corbyn, una jugada casi
imposible
De manera que el PSOE tiene que decidir qué va a
hacer en este nuevo escenario para evitar que le ocurra lo mismo que a
gran parte de la socialdemocracia europea y de la vieja izquierda. Y
tiene dos opciones: o trata de pelear con el PP por el puesto de partido
sistémico, y para ello tendría que apoyarlo en la investidura,
respaldar las medidas que proponga Bruselas y adaptar sus promesas
económicas a la realidad que le solicitan, u opta por combatir por el
espacio extrasistémico, girando a la izquierda, a lo Corbyn, y tratando
de vaciar a Podemos de votantes, con lo que la negativa a investir a
Rajoy quedaría justificada ahora y después de unas terceras elecciones. Pero Pedro no está haciendo ninguna de estas dos cosas, sino que quiere, como en el pasado, quedarse con las dos;
pretende diferenciarse del PP como si fuera radicalmente distinto, pero
sin ofrecer la justificación programática que la época exige para que
sus votantes aprecien esa diferencia. Y eso sí que es una contradicción
insostenible.
Como si nada hubiera pasado
El PSOE y la
socialdemocracia tradicional no pueden seguir viviendo como si nada
hubiera ocurrido. El escenario político ha cambiado y ahora les toca a
ellos. Yo a Pedro le entiendo, pero lo que quiere no es posible. Y creo
que no lo es incluso aunque sus rivales emprendan el camino del suicidio
político, que bien podría ser. Ciudadanos puede acabar quemado y Podemos carece de la inteligencia estratégica necesaria para ganarse a las mayorías.
Pero incluso si ambos desaparecieran, tampoco sería raro, a juzgar por
experiencias cercanas, que una fuerza populista de derechas ocupase su
lugar. Quizá dentro de cuatro años las cosas sean muy distintas, los
partidos extrasistémicos estén acabados y regresemos a la vieja
normalidad. Pero francamente, Pedro, no tiene mucha pinta
.
LAS CONSECUENCIAS DEL BREXIT
“¿Sigo siendo británico o me hago español?”
Los residentes británicos de la Costa del Sol quieren ser españoles: así se preparan
Parnell Academy iniciará la próxima semana un curso diseñado de modo específico para aprobar el examen de nacionalidad española. Lo respalda la asociación Brexpats in Spain
“¿Sigo siendo británico o me hago español?”. Tras el resultado del referéndum del Brexit, es una de las preguntas clave que se formulan los británicos residentes en la Costa del Sol, una de las comunidades más numerosas del Reino Unido en España. Y una de las respuestas a esta cuestión empezará a funcionar la próxima semana: se iniciarán las clases de la primera academia especialmente diseñada para los británicos que deseen aprobar el examen para obtener la nacionalidad española.
En el centro de La Cala de Mijas, uno de los tres núcleos urbanos de este municipio de 84.000 habitantes donde se concentra el mayor número de extranjeros en la Costa del Sol (10.000 son británicos), se sitúa Parnell Academy. Su director es Richard Parnell, uno de los fundadores junto a su hija Natasha y Anne Hernández, de 63 años, presidenta de Brexpats in Spain, una asociación que cuenta ya con 1.900 socios y que prevé extenderse en otoño a otros países europeos, como Francia, que se han mostrado interesados en la iniciativa. Brexpats [aquí su página de Facebook] se constituyó el pasado 29 de julio. Británicos afincados en Barcelona, Mallorca, Alicante y Almería ya se han puesto en contacto con la asociación.
A Parnell se le ocurrió la idea de la academia en el pasado torneo de Wimbledon, adonde fue para encordar raquetas de tenis, su especialidad. Allí, en su país natal (vive en la Costa del Sol desde que tenía cinco años y ya ha cumplido medio siglo), vio cómo todas las televisiones estaban focalizadas en el resultado del referéndum. “Solo había programas del Brexit. Yo estoy muy integrado en la vida española y no me había dado cuenta hasta entonces de la importancia para los británicos. Y a mí también me afecta, por supuesto”, explica a El Confidencial. Ese fue el germen para montar la academia.
Este tipo de curso específico para conseguir aprobar el examen para obtener la nacionalidad española no cuenta con antecedentes en España. Y viene provocado por la intensa y creciente demanda existente en la Costa del Sol de británicos interesados en conocer los trámites necesarios para obtener la nacionalidad española. Parnell vaticina que un perfil medio, esto es, de un británico de unos 60 años con residencia en Mijas, Fuengirola o Marbella, sin tener ningún conocimiento previo de castellano, podría en dos años superar el examen, “muy complicado”.
Para cumplir con este objetivo, el estudiante debería dedicar dos horas a la semana para las clases, más otra hora de lección extra de cultura española: con conocimientos de geografía, historia, política. “Eso sí, también tendría que estudiar en casa y buscar la manera de relacionarse con los españoles”, uno de los grandes problemas de los foráneos isleños, según el dueño de la academia, como se puede comprobar en urbanizaciones como Riviera del Sol o Calahonda, donde los británicos pueden funcionar sin problemas en su vida cotidiana sin hablar ni una sola sílaba de español.
Clases privadas a una señora de 83 años
El precio mensual de la academia rondará los 50 euros. También existe la posibilidad de contar con clases particulares a razón de 20 euros la hora. “Es más divertido hacerlo en grupo y es muy importante la conversación; se aprende y es más variado”. Ya hay 12 reservas para este curso, como una señora de 83 años que quiere clases privadas; o un galés, con una pareja brasileña y dos australianos que hace dos años que viven en la zona.
El método de aprendizaje se basa en módulos. El de nivel de principiante durará nueves meses y así hasta llegar al superior. “No solo queremos que puedan conversar en español, sino que sepan escribirlo y lo aprendan bien. Es básico que no solo se relacionen con la comunidad británica, sino que se integren de todas las maneras. Hay que buscar la interacción con la gente local”, explica Parnell. La academia, que también ofrecerá clases de inglés para españoles, tiene capacidad para acoger durante una mañana a 120 alumno
Para este británico, que regentó junto a su hermano una tienda de deportes en Fuengirola, la Costa del Sol y en general España seguirán siendo un lugar de especial atractivo para los británicos, sobre todo por el clima. “Dos días de sol es el verano para ellos”. “Aquí la vida es más relajada y la gente es muy acogedora. Y los precios siguen siendo más baratos, con una vida más digna que en Reino Unido”. Incluso a pesar de la caída de la libra y su depreciación respecto al euro.
“Los británicos seguirán viniendo”
Alex Radford es socio director del despacho My Lawyer in Spain y recuerda que la fluctuación de la bajada de la libra es un hecho desde hace años. “Habrá más volatilidad en los próximos años. Los británicos van a seguir viniendo, y no solo por la calidad de vida, sino por la distancia. Tengo clientes que salen de su casa y en tres horas están en su residencia de Mallorca. Y hay 15 aeropuertos regionales conectados con España”. Radford también ofrece algunos datos que explican la importancia turística de Reino Unido en España, como los 15 millones de británicos que viajan a España, muy por encima de los nueve millones que lo hacen a Francia, el segundo país que recibe a ‘british’. “Y eso no va a cambiar con el Brexit”.
El abogado con despacho profesional en Marbella admite que las solicitudes para conseguir un hipotético “pasaporte español” y la renuncia a la nacionalidad británica para seguir siendo europeo también plantean algunos problemas, como la diferente fiscalidad. Y cita el caso del impuesto de sucesiones. Con la legislación inglesa se puede designar "con más libertad a los que heredan", subraya Radford. “Yo les digo que sean españoles si quieren, pero que tengan en cuenta que se les van a aplicar todas las leyes de España, que muchos creen que son iguales que en Reino Unido. Lo que tengo claro es que los británicos que llevan aquí más de 30 años no van a volver”, afirma.
"Algunos tienen 80 años y enfermedades que no pueden costearse con el seguro privado. No saben qué van a hacer"
El asunto clave, el que más preocupa, es el sanitario. Los jubilados británicos utilizan la Seguridad Social, pero cuando Reino Unido ya no pertenezca a Europa, todo se complicará. Las aseguradores médicas no aceptarán a mayores y muy poco segmento de población se puede permitir el desembolso de sanidad cien por cien privada. La presidenta de Brexpats in Spain subraya el problema de sufragar la Seguridad Social para los pensionistas. “Algunos tienen 80 años y enfermedades que no pueden costearse con el seguro privado. No saben qué van a hacer”, lamenta Hernández, quien se considera “en primer lugar europea”, y que critica cómo los británicos que han estado 15 años fuera de Reino Unido no pudieron votar en el referéndum. “Somos los olvidados, como si nuestra opinión no sirviera. El Brexit nos va a afectar más a nosotros que a los que viven en Reino Unido”.
“Ya no hay vuelta atrás”
Brexpats in Spain no cuenta con fondos propios. Por el momento, es una asociación sin ánimo de lucro. El Ayuntamiento de Mijas sí les apoya, al igual que una inmobiliaria (Orange Estate), la clínica Excelan de Marbella y la firma De Vere, uno de los mayores brókeres del mundo. “Lo que buscamos es cubrir gastos. Estamos haciendo presentaciones de la asociación. Esto ha sido una sorpresa para todos. No sabemos casi nada y ya no hay vuelta atrás. Hay que respetar la decisión del referéndum”, apunta Hernández. La abogada de la asociación es Ana Argente. “Hay mucha incertidumbre y les damos asesoramiento legal. Tienen muchas dudas sobre qué hacer”, subraya Argente a este diario.
Ana Scherman, concejala de Residentes Extranjeros del Ayuntamiento de Benalmádena, manifiesta en declaraciones a El Confidencial que los residentes británicos en su municipio preguntan sobre todo por el empadronamiento. “Hasta que el Gobierno británico no formule la petición oficial para irse de Europa, pueden pasar muchas cosas”, subraya Scherman, quien utiliza la expresión de “alarma contenida” ante el Brexit.
¿Qué tipo de relación quiere tener Reino Unido con el resto de Europa? “Eso es lo que falta por negociar. Hemos votado por salir de la UE y ahora tenemos que aceptar el resultado y hacerlo mejor. No se puede dar la espalda a Europa, después de 45 años trabajando juntos. Yo creo que ya hemos superado el ‘shock’ y hay que seguir adelante”, recalca Radford.
Publicado el 2 sept. 2014
Este hermoso e imponente volcán, que sin duda domina toda la zona lacustre del Lago LLanquihue, es el más apetecido por cientos de montañistas que año a año llegan a tratar de alcanzar su cono cumbrero. Desde su cumbre 2652 msnm, es posible ver 11 volcanes, Villarica, Lanin, Mocho, Choshuenco, Puyehue,
https://youtu.be/XWQ79vEdFWE
EXTREMADURA.COM
https://www.extremadura.com/perfil-de-ramon-galapero-romero/fotos
Directo sesión de investidura: Vara pide a Sánchez que reúna al Comité Federal del PSOE
Sin citar la palabra abstención ha reiterado que "España necesita tener un gobierno y si tú no puedes hacerlo, tienes que dejar que alguien lo haga". También ha aclarado que en ningún momento ha defendido que había que apoyar al PP
El apretón de manos entre Rajoy y Rivera sella su acuerdo de
investidura
El
presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy y el presidente de
Ciudadanos, Albert Rivera, han escenificado el acuerdo de investidura
después de la larga negociación. En breve presentarán las condiciones del pacto, un documento que firmarán Rafael Hernando y Juan Carlos Girauta
Fumata blanca: PP y C's firmarán hoy a las 12.30 su acuerdo de investidura´.
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En directo: Treinta y cinco minutos de reunión para no mover ninguna ficha
El acuerdo que Ciudadanos y el PP alcanzaron este domingo no ha servido para cambiar la forma de pensar de la Ejecutiva Federal del PSOE
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Se acabo la posibilidad de tener que votar el 25 de Diciembre
Rajoy y Rivera sellan el acuerdo de investidura con un apretón de manos
Los líderes de ambos partidos se estrecharon la mano como símbolo de acuerdo, dejando atrás largas horas de negociación.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera se han reunido esta mañana con los equipos negociadores de las das formaciones para ratificar el acuerdo por el que el partido naranja apoyará al líder del PP en la investidura, según informan ambos partidos.
Al inicio de la reunión, ambos líderes se estrecharon las manos como símbolo de acuerdo, dejando atrás largas horas de negociación. Presentarán las condiciones de su pacto de investidura, un documento en el que sus equipos llevan días trabajando y que firmarán Rafael Hernando y Juan Carlos Girauta. Ratifican un documento que se titula '150 medidas para mejorar España' y cuenta con medio centenar de fólios. El citado encuentro ha tenido lugar en el congreso pasadas las 12.30 horas de esta mañana.
A última hora del sábado todo parecía en el aire. Pasada la medianoche del sábado los equipos de ambos partidos todavía seguían perfilando los últimos detalles del acuerdo de investidura de Mariano Rajoy. “Todavía hay escollos, no está cerrado”, señalaban fuentes cercanas a las negociaciones a última hora de ayer.
Barones y afines a Sánchez se arman para la batalla: abstención patriótica o fórmula Iceta
La tensión entre los dos bandos va en aumento y todo apunta a que alcanzará su cénit en el comité federal que tendría lugar tras la fallida investidura de Rajoy
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El PSOE está roto en dos mitades y no hay pegamento emocional capaz de unir los trozos. No se trata de los barones críticos frente a los fieles a Pedro Sánchez, tampoco de aquéllos más proclives a facilitar la investidura de Rajoy con una ‘abstención patriótica’ frente a los que proponen una fórmula alternativa (o ‘gobierno Frankenstein’) de la mano de Podemos. Lo que realmente distingue a los dos bandos en liza, aseguran, es que uno tiene responsabilidades de gobierno frente al otro, que está en la oposición.
Como apuntan desde una las comunidades críticas: “Los que gobernamos tenemos a cargo la vida de muchas personas, con un presupuesto que elaborar y unos fondos europeos que recibir. A nosotros, el bloqueo institucional nos mata. Los que se han hecho fuertes en Ferraz, en cambio, son los que no tienen responsabilidades. A esos les importa menos. Pedro se ha rodeado de perdedores, de los Tudanca, Idoia, Iceta, que son “los del 12%”, es decir, los que no logran más del 12% de los votos en sus respectivos territorios”.
Los puentes han saltado por los aires. No se hablan. No hay empatía. Los barones critican por lo bajo al secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, al que acusan de creerse descender de la pata del caballo del Cid, mientras al mismo tiempo, en Ferraz, hacen incursiones en las federaciones críticas para erosionar los liderazgos regionales.
La tensión entre los dos bandos va en aumento y todo apunta a que alcanzará su cénit en el comité federal que tendría lugar tras la fallida investidura de Rajoy. Un comité que todavía no ha sido convocado pero que unos y otros reconocen que es necesario “ya que los términos han cambiado”. Ya no se trata tanto de si Rajoy debe ser o no presidente del gobierno como de decidir si se quieren unas terceras elecciones que pueden ser letales para el PSOE.
“Pedro se ha rodeado de perdedores, de los Tudanca, Idoia, Iceta, que son “los del 12%”, lo que no sacan más que esos votos en sus respectivos territorios”
En este 'raca-raca' interno que persigue al partido desde hace un año, los barones críticos sondearon la posibilidad de promover un comité federal antes del debate de investidura que comenzará este martes. El plan consistía en una cadena de declaraciones públicas individuales, pero coordinadas, insistiendo en una reunión para decidir qué hacer esta semana en el Congreso, ya que en el anterior cónclave se había hablado mucho pero no se había firmado nada. Luego de mucho marear la perdiz, una vez más, los barones no se pusieron de acuerdo y desecharon la idea: “No se habría entendido. Es verdad que en el anterior comité no se firmó nada, pero ya dijimos todo lo que teníamos que decir”.
Así que el PSOE llega al debate de investidura encastillado en el “no es no”. Se pronunciarán en contra en la primera votación y, después de 48 horas que resultarán de una intensidad asfixiante, con presiones mediáticas, una catarata de declaraciones y una sensación de vértigo con la que se intentará trasladar la idea de que este país no aguanta más sin gobierno, después de toda esta escenografía, los socialistas volverán a votar en contra de Mariano Rajoy.
Será entonces cuando comience la batalla final en el PSOE. ¿El escenario? Un nuevo comité federal en el que se pondrán sobre la mesa tres únicas opciones posibles: facilitar un gobierno del PP en una segunda ronda de investidura (en caso de que Rajoy se decida a repetir) a cambio de una lista de exigencias; probar con la ‘fórmula Iceta’ y que Pedro Sánchez lo intente con Podemos y los independentistas, o ir a terceras elecciones. A priori, ninguna de las tres posibilidades parece buena para los intereses del PSOE.
Aunque los barones alertan de que la 'propuesta Iceta' de intentar un ‘gobierno de cambio’ podría abrir en canal a un PSOE ya de por sí gemebundo, la idea dista mucho de haber sido desterrada del magín de los próximos a Sánchez. “Si no sale la investidura, habrá que negociar. Nos tendremos que sentar todos con todos. Y todos son todos. Lo que no puede haber son terceras elecciones. Sería una impugnación a la clase política en su conjunto”, arguyen desde la federación catalana. “Las apelaciones a la ‘abstención patriótica’ del PSOE que tanto se escuchan fuera y dentro resultan hasta cómicas. ¡Como si el patriotismo fuera unidireccional y sólo afectara a los socialistas! ¡Qué pasa con el PP! Habrá que intentar otras vías. Lo que sucede, y esto hay que reconocerlo, es que no estamos sabiendo explicar ni defender estos argumentos”.
La mera idea de volver a sentarse en la misma mesa con la formación que lidera Pablo Iglesias hace que a algunos les salgan sarpullidos. Los críticos a la cúpula del PSOE, con Susana Díaz a la cabeza, lo descartan por completo: “Acabaría definitivamente con nosotros. Nos estamos ‘podemizando’ para resolver nuestros problemas internos. Grave error”. Con todo y con eso, no pueden por menos que reconocer que miembros de la dirección del partido, así como las redes sociales, continúan insistiendo machaconamente en la posibilidad de un ‘gobierno Frankenstein’: “Twitter también está con Pedro. Te metes con él y se te echan al cuello. Lo han montado bien desde Ferraz”.
Lo que propondrán los barones en ese nuevo comité federal será abstenerse en una segunda hipotética ronda de investidura a cambio de una lista de exigencias. Dichas exigencias no son otras que las que ya se enumeraron tras conocerse los resultados electorales del 26-J, tales que la derogación de la Ley mordaza o la reforma de la ley laboral y de la educativa. Algunos podrían ir incluso más allá y reclamar al PP un candidato alternativo a Rajoy para sacar la investidura, tal y como han ido dejando caer en las últimas semanas algunos artículos periodísticos.
PSC: “Las apelaciones a la ‘abstención patriótica’ resultan cómicas. ¡Como si el patriotismo fuera unidireccional y sólo afectara a los socialistas!”
Los barones no quieren unas terceras elecciones. Los barones lo único que quieren es que se desbloquee la situación para que el dinero fluya por las arcas regionales. Otra cosa diferente, sin embargo, es lo que le esté rondando por la cabeza a Pedro Sánchez. Según los que departen con él, el líder socialista considera que no le iría mal en unos terceros comicios que apuntalarían el bipartidismo y ahondarían en la grave crisis de su rival Podemos.
Ignora, sin embargo, el factor ‘abstención’ y lo monolítico del bloque de centro derecha, donde ninguno de los líderes está siendo cuestionado internamente, frente al caos y la situación agónica del bloque de centro-izquierda. “Pedro Sánchez será el candidato de las terceras elecciones y no pasará nada. Nos iremos de 85 a 78 y diremos que ha sido un éxito. La dirección del partido no asume ninguna responsabilidad. Todo es herencia del pasado”.
En una intervención el pasado mes de julio en el curso ‘Prensa y Poder’, el profesor socialista y líder de la oposición en la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, se refirió al futuro de España y a la necesidad crear espacios comunes: “Creo en el consenso, en el diálogo, la escucha. El acuerdo no es sólo una aproximación a algo. El acuerdo es generación, creación. Es una España que hay construir. El acuerdo no es sólo un gesto de aproximación sino que permite crear y generar una realidad no existente. Algunos dicen: ¿cómo nos vamos a poner a trabajar en eso si no hay acuerdo? Claro. Hay que construirlo”. La ponencia la dio en la Ciudad de la Educación de San Gabriel, en Aranda de Duero, donde está inscrita la frase del poeta Virgilio ‘Labor Omnia Vincit’ (“el trabajo lo puede todo”), que alguien debería esculpir también en el frontispicio de Ferraz 70.
Barones y afines a Sánchez se arman para la batalla: abstención patriótica o fórmula Iceta
A diferencia de lo ocurrido días anteriores, los contactos se estaban realizando por vía telefónica y no de forma presencial en el Congreso. Una vez cerrado el acuerdo, los portavoces parlamentarios podrían ser los encargados de rubricar el acuerdo. Como ya publicó El Confidencial, Rivera se resiste a escenificar el pacto con una foto junto a Rajoy y serán los equipos negociadores quienes finalmente se harán la foto.
En las últimas horas, ambos partidos acordaron nuevas medidas como la elección directa de los alcaldes, una reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y disminuir el número de contratos existentes. Tres medidas que revelan que ambos partidos están dando su brazo a torcer.
Por un lado, la reducción de contratos echa por tierra una de las medidas estrella de los naranjas: la creación de un contrato único. Los populares no veían con buenos ojos esta medida y tampoco gusta a los socios de Coalición Canaria, cuyo voto a favor está supeditado al contenido del acuerdo final entre PP y C’s.
Por otro, el PP sí ha aceptado otra de las medidas clave en el programa de Ciudadanos: la reforma del CGPJ. Para despolitizar este órgano, los naranjas proponen que sean los propios jueces los que elijan a doce de los vocales integrantes del órgano. Cabe recordar que inicialmente la formación sugirió eliminar esta institución, propuesta que terminaron desechando tras las críticas recibidas.
En materia fiscal, ambos partidos han acordado recuperar los 2.800 millones de la amnistía fiscal para poder destinarlos a planes de educación, empleo, pobreza y otras materias, según adelantó Efe. Hace unos días los naranjas aseguraron que esa cifra era la cantidad que se había "perdonado" a los defraudadores: "Creemos que es importante por la cuantía y por la ejemplaridad y para no premiar al defraudador", explicó por entonces José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos.
Frente al optimismo popular durante los últimos días, desde C's se mostraron más prudentes y advirtieron que la posibilidad de levantarse de la mesa era real
Respecto al Senado y las Diputaciones, es poco probable que los populares hayan accedido a tocar ambas instituciones. El PP siempre ha defendido el papel de estos organismos frente a Ciudadanos, que en el caso de las Diputaciones ha llegado a tildarlas de "burbuja política". A cambio, los populares sí están dipuestos a abordar una reforma de la Administración para reducir el gasto público. Otra de las medidas por concretar es la cantidad destinada al paquete de medidas sociales, una inversión que los naranjas cifran en 7.300 millones de euros.
Otra de las medidas que el PP ha rechazado es la obligatoriedad de celebrar primarias. Los populares han declarado en varias ocasiones que están dispuestos a "promover" una mayor "participación" interna, pero que en ningún caso otra formación debe decidir sobre su reglamento. Otras propuestas que sí han aceptado son la creación de un complemento salarial para las rentas más bajas y la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad. En cualquier caso, el PP advierte de que la ejecución de estas medidas queda supeditada al cumplimiento del compromiso de estabilidad presupuestaria.
La recta final del acuerdo cierra una semana frenética. Frente al optimismo exhibido por los populares durante los últimos días, desde Ciudadanos se mostraron más prudentes y advirtieron en más de una ocasión que la posibilidad de levantarse de la mesa era real. De hecho, durante la jornada del viernes, Villegas admitió que los avances eran "insuficientes" y veía complicado cerrar un acuerdo en las siguientes horas. El propio Rajoy admitió este sábado que la investidura era más "un deseo" que "un hecho".
La agenda canaria
Además de con Ciudadanos, los populares han mantenido contactos con Coalición Canaria. Aunque se trata de un solo voto que no garantiza nada, el PP se ha reunido con Ana Oramas, líder de la formación, para negociar
En cualquier caso, el voto de los canarios no está cerrado. Desde la formación señalan que los populares deben garantizarles "mejoras significativas" en materia fiscal, de empleo y energía. Igualmente han insistido en que el acuerdo programático del PP y Ciudadanos no debe "perjudicar" a los cabildos insulares.
Con los votos del PP, Coalición Canaria y Ciudadanos, Mariano Rajoy obtendría en la votación 170 apoyos y se quedaría a seis de ser investido. Una situación que pondría toda la presión sobre el PSOE, que al igual que Podemos insiste en que el sentido de su voto ya está decidido.
Llamada a Sánchez
Una vez que Rajoy ate los apoyos de Ciudadanos y Coalición Canaria, el líder popular llamará a Pedro Sánchez para explicarle el acuerdo y tratar de que se mueva del no, una petición que se antoja difícil a tenor de las duras críticas de los socialistas. "Votaremos en contra por una convicción ideológica y por ética", llegó a afirmar el líder del PSOE.
La idea, según explicó Fernando Martínez-Maillo, vicesecretario del PP, es que Sánchez "recapacite" y "facilite las abstenciones necesarias" para desbloquear la investidura.
Fumata blanca: PP y C's firmarán hoy a las 12.30 su acuerdo de investidura
Rafael
Hernando y Juan Carlos Girauta firmarán dicho acuerdo. Tras la rúbrica,
el presidente del Gobierno en funciones atenderá a los medios de
comunicación
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera se reúnen esta mañana con los equipos negociadores de los dos partidos para ratificar el acuerdo por el que el partido naranja apoyará al líder del PP en la investidura, según informan ambos partidos.
El
citado encuentro tendrá lugar en el Congreso a las 12:30 horas de esta
mañana y al finalizar el mismo, en torno a la una, los portavoces
parlamentarios del PP, Rafael Hernando y de Ciudadanos, Juan Carlos
Girauta, firmarán el acuerdo de investidura. Tras la rúbrica, el presidente del Gobierno en funciones atenderá a los medios de comunicación.
A última hora del sábado todo parecía en el aire. Pasada la medianoche del sábado los equipos de ambos partidos todavía seguían perfilando los últimos detalles del acuerdo de investidura de Mariano Rajoy. “Todavía hay escollos, no está cerrado”, señalaban fuentes cercanas a las negociaciones a última hora de ayer.
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Ciudadanos acusa a Forcadell ante el TC de incitar a la ruptura con España
En
un documento de 13 páginas, José María Espejo-Saavedra acusa a algunos
miembros de la Mesa de haber desobedecido conscientemente las
directrices del Constitucional
El diputado de Ciutadans José María Espejo-Saavedra presenta el informe en el Constitucional. (EFE)
José María Espejo-Saavedra, vicepresidente segundo del Parlamento catalán y diputado de Ciudadanos, entregó esta semana un documento al Tribunal Constitucional en el que detalla cómo los miembros de la Mesa de la cámara catalana decidieron someter a votación las resoluciones rupturistas de una comisión parlamentaria a pesar de las propias advertencias del alto órgano judicial.
En un documento de 13 páginas, el político acusa a algunos miembros de la Mesa de haber desobedecido conscientemente las directrices del Constitucional. Este estudia ahora si abre la vía para expedientar o inhabilitar a la propia presidenta del Parlament, Carme Forcadell. La lideresa independentista permitió aprobar unas resoluciones que conculcaban la legalidad vigente, en una maniobra que se parapetó detrás de la legitimidad del Parlamento y la cámara aprobó así, oficialmente, la ‘desconexión’.
En otras palabras: Forcadell incitó a la aprobación de resoluciones claramente anticonstitucionales y que apostaban por la ruptura con España y por salirse de la legalidad vigente. “Se ignoraba o se quería ignorar que la presidenta, cuando está en el pleno, no solo actúa como diputada del Parlamento, investida de inviolabilidad por sus votos y opiniones, sino también, en cuanto a la ordenación del debate, como presidenta el mismo, es decir, como órgano de Gobierno de la Administración parlamentaria, donde tiene el deber de cumplir y hacer cumplir la ley y las resoluciones de los tribunales, especialmente las del TC”, dice el documento.
Los independentistas quieren hacer pasar la decisión de las votaciones que incumplen las directrices del Tribunal Constitucional como iniciativas colectivas
“Mi informe está elaborado tras el requerimiento del Constitucional para que los miembros de la Mesa emitiésemos un informe sobre si el Parlamento incumplió la orden del TC de no votar una resolución claramente inconstitucional. Mi conclusión es que sí”, explica Espejo a El Confidencial.
En su escrito, el vicepresidente de la cámara catalana detalla que en las reuniones preliminares sobre si se admitían a trámite las polémicas resoluciones (en ellas se hablaba de incumplir las leyes españolas y las resoluciones del propio TC) advirtió a sus compañeros de Mesa de que si se votaban las resoluciones independentistas se estaría incumpliendo las resoluciones del Constitucional y, además, era un fraude de ley.
El informe que presentó al Constitucional especifica que “hubo un intento de traslación de responsabilidad de la Presidencia al pleno (revestido de inviolabilidad, como se encargaron de señalar los propios portavoces de los grupos que instaron la modificación del orden del día), amparándose en una norma reglamentaria prevista para otras finalidades, para así conseguir el objetivo prohibido por la resolución del TC. Un fraude de ley en toda regla, tal y como sostuve en mi intervención en el pleno”. En otras palabras, para evitar la responsabilidad personal, los independentistas quieren hacer pasar la decisión de las votaciones que incumplen las directrices del TC como iniciativas colectivas. Algo así como la realidad de Fuenteovejuna trasladada a la España moderna
“Para llevar al pleno las resoluciones, el grupo de Junts pel Sí (JxS) y la CUP tergiversaron el reglamento de la cámara y adoptaron artículos del propio reglamento que están redactados para otras cosas. Advertí de ello a Carme Forcadell, pero hizo caso omiso y dio luz verde para que las resoluciones se llevasen a pleno y se votasen, cuando lo podría haber evitado”, subraya Espejo a este diario. En otras palabras, que cada quien asuma su responsabilidad personal.
En manos de la CUP
Ahora, con la apertura del nuevo curso político, el Parlamento catalán se enfrenta a un terrible dilema: seguir la senda de la desobediencia o actuar dentro de la ley. “Quien domina la política catalana en estos momentos es la CUP, que tiene en sus manos el futuro del presidente de la Generalitat de Cataluña. La CUP defiende la desobediencia y de ella depende la moción de confianza de Carles Puigdemont el próximo 27 de septiembre. Esa circunstancia puede hacer que la situación de encone en las próximas semanas. Si la CUP exige más nivel de desobediencia tendremos un mayor nivel de ruptura”.
Espejo advierte que “si el Parlamento catalán no acepta las resoluciones del Constitucional, tendremos un problema institucional grave. Pero confío en que todos seamos conscientes de que tanto los órganos políticos como los judiciales tienen legitimidad. Espero que el sentido común se imponga y no haya actos de desobediencia”.
El también diputado de Ciutadans explica que el futuro de las instituciones catalanas es una incógnita. “Lo cierto es que desde las filas de Junts pel Sí no se habla de desobediencia, como se hace en la CUP. Pero habrá que esperar a ver qué pasos dan los cuatro miembros de JxS que hay en la Mesa del Parlamento para saber qué nos espera y si tienen la intención de incumplir las resoluciones del TC o no”.
Pero en todo caso, “no se quebrará la legitimidad del Parlamento catalán, que es una institución legítima. Si determinados miembros de él incumplen la ley, no afecta a la institución, que es de todos. En todo caso, lo que se pondrá de manifiesto es que la mayoría independentista que hay en la cámara falta al respeto a esa legitimidad del Parlament”.
Pero también es consciente de que hay que esperar al inicio del nuevo curso político para saber si la tensión soberanista hará subir la tensión política. “Todo dependerá del nivel de presión que el Gobierno catalán esté dispuesto a asumir. JxS está fuertemente presionada por la CUP ante la moción de censura al presidente de la Generalitat el 27 de septiembre y ya veremos si son capaces de aguantar el tirón”.
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El terremoto de Italia equivale a una detonación de 1.270 toneladas de explosivos
El
terremoto de magnitud 6,2 registrado esta madrugada en Italia ha
ocurrido en una de las regiones con mayor riesgo sísmico de Europa
Decenas de muertos y desaparecidos en devastador seísmo en centro de italia
¿Por qué todavía no somos capaces de predecir los terremotos?
A
diferencia de otros seísmos y como señalan desde el Ilustre Colegio
Oficial de Geólogos (ICOG), no se han producido terremotos previos que
hubieran podido alertar a las autoridades y a la población. "Como
ocurrió en L'Aquila, se habría podido al menos avisar y la gente al
sentir los sismos por miedo hubiera abandonado los edificios", señala a
Sinc Manuel Regueiro, presidente del ICOG.
En este caso, tras el
evento ocurrido esta madrugada se están produciendo multitud de
réplicas, que seguirán al menos varios días más. "Es lo que suele
ocurrir", dice Regueiro, quien no descarta que se produzca una réplica
de magnitud similar al sismo de esta noche.
Como
ocurrió en L'Aquila, se habría podido al menos avisar y la gente al
sentir los sismos por miedo hubiera abandonado los edificios
"Lo
habitual es que se relaje la tensión con un terremoto grande y luego ya
no sean tan grandes, pero si entra a funcionar otra falla distinta,
podría producir un terremoto mayor", recalca a Sinc el geólogo. Este
terremoto ha causado daños en zonas pobladas en un área de hasta 160
kilómetros a la redonda.
Italia, país europeo con mayor riesgo sísmico
Para
valorar la gravedad del seísmo, los geólogos indican que es más
práctico utilizar la escala Mercalli de intensidad, que mide de manera
cuantitativa los efectos de un terremoto.
Según los primeros
informes registrados por el Servicio Geológico de Estados Unidos, el
seísmo de esta madrugada habría alcanzado una intensidad de entre VII y
VIII en la escala Mercalli, lo que indica daños leves en
infraestructuras bien construidas y posibilidad de daños graves en
estructuras vulnerables, como es el caso de las construcciones de las
poblaciones cercanas al epicentro del seísmo.
“Italia
es uno de los países europeos con mayor riesgo sísmico debido a su
posición en la convergencia de las placas africana y euroasiática”,
sostiene Regueiro. Este geólogo añade que la sismicidad se concentra en
la región central y el sureste de Italia, a lo largo de la cresta de los
montes Apeninos, aunque también algunas partes de Calabria y del norte
de Italia tienen riesgo de terremotos.
Regueiro recuerda que en la
actualidad es imposible predecir un terremoto, por lo que confía que en
este caso no se repitan los sucesos del seísmo de L’Aquila, que llevó a
seis científicos italianos a ser condenados en primera instancia en
2012 por no advertir a la población de la proximidad del movimiento
sísmico. Finalmente, los seis científicos fueron absueltos mediante
sentencia de un tribunal de apelación en 2014.
_____________________________________________
Madrid cambiará baremos de adjudicación para evitar empresas de seguridad 'piratas'
La
Consejería de Presidencia dará menos valor al factor precio en favor de
otros criterios como el de que las mercantiles cumplan los salarios
acordados en el convenio colectivo
Tiempo de lectura5 min
El consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido,
revisará los baremos para la adjudicación de contratos de seguridad de
sus edificios después de que decenas de vigilantes anunciaran para hoy
una huelga por la concesión de uno de los servicios a la empresa
Sinergias, que ha bajado el sueldo de los trabajadores casi en un 40%.
La mercantil ganó el concurso después de la quiebra de la compañía Magasegur
-que tenía adjudicado el servicio y que, al igual que Sinergias,
también pagaba por debajo del convenio colectivo-, que forzó a la
Comunidad de Madrid a sacar uno nuevo, que por la vía de urgencia
se entregó a la sociedad Sasegur, aunque únicamente para los meses de
abril a junio. En julio, Sinergias ganó la nueva adjudicación -que dura
hasta el próximo 31 de diciembre- debido a que el precio que ofrecía
para realizar el servicio era el más bajo de las tres ofertas que se
presentaban.
En concreto, Sinergias se hizo con el trabajo en un momento en el que Presidencia concedía 60 puntos sobre 100 al
criterio del precio. El departamento dirigido por Garrido ya había
reducido el peso del elemento precio, que antes de esa adjudicación
estaba en 70 puntos sobre 100 (para la contratación de Magasegur, por
ejemplo). Sin embargo, con 60 le bastó a Sinergias para ganar el
concurso.
Ahora desde la Consejería explican que van a bajar aún más este peso del precio
precisamente para que empresas que se descuelgan del convenio tengan
menos posibilidades de ganar los concursos que se saquen de aquí en
adelante. No se modificará, sin embargo, el que ya se concedió a
Sinergias, por el que los vigilantes de seguridad están haciendo hoy una
huelga que
está teniendo lugar en los edificios de cultura y turismo que controla
Presidencia. Será solo a partir del 1 de enero, cuando se adjudique el
nuevo servicio de estos inmuebles, cuando se incluyan ya los nuevos
baremos de contratación. La Consejería, de hecho, trabaja ya en un nuevo
pliego para este servicio.
Aunque se reduzca el peso del precio que ofrece la mercantil, lo cierto es que éste factor debe seguir siendo el más determinante
para adjudicar un servicio de estas características, ya que de lo
contrario podría llamar la atención el Tribunal de Contratación Pública o
la propia Intervención. Según fuentes de la Comunidad de Madrid, la
Consejería prevé que factores como que las empresas se ajusten al
convenio o que tengan planes de formación para los empleados pesen más
que hasta ahora. En el momento de la adjudicación a Sinergias, estos dos
últimos conceptos suponían 20 puntos sobre 100 cada uno.
Los vigilantes han visto reducir su sueldo un 40% de la noche a la mañana; de 1.100 a algo más de 700 euros al mes.- La
contratación de Sinergias por parte de Presidencia conllevó una
reducción de salario de casi el 40% para los profesionales de la
seguridad que vigilan los edificios afectados. En concreto, éstos vieron
reducir su sueldo de 1.100 a algo más de 700 euros al mes,
lo que provocó las protestas de estos trabajadores, que para más inri
hasta ayer por la noche no conocieron los servicios mínimos acordados
por la Delegación del Gobierno y la Comunidad de Madrid para la huelga.
Según
el Sindicato Libre de Seguridad (SLS), que es el que ha convocado la
huelga, las autoridades han situado los servicios mínimos en un 90%,
dado que muchos edificios tan solo tienen un vigilante, lo que a juicio
de la organización provoca que sea difícil averiguar el seguimiento. En
relación a la previsión de revisar el peso del factor precio en la
contratación, el SLS se muestra escéptico. "Si la Comunidad de
Madrid quiere modificar los criterios de adjudicación y no priorizar el
subasteo, lo celebramos, pero desconfiamos, ya que tuvieron su oportunidad en el último concurso y no lo hicieron", aseguran.
"Esta es una de las cuestiones que venimos reivindicando desde hace tiempo; la urgencia ahora es que los trabajadores recuperen el 40% de su salario anterior y que Sinergias se niega a respetarles", añaden desde el
sindicato, que también se muestra preocupado por la "imposibilidad de
que la CAM agrupe en un macroconcurso la contratación de seguridad
privada". "Así se abre la posibilidad de prorroga para la empresa
Sinergias", apuntan.
La
reducción de los salarios de los vigilantes de golpe y porrazo es algo
habitual en el sector. La empresa que se hace con un servicio contrata a
todos los trabajadores que ya estaban realizando esa tarea y, si tiene
un convenio propio que se descuelga del colectivo,
automáticamente se lo aplica y les baja el sueldo a los empleados, que
cambian de uniforme, de material y de ingresos de la noche a la mañana.
Los sindicatos han denunciado a estas empresas, a las que califican de 'piratas', pero la reforma laboral les permite presentarse a los concursos.
Durante
los últimos meses, varias compañías de seguridad contra las que han
protestado también algunos sindicatos han sufrido el azote de los tribunales, aunque por otros motivos. Alcor, Esabe o Seguridad Integral Canaria se han vistoafectadas por procesos judiciales que ponían el foco en la propia compañía o en el proceder de sus directivos.
En
no pocas ocasiones, estas mercantiles incluso son contratadas por la
administración público, como son los casos de las mencionadas Magasegur o
Sinergias, que también presta servicio en las instalaciones del Boletín Oficial del Estado, dependientes del Ministerio de Presidencia del Gobierno de España.
Bildu tendrá que buscar un nuevo candidato
La Junta Electoral inhabilita a Otegi como candidato a lehendakari para el 25-S
Al menos 22 muertos y varios pueblos devastados por un terremoto en Italia
Las
localidades más dañadas tras el suceso han sido los municipios
italianos de Norcia, en la provincia de Perugia, y los de Amatrice y
Accumoli, en la provincia de Riet
Rajoy no será presidente el 2 de septiembre, y lo sabe
Pero pídanle cuentas a Pedro Sánchez, porque todo eso podría evitarse con un poco de sentido común y sentido de Estado
Pero tampoco le preocupa... Tal y como lo he venido contando en anteriores entradas, Mariano Rajoy sabe que la primera sesión de investidura, la que se celebrará a partir del próximo 30 de agosto, será fallida.
Es decir, no saldrá elegido presidente ni en primera ni en segunda
votación, porque bajo ninguna circunstancia el PSOE va a cambiar el
sentido de su voto del no a la abstención.
Lo que no quería Mariano Rajoy, y de ahí esa puerta que dejó abierta a no acudir a la investidura tras el encuentro con el rey Felipe VI,
era enfrentarse al debate con el apoyo de solo sus 137 escaños... Ni
siquiera la abstención de Ciudadanos le servía. Pero la cosa cambia
cuando Ciudadanos hizo un movimiento importante para facilitar la
investidura y se puso en marcha una negociación
que supondrá para Rajoy acudir al Congreso con 170 escaños de
apoyo: los 137 del PP, los 32 de Ciudadanos y el de Coalición Canaria...
Salir
'derrotado' con el apoyo de esos 170 escaños, a solo seis de la mayoría
absoluta, le permite hacerlo con la cabeza alta y poniendo toda la presión mediática y de la opinión pública sobre el PSOE y, especialmente, sobre un Pedro Sánchez
al que ya apodan como 'el Empecinado'. ¿Eso significa que no habrá
Gobierno? No necesariamente. Con ese respaldo, Rajoy se puede permitir
aguantar unas semanas, hasta después de las elecciones vascas y gallegas.
Rajoy
no saldrá elegido presidente ni en primera ni en segunda votación
porque bajo ninguna circunstancia el PSOE va a cambiar el sentido de su
voto
Es decir, que habrá una segunda sesión de investidura después del 25 de septiembre.
Si además las elecciones le han ido bien al PP, es decir, que Núñez
Feijóo siga siendo presidente con mayoría absoluta en Galicia y que el
PP vasco mejore algo sus resultado, hasta el punto de hacerse necesario
para que el PNV pueda seguir gobernando,
Rajoy verá revalidada su estrategia, y la presión sobre el PSOE será
mayor. Es más, en el PP dan por hecho que, tras la investidura fallida
de la semana que viene, las cosas empezarán a moverse en el Partido
Socialista para darle el 'finiquito' a Sánchez y articular una alternativa que acabaría por facilitar la investidura de Rajoy.
Lo
increíble de todo esto es que por una cuestión personal, el empeño de
Pedro Sánchez por hacer morder el polvo a Rajoy en aras de su propia
supervivencia política, España no tendrá Gobierno hasta el mes de
octubre, lo cual significa que habrá que prorrogar los Presupuestos para
el año que viene, y que la UE volverá a examinarnos y esta vez,
probablemente, no sea tan condescendiente y acabe multándonos por
déficit excesivo. Pero pídanle cuentas a Sánchez, porque todo eso podría
evitarse con un poco de sentido común y sentido de Estado. Algo que ya ha demostrado que no tiene.
Parece que se acaba el Verano en la playa de la Malvarrosa(Valencia)
Los independentistas no consiguen impedir que los F-18 sobrevuelen Barcelona
Las movilizaciones y mociones contra la celebración del festival aéreo de Mataró han fracasado
El
Ejército del Aire vuelve a Mataró (Barcelona) para celebrar la tercera
edición de la Fiesta del Cielo. La patrulla ASPA, un helicóptero
Servicio Aéreo de Rescate y un F-18 protagonizarán el festival este
2016. A pesar de las críticas y polémicas levantadas por la presencia de
aviones militares en Cataluña y por la gran cantidad de inversión
municipal, la Fiesta del Cielo sigue adelante con más apoyos que nunca.
Caza F-18 con la bandera de España dentro de la cabina.
Mataró acogerá el 24 y el 25 de septiembre la terceda edición de la ‘Festa al Cel’, considerado el festival aereo más importante de España.
Es el segundo año que el municipio barcelonés de Mataró organiza el
evento, consiguiendo que los asistentes visiten la ciudad y sea un
aliciente en el sector de la restauración, el comercio y el alojamiento
local.
La ‘Festa al Cel’ 2016 contará con exhibiciones de destacadas patrullas y aeronaves militares. Según confirman a El Confidencial Digital fuentes de la organización del festival, acudirán la patrulla ASPA, grupo de helicópteros de vuelo aerobático del Ejerito de Aire Español que este año sustituirá a la Patrulla Águila; un caza F-18; y un helicóptero del Servicio Aéreo de Rescate (SAR).
Esta representación de las Fuerzas Armadas es algo menor a la que hubo en 2015. Tal y como se contó en estas páginas
hace un año, el Ejército del Aire envió un Eurofighter y un f-18 -las
dos aeronaves más potentes de las Fuerzas Armadas-, Tierra mandó
un Eurocopter Tigre, que es una aeronave de ataque, y el helicóptero de
transporte de carga pesada Boeing Chinook, y por parte de la Armada
participó un Harrier de la Novena Escuadrilla.
Los organizadores
de la Fiesta del Cielo se mostraron sorprendidos por el aumento de las
aeronaves enviadas por las Fuerzas Armadas, ya que años anteriores
apenas acudieron algunos helicópteros. Y llamaba la atención porque esta
exhibición de la capacidad aérea de las Fuerzas Armadas se hiciera en
Cataluña pocos días antes de las elecciones catalanas del 27 de septiembre que los independentistas quería convertir en un plebiscito sobre la secesión de Cataluña.
El ayuntamiento reduce la ayuda económica
Este festival ha sido muy polémico y criticado desde su primera edición en Barcelona en 2014. Por una parte, algunos partidos y asociaciones criticaron el dinero público que se invertía en él; por otro, la tensión independentista hacía que la presencia de aviones militares del Ejercito del Aire en Cataluña levantara más suspicacias.
Este año grupos
políticos, asociaciones y algunos empresarios se reunieron bajo el lema:
“La Festa al Cel? No, gràcies”. Sin embargo, ECD ha podido confirmar que la organización de la Fiesta del Cielo no ha cedido a las presiones y sigue adelante con el festival.
Con
motivo de la gran cantidad de críticas recibidas en las pasadas
ediciones, el ayuntamiento de Mataró decidió tomar medidas al respecto.
El alcalde David Bote prometió rebajar la inversión pública e implicar al sector privado para repartir de esta manera el coste: este año, se reduce la aportación municipal en 30.000 euros.
Además,
los grupos politicos que están en contra de la celebración del festival
aéreo, forzaron una votación en el Ayuntamiento de Mataró. En la votación en el pleno acabó ganando el “sí” con 18 votos de CiU, PSC, PP y Ciudadanos, frente a los 10 votos negativos por parte de CUP, ERC y la marca local de Podemos.
Por si fuera poco hace alrededor de un mes se celebró una manifestación frente al ayuntamiento en la que participaron poco más de 50 personas.
Pese a todo ello, fuentes de la Fiesta del Cielo aseguran a El Confidencial Digital que estos
intentos por impedir que se lleve a cabo la tercera edición de este
festival aéreo no van a impedir que disfruten de los espectáculos
acrobáticos las 20.000 personas que asistieron el pasado año a la “Festa al Cel”.
Terceras elecciones el día de Navidad. Un constitucionalista explica una vía para evitar esa fecha
Sería necesario que el Gobierno publicara en el BOE una rectificación de la convocatoria. “Es una operación compleja”
De Vergüenza de que por la testarudez de un Sr. haga posible tener que votar el Día de Navidad a todos los españoles
Con lo facil que es obtenerse
El secretario general del PSOE es un perdedor absoluto
¿PRIMAN MAS SUS INTERESES O LA DE TODOS LOS ESPAÑOLES?
No sera que no acepta no haber llegado a Presidente y de aqui su negatividad, el pueblo español sabra hacerle pagar lo que nos esta haciendo no votandole...
ES POSIBLE QUE ESTA SEA LA RAZÓN
Cualquier ex presidente del Gobierno de España. le da derecho a cobrar un sueldo vitalicio de 60.000 euros brutos al año y a disfrutar, también de por vida, de una secretaria, un asistente y un servicio personal de seguridad .- Adolfo Suárez, Felipe González y José María Aznar,seguirán recibiendo, de por vida,unos 90.000
El triunfo de los fracasados
¿En
qué consiste ese triunfo? En hacer que su propio fracaso -el de Rajoy y
Sánchez- lo sea del conjunto del sistema institucional, de la sociedad
política, de los intereses general.
Si el fracaso “enseña al hombre algo que necesitaba aprender” según Charles Dickens, es evidente que ni Mariano Rajoy, por unas razones, ni Pedro Sánchez,
por otras, supieron extraer enseñanza alguna de sus respectivos
fracasos -de distinta envergadura- tanto el 20-D de 2015 como el 26-J
pasado. Si después de la derrota popular en el mes de diciembre -pérdida de más de 3.600.000 de votos y 63 escaños- y socialista –20 escaños menos y abandono de 1.400.000 sufragios-, Rajoy y Sánchez hubiesen renunciado a sus cargos, hoy no estaríamos en la descalabrada situación
en la que nos encontramos. No solo no lo hicieron, sino que ambos se
mostraron contumaces y reiteraron sus respectivos fracasos el 26-J.
Rajoy lo enmendó de forma tan manifiestamente insuficiente como ahora se
está comprobando y Sánchez -más terco que el político gallego, lo que
ya es mucho decir- lo ahondó perforando el suelo electoral del PSOE. Y ahí siguen los dos, buscando el triunfo al modo habitual que en la historia han utilizado los fracasados.
¿En qué consiste semejante triunfo? En algo muy sencillo y raso: en la socialización del fracaso.
O en otras palabras: en hacer que su propio fracaso lo sea del conjunto
del sistema institucional, de la sociedad política y de los intereses
generales. Mariano Rajoy estaba dispuesto a bloquear el desenvolvimiento
de los mecanismos constitucionales, amagando con no presentarse a la investidura,
de no haber sido por la acertada estrategia de Ciudadanos que rectificó
sobre la marcha sus posiciones iniciales, obligando así al presidente
en funciones a aceptar las consecuencias de su condición de candidato mandatado por el jefe del Estado. Rajoy -molesto en sus comparecencias del martes y del miércoles- no ha tenido más remedio que firmar un duro condicionado de
Ciudadanos y fijar fecha de investidura, cuando ambas decisiones las ha
dilatado, asumiéndolas por fin muy a su pesar. Su plan consistía en el
habitual: resistir, dejar pasar el tiempo y optimizar
los errores ajenos. El presidente del PP estaba dispuesto a contagiar su
fracaso (en parte lo ha hecho) al sistema y a la sociedad española.
Cuando
todos son culpables (fracasados), nadie lo es. Y ellos, Rajoy y
Sánchez, se salvan. Luego, viene la historia -inmediata y mediata- y los
pone en su lugar
El caso de Pedro Sánchez es todavía más grave que el de Rajoy porque el secretario general del PSOE es un perdedor absoluto, mientras que el presidente en funciones lo es relativo. El socialista carece de otra alternativa que no sea una negativa cerril,
irrazonada y democráticamente espuria a permitir que gobierne Rajoy.
Dice no querer elecciones y no ve posible una alternativa. Su “no es no” -secundado
por el apoyo o el silencio de los dirigentes del PSOE- se nutre de dos
suministros, sin que se sepa cuál de los dos energiza más su negativa:
el de la ojeriza a Rajoy -evidente hasta en el tono de sus palabras- o
el del cálculo para retener el liderazgo de su organización. Y solo remotamente el de las consecuencias que la abstención de once parlamentarios socialistas
en la sesión de investidura del popular tendrían sobre la situación
actual de Podemos. Se trata, en consecuencia, de otra socialización del
fracaso, de contagiar el propio a la generalidad y así -como en el caso
de Rajoy- diluirlo en una especie de fracaso colectivo
en el que se incluiría el “error” de los electores a los que se les
podría requerir una tercera rectificación de su voto nada menos que el
día de la próxima Navidad.
No es baladí en absoluto que unas terceras elecciones tendrían que celebrarse el día 25 de diciembre. Que
la repetición electoral debiera producirse en tal fecha ejecuta el
triunfo de los fracasados hasta sus últimas consecuencias: invade con la
contumacia de los políticos irreconciliables -como si el ejercicio de
sus responsabilidades respondiera a cuestiones personales- hasta la intimidad de las celebraciones colectivas con más alto contenido emotivo. De ahí que ayer, algún periódico abriera su edición equiparando la posible fecha electoral a “una amenaza” de Rajoy a Sánchez. Hasta con la simbología social se permiten jugar.
El
caso de Sánchez es más grave que el de Rajoy porque el socialista es un
perdedor absoluto, mientras que el presidente en funciones lo es
relativo
Visto lo visto, el uno y el otro -Rajoy y Sánchez- parecen dispuestos a todo esto: 1) no apearse, el primero, de su candidatura si es fallida a favor de otra personalidad del PP; 2) persistir en el no, en el caso del socialista, aunque su negativa carezca de alternativa; 3) desarbolar la reputación de la Corona como instancia arbitral y moderadora del normal funcionamiento institucional; 4) neutralizar los mecanismos constitucionales
que rigen la designación parlamentaria del presidente del Gobierno; 5)
establecer un precedente bochornoso entre las democracias occidentales
que no registrarían un caso similar al español desde 1945; y 6) ¡Volver
ambos a presentarse el 25 de diciembre!
Y todo esto hubiese sido
evitable si los fracasados no hubiesen buscado su triunfo socializando
su fracaso, al mismo modo con que se conducen los culpables, extendiendo su culpa.
Porque cuando todos son culpables (léase, fracasados), nadie lo es. Y
ellos, Rajoy y Sánchez, se salvan. Luego, viene la historia -inmediata y
mediata- y los pone en su lugar. Pero la historia, aunque siempre es
aleccionadora, también llega tarde porque el fracaso como “oportunidad
de empezar otra vez con más inteligencia” (Henry Ford) se nos ha volatilizado.
Quién quiere una máquina del tiempo -o un ministerio- para alterar la
historia cuando tiene un método mucho más útil y barato a mano: la
literatura
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El mundo de la Musica
El grupo Manantial Folk ha nacido en una de las zonas más ricas en
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se une con Castilla. Desde 1982 vienen actualizando la música popular,
desde el natural respeto a la esencia de cada canción. Con 24 trabajos
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país y el extranjero, continúan destacando entre los grupos que, en
España,, recuperan y ponen de actualidad la música tradicional.
Sus conciertos consiguen, siempre, el interés de todo tipo del
público: Niños, jóvenes y mayores participan haciendo palmas, coreando
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suelen repetir los mismos escenarios y, con frecuencia, varios años
seguidos.
En la actualidad presentan cuatro espectáculos:
“Sonidos del Tiempo” Espectáculo habitual que se renueva todos los años.
“De pícaros y místicos” Especialmente recomendado para jornadas literarias,
Premios de poesía, etc.
“La luz de la palabra” Dedicado a Santa Teresa en su V Centenario
Premios de poesía, etc.
“La luz de la palabra” Dedicado a Santa Teresa en su V Centenario
“La estrella de Gredos” Villancicos, rondas, romances y canciones de Navidad.
Nadie está exento
de que le pueda ocurrir hagamos nuestras ciudades aptas para minusválidos y
nuestros autobuses y trenes igualmente
Acceso para discapacitados en la línea ferroviaria de Orduña a Bilbao
Mi nombre es Mª Luisa Goikoetxea Diaz, tengo 55 años. En febrero de 2014 sufrí una hemorragia cerebral que me mantuvo en coma durante tres semanas. Cuando desperté me encontré ciega y con la parte derecha de mi cuerpo paralizada.
Mi vida, en un instante dio un vuelco brutal, de
tener una vida plena tanto a nivel familiar como profesional (soy médico
y mi trabajo me encantaba) a encontrarme postrada primero en una cama y
luego en una silla de ruedas de la que todavía dependo.
A partir de ahí empezó un largo peregrinar por distintos centros:
Cruces, Górliz, Aita Menni luchando por recuperar la autonomía perdida.
Después de 8 largos meses, volví a casa (Orduña) pero sigo con la rehabilitación en Bilbao. Para poder acudir, dependo
de mi marido o de mi hijo porque el tren no está adaptado para
discapacitados, lo que supone que mi marido deje de trabajar o que mi
hijo deje de estudiar.
La solución es bien sencilla, en Bilbao, me consta que ya hay una plataforma elevadora para largos recorridos, por lo que sólo haría falta poner otra en Orduña.
No puedo creer que sea la única afectada, y por ello me gustaría exigirle a RENFE, poner una de estas plataformas en Orduña, y les insto a que instalen una en cada estación de tren para que esto no vuelva a ocurrir.
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